En el caso de Madrid, esta concentración tendrá lugar el martes 5 de mayo, a las 11.00 horas, y el punto de encuentro elegido será la emblemática Puerta del Sol
La Federación de Pensionistas de las Comisiones Obreras tiene previsto realizar una serie de movilizaciones coordinadas en distintas capitales de provincia con el firme propósito de exigir que se lleve a cabo una implantación completa y efectiva de la Ley de Dependencia. En el caso concreto de Madrid, esta concentración tendrá lugar el próximo martes 5 de mayo de 2025, a las 11.00 horas, y el punto de encuentro elegido será la emblemática Puerta del Sol.
En relación con la situación actual del sistema de Dependencia en España, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, ha señalado que este se encuentra atravesando un proceso de regresión. Dicha regresión sucede a pesar del Plan de Choque desarrollado entre los años 2021 y 2023, iniciativa que logró, en aquel periodo, recuperar la financiación de manera significativa y esencial para el sistema. Cabe destacar que, en estos momentos, el sistema de Dependencia ofrece protección a un total de 1,7 millones de personas.
Durante las dos últimas décadas, hasta en un 70% de los casos, las personas atendidas lo han sido mediante servicios profesionales que garantizan la calidad y la institucionalización del cuidado. Es importante recordar que el mencionado Plan de Choque también permitió reducir la lista de espera a prácticamente la mitad, aunque dicha lista sigue afectando negativamente a 232.000 personas solamente hasta marzo de este mismo año, lo que representa un reto considerable.
La espera media actual para acceder a los servicios de Dependencia supera los 300 días, y en algunas comunidades autónomas esta demora se extiende incluso más allá del año completo, evidenciando un problema persistente y grave que afecta a cientos de miles de personas que esperan por una atención adecuada.
Entre los aspectos más preocupantes y críticos del sistema figuran, indiscutiblemente, las listas de espera. Aunque se ha logrado reducir el número total de personas en dichas listas, no se ha producido una mejora paralela en cuanto a los tiempos de gestión, que siguen siendo excesivamente prolongados. La Ley establece, de manera clara y precisa, un objetivo máximo de espera de 180 días, pero la realidad es muy distinta. Actualmente, la media de tiempo de espera en España está situada en unos alarmantes 329 días, lo que equivale a casi once meses. A esto se suman territorios concretos que presentan cifras todavía más elevadas, como Murcia, con una media de 553 días, y Andalucía, con 464 días. Este escenario refleja claramente que no se han producido avances significativos en la reducción de estos plazos en los últimos años, subrayó Bravo en su intervención, mostrando una situación preocupante y estancada.
Otro elemento de preocupación es la apuesta por reducir las listas de espera mediante un aumento en la concesión de prestaciones consideradas “más baratas”, especialmente aquellas destinadas al cuidado familiar y las prestaciones económicas vinculadas a un servicio, situación que conlleva retos y riesgos adicionales.
En este contexto, Carlos Bravo recordó que aunque las listas de espera han experimentado una reducción notoria, esto ha ocurrido fundamentalmente gracias a un crecimiento en las prestaciones económicas que permiten a los familiares cuidar a las personas dependientes, lo que supone un descenso en la utilización de servicios profesionales más costosos. Esto se traduce en que, actualmente, de las 1.694.000 personas protegidas bajo el sistema, aproximadamente 751.753 reciben una prestación económica destinada a cuidados familiares, lo que representa cerca del 50% del total. Esta tendencia mantiene y perpetúa, además, el rol tradicional de las mujeres como cuidadoras dentro del entorno familiar, reforzando la desigualdad en las responsabilidades del cuidado.
Por otra parte, en el ámbito de las prestaciones económicas vinculadas a un servicio (PEVS), se genera un problema de doble copago. Esto ocurre porque, aunque la persona beneficiaria recibe una prestación económica por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), las familias deben asumir con sus propios recursos la diferencia entre la cuantía de dicha prestación y el coste total del servicio privado que se ven obligadas a contratar para cubrir las necesidades de sus familiares dependientes. Este mecanismo conlleva un riesgo evidente de exclusión social, especialmente para aquellas familias con ingresos medios y bajos, quienes pueden verse incapaces de afrontar el coste total del servicio ni siquiera con el apoyo económico público parcial.
Finalmente, Carlos Bravo destacó que existe un problema muy serio relacionado con la falta absoluta de transparencia en lo que respecta a la financiación que reciben las comunidades autónomas en concepto de copago por parte de las personas beneficiarias. Mientras que la estadística oficial ofrece datos actualizados mensualmente sobre las transferencias que realiza el Estado central a las CCAA, estas administraciones se limitan a publicar únicamente un certificado anual de gasto. Sin embargo, dicho certificado no especifica ni desglosa qué proporción del gasto corre a cargo de la administración autonómica y qué parte corresponde a las personas beneficiarias mediante el copago.
