El dictamen final señala que la gestión de Ayuso supuso una vulneración del derecho a la vida: “No fueron decisiones improvisadas, sino perfectamente conscientes”. Afirma que hubo “una denegación del deber de socorro, que es un delito tipificado en el Código Penal español”
No, no se hubieran muerto igual, como trató de defenderse Isabel Díaz Ayuso. El informe final de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid no deja lugar a dudas sobre la gestión del Gobierno de Ayuso entre marzo y abril de 2020: “La muerte de miles de personas en las residencias de Madrid podría haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”.
Las conclusiones de esta comisión, constituida el 13 de abril de 2023 a petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19 en las residencias madrileñas –agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid– se han presentado este viernes, 15 de marzo de 2024, cuatro años después.
La mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid duplicó la de otras comunidades
La investigación realizada por la comisión, que preside el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se ha basado en fuentes como la información oficial del Gobierno autonómico; informes de organizaciones civiles e institucionales; artículos académicos; declaraciones de familiares, supervivientes, trabajadores, trabajadoras y testigos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid; declaraciones judiciales de Carlos Mur (responsable de coordinación sanitaria de la comunidad), e información obtenida por los abogados José Luis González del Moral y Carlos Vila, quienes explicaron la situación jurídica a partir de 400 querellas.
Entre marzo y abril de 2020, señala el informe, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Del total, 5.795 tenían COVID-19 confirmado o con sintomatología compatible. Para las restantes 3.675 defunciones no se hace referencia al virus.
La mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid duplicó la media de otras comunidades autónomas. De hecho, fue la región europea que tuvo un mayor exceso de mortalidad en 2020, en relación con el periodo 2016-2019. Si la mortalidad hubiera sido similar a la media, el número de fallecidos se habría situado en 2.529.
Y una cifra más: “La cifra de fallecidos en residencias se multiplicó por seis en comparación con el mismo periodo de años anteriores, mientras que en los hospitales se multiplicó solo por dos”.
Las decisiones políticas contribuyeron a la muerte de miles de personas
En las residencias de esta comunidad, asevera el informe, “murieron miles de personas, cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada. Esa falta de prevención y de atención fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles”.
Las personas que tenían su casa –su vivienda, su morada– en los centros residenciales “vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad”, concluye el documento.
Un hospital para enfermos leves, mientras se abandonaba a los residentes
Señalan en el informe que, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso comenzó a restringir las derivaciones de pacientes de las residencias a los hospitales, “la Comunidad de Madrid no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria), tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Pero el Ejecutivo autonómico tomó “la decisión de construir un hospital para enfermos leves y abandonar la protección de la salud de quienes vivían en residencias. Con el personal sanitario que se envió a IFEMA, detallan, “se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias”, afirman.
A este centro solamente se trasladaron 23 pacientes leves desde residencias, y, en el periodo de funcionamiento de IFEMA, “fallecieron 5.000 personas en residencias sin recibir atención médica”.
Esta decisión, espetan, “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal. La denegación del deber de socorro que se deduce de este comportamiento es un delito tipificado en el Código Penal español”.
Y hacen hincapié en que “el hecho determinante de la no derivación al hospital era encontrarse viviendo en una residencia y no disponer de un seguro privado. Si disponía de él, “podía ir directamente desde la residencia a un hospital privado”.
Cuidados paliativos
Además, continúa el informe sobre la gestión de las residencias del Gobierno de Ayuso, “la falta de medios apropiados condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se implementaron, o no se hicieron correctamente: no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido”.
No son, enfatizan, “decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo, a pesar de la elevada mortalidad en las residencias de ancianos que las acompañaba. Decidir tratamientos como los aplicados en función de agrupamientos comporta una transgresión clínica grave, pues la regla es que únicamente deben indicarse en función de decisiones individualizadas”.
