El rectorado informa de que prorroga los presupuestos del pasado año; la universidad ingresó de la Comunidad de Madrid en 2024 menos dinero que en 2009, sin tener en cuenta siquiera la inflación
La Universidad Complutense ha informado a sus facultades y departamentos de que prorrogará el presupuesto para el año que viene y que recorta un 35% el gasto ante la falta de financiación pública, según han informado desde la vicerrectoría económica en el Consejo de Gobierno de la universidad.
El anuncio, adelantado por El País y confirmado por este diario, se produce apenas unas semanas después de que los seis rectores de las universidades públicas madrileñas exigieran a la Comunidad de Madrid un aumento en la finaciación pública que reciben, que desde 2009 está prácticamente estancada mientras el IPC ha subido un 35%. En términos reales, los campus de la región reciben hoy menos dinero que hace 15 años. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acabó cediendo a la presión de los mandatarios y subirá la partida universitaria un 4,2%. Esto son unos 47 millones de euros más, una cantidad insuficiente, a decir de los rectores, que calculan que necesitan unos 200 millones solo para seguir funcionando con normalidad.
El anuncio ha caído mal en la comunidad universitaria no solo por el fondo, también por las formas, según las fuentes consultadas. Ni los decanos ni la comisión económica tenían noticia de que se iba a realizar este recorte. “Lo han metido en el informe sin subir la documentación con el plazo preceptivo. Han proyectado un power point a toda velocidad, que no se podía leer”, han protestado algunas personas presentes en la cita.
Las universidades públicas de la región llevan años sobreviviendo a base de unos ingresos extra ganados en los tribunales a la Comunidad de Madrid. Pero esos fondos se han acabado y las transferencias nominativas que realiza el Gobierno regional –principal punto de financiación de las universidades– no dan ni para cubrir las nóminas. En el caso de la Complutense, recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por el capítulo IV; en 2024 fueron 403 millones. Quince millones menos, sin contar el aumento del coste de la vida.
En ese mismo periodo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han pasado de 17.689 millones de euros a 27.624 millones, una subida del 56%. Si el peso relativo de la universidad se hubiera mantenido constante en los presupuestos, corresponderían a las universidades públicas 1.624,36 millones de euros en 2024 en lugar de los 1.122,37 millones de euros aportados.
La falta de fondos llega cuando la universidad debe realizar un esfuerzo económico para ampliar y estabilizar plantillas, según le exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En este contexto se produjo el enfrentamiento –también– por la no adhesión inicial de la Comunidad de Madrid al programa María Goyri del Ministerio de Universidades. Según este convenio, que firmaron entre el verano y diciembre todos los Gobiernos autónomicos excepto el madrileño, el ministerio cofinanciaría la incorporación de mil profesores a las universidades públicas, pese a no tener las competencias. El Ejecutivo de Ayuso se negó, bajo el argumento de que pasado el primer contrato de estos doctores (seis años) le tocaría hacerse cargo de la totalidad del programa. Pero la presión de los rectores, que ven cómo les crecen las obligaciones pero no la financiación para asumirlas, acabó doblando la mano de Ayuso, que finalmente firmó el convenio entre reproches.
Fuente: Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es
Fuente: Somos Madrid en eldiario.es
La condena a la URJC por el despido improcedente de una docente podría afectar a “cientos” de profesores
Después de que el Juzgado de lo Social de Madrid obligara a la Universidad Rey Juan Carlos a indemnizar a una profesora visitante con 19.000 euros por calcular mal su salario, los primeros indicios apuntan a que el caso puede ir a más. La sentencia podría cambiar la retribución a otros trabajadores.
No solo uno, siento cientos de profesores podrían verse beneficiados tras la última condena en los tribunales contra la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El Juzgado de lo Social dictaminó a primeros de diciembre que la institución académica debería indemnizar con hasta 19.000 euros a una profesora que trabajó con ellos en calida de visitante desde 2017.
Según la sentencia, quedaron probadas unas diferencias salariales de nada menos que 1.120,10 euros al mes entre el salario que percibía la denunciante y el que, según las actualizaciones del convenio, tendría que haber obtenido. Pero no será la única afectada. CSIF, el principal sindicato de funcionarios y el que ha estado a cargo de la denuncia, estudia otros posibles casos de profesores visitantes que hayan estado ingresando un sueldo inferior al que les corresponde.
El fallo judicial, con fecha del 26 de noviembre, sentaría jurisprudencia para que más docentes puedan reclamar una compensación similar, estipulada en base al tiempo que lleven trabajando para la URJC. De momento no se conoce ningún otro caso oficial ni se sabe la cifra que por ahora tantea CSIF. “Volvemos a poner el foco en la abusiva contratación temporal por parte de las administraciones, en este caso, en la universidad pública”, ha celebrado el órgano sindical en un comunicado emitido este martes, casi un mes después de anunciar esta sentencia.
Denunció tras tener que irse de la URJC
La denuncia, en este caso, se presentó a raíz de que la Universidad Rey Juan Carlos tramitara la baja de la demandante “por fin del período del contrato”. Es decir, que su relación laboral acabó ahí. Fue entonces cuando la docente, a través de CSIF, decidió ir a los tribunales. “Después de suscribir un último contrato entre la universidad y la profesora desde el 12 de septiembre de 2024 hasta el 1 de septiembre de 2025, ella considera que su despido a finales de agosto fue improcedente”, señalan desde el sindicato.
Añaden, además, que esta sentencia “aduce que la contratación temporal, bajo la modalidad de profesor visitante, excedió los límites legales y no cumplió con los requisitos de la normativa, y fue utilizada para cubrir necesidades permanentes”. En total, la condena asciende a 17.438,19 euros que la URJC tendrá que pagar a la empleada, además de un interés del 10% por las demoras en su ingreso, cuando se oficializó la demanda. Así que la suma final será de unos 19.000 euros. Contra la sentencia aún cabe recurso de suplicación.
Fuente: Somos Madrid en eldiario.es
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