Se sabe que el Estado central, desde 2021, ha transferido a las comunidades autónomas más de 8.000 millones de euros adicionales en comparación con la financiación del año 2020, cumpliendo así con los compromisos establecidos en el Plan de Choque. Este incremento ha hecho que la financiación estatal haya pasado de cubrir un 15 % del gasto del SAAD a un 26% en 2024. No obstante, no existe información clara ni desglosada sobre cuánto del gasto certificado por las comunidades autónomas en 2024, que asciende a 12.901 millones de euros, ha sido asumido por las personas beneficiarias mediante copagos.
Esta opacidad informativa se debe exclusivamente a la decisión de las comunidades autónomas de no hacer públicos estos datos, lo que dificulta la evaluación y transparencia en el sistema. Para Carlos Bravo, la transparencia en la información debe ser un principio fundamental en cualquier ámbito de protección social pública y, por ende, una exigencia irrenunciable.
En cuanto a las movilizaciones convocadas por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda, secretario general de dicha organización, explicó que estas comenzaron el pasado 29 de abril con una protesta celebrada en Sevilla. Asimismo, indicó que las acciones seguirán desarrollándose a partir del 5 de mayo en distintas capitales de provincia a lo largo del país, salvo en Euskadi y Castilla-La Mancha, donde no está previsto que se realicen dichas movilizaciones.
Sepúlveda manifestó su preocupación porque las familias se vean obligadas a realizar aportaciones económicas extraordinarias para poder garantizar el cuidado y la atención de sus familiares dependientes. Señaló la gravedad de que esta situación conduzca a que un sector importante de la población, especialmente quienes cuentan con bajos y medios ingresos, no pueda hacer frente a las exigencias económicas que impone la dependencia.
Además, recalcó que es inadmisible que las personas dependientes deban ser atendidas, en gran medida, por familiares que también son personas mayores, lo que implica un doble sacrificio y una carga desproporcionada.
Por ello, pedía un aumento notable, considerable y urgente en la aportación que realiza el Estado para la financiación de la dependencia. En su comparación con países de nuestro entorno europeo, resaltó que en esos lugares la inversión estatal para este sector se triplica ampliamente respecto a lo que España destina actualmente.
Sepúlveda también advirtió que, si no se incrementan los recursos económicos y humanos, la lista de espera no solo no disminuirá, sino que probablemente continuará creciendo o, en el mejor de los escenarios, se mantendrá estancada en los registros actuales. Por esta razón, exigió la reversión de los recortes sufridos en los servicios públicos.
Para comprender mejor la situación, a continuación se presentan datos concretos sobre la dependencia en España:
Listas de espera:
– Persisten un total de 232.000 personas en lista de espera a nivel nacional, aún sin recibir atención.
– Las comunidades autónomas de Catalunya y Andalucía concentran el mayor número de personas pendientes de atención, con 81.371 y 36.805 personas respectivamente.
Tiempos de gestión:
– La espera media para recibir una prestación actualmente es de 329 días, una cifra que equivale a casi once meses, lo cual se encuentra muy alejado del máximo de 180 días que establece la Ley.
– En algunos casos extremos, las comunidades de Murcia y Andalucía presentan tiempos de espera aún más elevados, con 553 y 464 días respectivamente.
– En el último año, el tiempo medio de gestión apenas mejoró en nueve días, reflejando un avance insuficiente y preocupante.
Copago y falta de transparencia:
– Se observa una total y significativa falta de transparencia, ya que las comunidades autónomas se niegan a publicar datos concretos sobre la cantidad de dinero que realmente aportan los usuarios por los servicios que reciben.
– Se estima que el copago puede suponer entre el 30% y el 38% del coste total en determinados servicios, lo que representa una carga económica elevada y difícil de asumir para muchas familias.
– El problema del doble copago vinculado a las prestaciones económicas vinculadas a un servicio ocasiona exclusión social, especialmente para las familias con rentas medias y bajas, pues éstas no pueden sufragar la diferencia entre la ayuda pública recibida y el coste real del servicio privado que necesitan contratar.
Cuidados familiares (PECF):
– La prestación económica de cuidado familiar ya protege al 44,36% del total de prestaciones otorgadas en el sistema, representando una parte muy significativa.
– El 72% de estas cuidadoras que reciben la prestación son mujeres, reafirmando y perpetuando de manera evidente los roles de género tradicionales en el cuidado.
– Además, el 7,5% de los cuidadores familiares tiene más de 80 años, lo que indica que también personas de edad avanzada asumen responsabilidades importantes en el cuidado de sus familiares.
Fuente: nuevatribuna.es
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