Fuente: Óscar F. Civieta en lamarea.com
Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Las muertes en las residencias de Madrid duplicaron las de otras comunidades
El Comité Ciudadano por la Verdad, compuesto por expertos y expertas que han investigado durante diez meses, señala que las muertes en estas residencias se podrían haber evitado con otro tipo de decisiones políticas, tomadas por el gobierno de Ayuso
“A mi padre le condenaron a morir. Sin saber si era positivo de covid, el día 2 de abril le empezaron a dar paliativos. Falleció en la residencia el día 6 sin ser derivado a un hospital”, expresa Mercedes Huertas. Durante los meses más duros del covid en las residencias de mayores de Madrid fallecieron 9.468 ancianos y ancianas, el 21,5% de los que ocupaban plazas. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El padre de Mercedes, que pereció en la residencia Alfonso Suárez, es uno de los casos de mayores que murieron sin ser derivados.
Algunos de estos se han analizado en la Comisión Ciudadana por la Verdad, creada para impulsar la verdad, la justicia y la reparación de residentes y familiares. Esta Comisión ha presentado hoy, viernes 15 de marzo, sus conclusiones. Tras diez meses de estudio y más de 25 testimonios, ha concluido que las muertes en las residencias, el doble que en otras comunidades autónomas, se podrían haber evitado con otro tipo de decisiones políticas.
“Yo he sido fiscal y me duele lo que ha pasado. En algunos casos ni siquiera asistía el ministerio fiscal a las declaraciones”, dice el exfiscal Martín Pallín
El exfiscal José Antonio Martín Pallín, integrante de esta comisión, ha insistido en que con estos resultados se puede hacer presión para que actúen las instituciones del Estado, mientras las más de 300 querellas interpuestas por los familiares se han ido archivando en su mayoría. “Yo he sido fiscal y me duele lo que ha pasado”, ha declarado Martín Pallín. “En algunos casos ni siquiera asistía el ministerio fiscal a las declaraciones”, se ha lamentado en una postura que considera cuando menos “conformista”. “Nuestra intención es enviarlo a todas las instituciones del Estado”, ha añadido, quien ha señalado un comportamiento anómalo de las instituciones. “La vía penal debía encabezarla el ministerio fiscal, el tenía que haber sido quien hubiera tomado la iniciativa”, ha asegurado.
Exclusión sanitaria
La Consejería de Sanidad emitió cuatro protocolos: el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Estos impedían el traslado de pacientes, que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, donde fueron atendidas 3.811 personas y solo 23 residentes de las residencias, a los hoteles medicalizados o a los hospitales privados, salvo que la persona tuviese seguro privado.
“Se podrían haber tomado otras decisiones como se hizo en otras comunidades. De 120 derivaciones diarias se cayó a una media de 65 derivaciones. La derivación esperable habría sido de 200”, asegura Fernando Lamata
“Se tomaron una serie de decisiones planificadas y mantenidas en el tiempo. Estas decisiones ignoraban las buenas prácticas profesionales tanto de salud pública como de medicina. También ignoraban la evidencia científica que se acumulaba. No se hizo lo que se tenía que hacer”, ha declarado la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui. “Se podrían haber tomado otras decisiones como se hizo en otras comunidades. De 120 derivaciones diarias se cayó a una media de 65 derivaciones. Se decide cerrar esa derivación y se pone como puerta de entrada el geriatra de los hospitales. La derivación esperable habría sido de 200”, ha explicado el médico Fernando Lamata quien ha precisado que estas decisiones han supuesto muertes. Los recursos estaban pero se derivaron para tratar a pacientes benignos que estaban en IFEMA donde se abrieron 1.300 camas, ha valorado Lamata. El porcentaje de supervivencia dentro de los hospitales fue del 65%, aplicado a las residencias se hubieran salvado 4.000 personas, “no hubiera dado lo mismo”, ha expresado.
Conclusiones del informe
El informe concluye que en Madrid hubo una situación excepcional en cuanto a la mortalidad. Además, hubo decisiones organizativas y de coordinación que no fueron acertadas. Sumado a esto hubo un fallo en la información que se dio a familiares, residentes y trabajadoras. “En muchas residencias se decía a las auxiliares que no se pusieran las mascarillas para no alarmar a los residentes”, han ejemplificado desde la comisión.
