La Comunidad de Madrid deja indefinidamente sin trabajo y salario a miles de educadoras infantiles

La decisión de la Comunidad de Madrid de suspender sus contratos con las empresas que gestionan la red pública de Educación Infantil podría afectar a 8.000 trabajadoras que enfrentan un posible ERTE. Las educadoras denuncian que la administración quiere ahorrar a costa de sus empleos.

Ayer, miércoles 11 de marzo las educadoras y educadores adscritas a las escuelas infantiles compartían la orden 824/2020 de la Comunidad de Madrid. Un documento por el que se oficializaba, por motivo del cierre de centros educativos en respuesta a la emergencia del coronavirus,  “la suspensión de la ejecución de determinados contratos administrativos de la consejería de Educación y Juventud”. Dicha suspensión incluía —junto a la gestión de comedores y el apoyo a alumnado con necesidades especiales asociadas a problemas auditivos— a los contratos para la gestión de los centros de educación infantil que pertenecen a la red pública autonómica.

El Ayuntamiento de Madrid, ante la inquietud surgida por la posibilidad de que replicase la medida de la Comunidad, ha comunicado la tarde de hoy 12 de marzo, tras la Junta de gobierno, que garantizará los derechos laborales y retributivos del personal vinculado a empresas gestoras de servicios municipales. El anuncio lo ha hecho el alcalde Jose Luis Martínez-Almeida en rueda de prensa.

“Rechazamos frontalmente una decisión que ha sido tomada sin ninguna previsión ni consenso”, comenta Isabel Galvín, portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid a El Salto, quien anuncia que su sindicato va a denunciar la orden de la Comunidad de Madrid. La medida apuntaba al menos a quince días, del 11 al 25 de marzo, “sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva”, según afirmaba el documento difundido el martes 12. Esta medida deja súbitamente sin ingresos a muchas de estas empresas cuya única entrada de dinero llega desde la administración autonómica para el funcionamiento de los centros. 

“Se trata de 8.000 trabajadoras y trabajadores que se enfrentan a un Expediente Temporal de Regulación de Empresa”, dimensiona Galvín, quien insiste en la gravedad de los efectos de la orden. “Los centros están escandalizados y no entienden por qué no pueden continuar, la Comunidad ha decidido cancelar los contratos sin ofrecer ninguna alternativa”.

La portavoz de CCOO lamenta que la Comunidad de Madrid haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía y dejar claro que la de 0 a 3 es una etapa fundamental del ciclo educativo, en lugar de discriminar a estas niñas y niñas dejándoles sin derecho a la educación, pues explica, las educadoras podrían estar teletrabajando con programaciones para seguir avanzando desde casa como ya está haciendo el profesorado del resto de las etapas educativas.

“Estamos hablando de una empresa pequeña, una cooperativa, no una multinacional, lo que recibimos de las administraciones es para los gastos del centro, principalmente salarios”, comenta una trabajadora de una empresa que ha querido mantener el anonimato. Esta cooperativa, que gestiona tres centros distribuidos entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, seguía el miércoles la actualidad con la inquietud de que el consistorio tomara las mismas medidas que la comunidad.

Aún en shock, la trabajadora de la cooperativa denuncia lo injusto de decisión: “Hubiésemos podido entender algunos ajustes de presupuesto en función de las circunstancias relacionados con los gastos que no vamos a tener, en alimentación, en suministros… pero no dejar al personal sin salario”.  

Aplicar un ERTE pone en jaque a empresas y trabajadoras: “Sería una solución en la que todas salimos perdiendo, pues las empresas tendríamos que abonar otros gastos como los seguros, y muchas trabajadoras no reúnen las condiciones para entrar en dicha medida”. Comenta la trabajadora a El Salto Madrid, que ve un agravio comparativo frente al funcionariado o a quienes trabajan en centros de gestión directa. 

Susana es una de las educadoras que ve su empleo en peligro, nos responde el miércoles 12 desde su casa. “El whataspp lleva zumbando toda la mañana, hemos hecho un grupo motor para buscar información, para ver cómo respondemos”, cuenta esta trabajadora que desde el martes no acude a su centro en Vallecas. Hasta el anuncio de esta tarde del Ayuntamiento, no sabían qué iba a pasar con los centros que dependen del consistorio, pero tenían una clara sospecha: “Quieren ahorrarse nuestros salarios, porque ese dinero ya está presupuestado”, denuncia Susana. 

Destaca además el hecho de que el personal docente del resto de ciclos educativos sigue trabajando y recibiendo su salario. “A nosotras nos han mandado a casa, como si en nuestro caso sin niñas y niños no tuviésemos trabajo. Si te das cuenta, cada vez aparecemos más en comunicados y textos como guarderías, para justificar que solo guardamos a las niños y niños. Pero nosotras también hacemos informes, programaciones, ahora me encuentras frente al ordenador trabajando”.

En un comunicado, que el grupo motor al que pertenece Susana ha difundido durante el miércoles, recuerdan que las trabajadoras cuyos puestos están bajo amenaza ganan el salario mínimo interprofesional, y que solo “reclaman el derecho a ser consideradas parte de la red educativa y tratadas como el resto de las etapas educativas puesto que la Ley Orgánica en vigor, la LOMCE estipula que la etapa 0 a 3 es la primera etapa del sistema educativo español”.

Cuenta Susana que desde el grupo han pasado el día intentando comunicarse con el Ayuntamiento sin éxito. Mientras tanto, una petición en Change.org denunciando su situación y exigiendo otro tipo de soluciones ya había recabado esta tarde cerca de 14.000 firmas.

La reacción del consistorio la tarde del 12 de marzo, parece ser fruto de la activa movilización del sector: “Esperemos que el Ayuntamiento cumpla”, comenta Susana, a la espera de ver en qué se van a concretar las declaraciones del alcalde.

COMEDORES Y PERSONAL TÉCNICO PARA NECESIDADES ESPECIALES

Desde CCOO recuerdan que la medida no afecta solo a las educadoras, sino que hace estragos en las trabajadoras del servicio de comedor y quienes asisten al alumnado con necesidades especiales. “Las empresas de comedor podrían hacer catering domiciliario, primero y de manera imprescindible para aquellas personas que tengan beca de comedor, también a las familias que lo necesiten como apoyo, y refuerzo a la conciliación”, explica Galvín. En lo relativo al personal técnico de apoyo afectado, la portavoz de FeCCOO considera discriminatorio que se deje desatendido al alumnado con necesidades especiales auditivas. 

La noche del 12 de marzo,  en el sindicato hablaban ya de 70 ERTE y muchos despidos de personas en condiciones laborales precarias. La fragmentación en las empresas que gestionan comedores implican pequeñas plantillas que trabajan pocas horas, lo que se traduce en que muchas se estén quedando en el paro. 

Galvín advierte también contra las medidas de las administraciones que compensen solo a las empresas, como pueden ser las indemnizaciones o la ayudas para aquellas que apliquen ERTEs, y llama a la necesidad de priorizar la seguridad laboral de las y los trabajadores. 
Fuente: elsaltodiario.com

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