A todo ello se añade que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó que se medicalizaran las residencias, estas no se medicalizaron, lo que implicó que unas personas que estaban encerradas allí fueran discriminadas del derecho fundamental al acceso a la salud, concluye la Comisión. Además, y según este informe, la no medicalización unida a la no derivación ha dado lugar a la vulneración del derecho a la protección a la salud. “No es lo mismo morir solo en una cama sin mórfidos que morir en un hospital con cuidados paliativos y con personal a tu lado”, ha señalado el doctor Flores. De otro lado, no se usaron los hospitales privados, al menos 1.000 camas estuvieron siempre libres como declaró el jefe de la patronal. Finalmente, inciden en que se ha faltado el derecho a la verdad, no se puede poner en las espaldas de los familiares la búsqueda de pruebas, debería ser el ministerio fiscal el que actúe.
“Se citó a los 25 geriatras de enlace con los hospitales, que no quisieron venir. Mi conclusión es que tenían miedo a alguna represalia por no haber actuado estrictamente con arreglo al protocolo”, ha añadido Martín Pallín
Testimonios
Con respecto a los testimonios analizados, la comisión ha destacado lo recogido, pero también lo que no se pudo recoger. “Se citó a los 25 geriatras de enlace con los hospitales, que no quisieron venir. Mi conclusión es que tenían miedo a alguna represalia por no haber actuado estrictamente con arreglo a las normas del protocolo”, ha añadido Martín Pallín.
“Cuando se le preguntó a una de las empleadas de las residencias dijo: ”Estas personas se murieron de una forma horrible, ahogadas, asfixiadas, deshidratas, por falta de atención médica”, ha expresado la escritora Anna Freixas, para ejemplificar la frase que más le impactó durante la escucha de los testimonios.
“Me devolvieron las cosas de mi padre en cajas y había cosas que no era suyas. No me devolvieron ni sus alianzas”, Mari Paz Villanueva, familiar de residente
También ponen como ejemplo las declaraciones de Miriam Alía, de Médicos Sin Fronteras, quien aseguró que “es la primera vez que veo un triaje que se basa en la dependencia, el criterio de exclusión desplazó a la vulnerabilidad”. También destacan las palabras de Mari Paz Villanueva, familiar de uno de los residentes. “Me devolvieron las cosas de mi padre en cajas y había cosas que no era suyas. No me devolvieron ni sus alianzas”, relató.
Creación de una comisión
Mientras en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sufrió un cierre forzado debido al adelanto electoral y el gobierno del PP se ha opuesto a su reapertura una y otra vez, en los juzgados las 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro se van archivando en su mayoría. Un centenar siguen vivas o bien en juzgados de instrucción o bien en la Audiencia Provincial. 65 se encuentran ya ante el Constitucional.
Con el objetivo de que se impulse la vía judicial, la asociación Marea de Residencias y la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, decidió crear esta comisión de la verdad, formada por expertos y expertas como José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, que lo preside; hasta la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui Pastor; el médico experto en Gestión y Administración Sanitaria con experiencia en la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata Cotanda; la escritora experta en edadismo y feminismo Anna Freixas Farré; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional, Fernando Flores Giménez; la socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra y el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso.
Su trabajo comenzaba el pasado 15 de septiembre y estuvieron hasta el 16 recogiendo testimonios en vivo de familiares, trabajadoras o responsables políticos de aquel momento como el ex consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero o el ex alcalde de Leganés, Santiago Llorente.
Mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido a los tribunales para que las actas policiales recogidas en las residencias durante los días más duros de la pandemia no salgan a la luz, siguiendo el mandato del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la Cadena Ser hacía públicos estos documentos el pasado 12 de febrero.
Se trata de más de 200 actas en las que se recoge el caos en la gestión del covid, con cadáveres que se iban acumulando en su interior y la utilización de los llamados “protocolos de la vergüenza”, documentos redactados por el gobierno de Ayuso, que indicaban la no derivación a hospitales de personas enfermas en función de sus capacidades físicas o cognitivas.
Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
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