La presidenta de la asociación, Marian Díaz, ha criticado la falta de medidas contundentes para proteger a los consumidores
La presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz, ha comparecido este viernes 24 de mayo ante la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid para analizar las políticas en materia de consumo de la Comunidad, a petición del grupo parlamentario del PSOE de Madrid.
En su intervención, Díaz ha criticado la falta de medidas contundentes para proteger a los consumidores, velar por sus derechos y fomentar su participación.
Así, la presidenta de la asociación ha señalado la falta de apoyo al movimiento organizado de consumidores, al no existir hasta la fecha ninguna línea de fomento o ayudas a su impulso. Es más, la única herramienta de participación existen, el Consejo de Consumo, ni siquiera tiene una utilidad real: apenas se convocan reuniones del pleno en el organismo —cuatro en los últimos cinco años— y las diferentes comisiones, aunque creadas, no están teniendo apenas actividad.
Transparencia en las inspecciones
Díaz también ha señalado la necesidad de dar mayor apoyo a la actividad inspectora que realiza la Comunidad, ya que actualmente cuenta con tan sólo cinco inspectores, siete menos que en 2021.
Por otro lado, se desconocen los criterios que se siguen a la hora de programar unas campañas de inspecciones u otras, además de no dar publicidad a sus resultados, no tener en cuenta las propuestas de las organizaciones de consumidores ni usar como criterio el volumen de reclamaciones o denuncias presentadas.
Si bien es cierto que se ha dado un paso publicando los sectores sancionados, la presidenta de FACUA Madrid ha señalado que resulta insuficiente, al no trascender los listados detallados de dichas campañas y no poder acceder a una lista de las empresas o entidades sancionadas como consecuencia de irregularidades.
Retrasos en tramitaciones
El retraso en la tramitación de las reclamaciones de los usuarios es otro de los puntos objeto de crítica por parte de la asociación. Las Direcciones Generales de Comercio y Consumo y de Transición energética -que reciben el grueso de las reclamaciones no resueltas por las empresas- acumulan plazos de resolución de entre seis meses y un año.
Además, se tiende al archivo de las actuaciones, evitando, de forma general, la apertura de expedientes sancionadores, mientras que muchas de las denuncias que se presentan se tramitan como reclamaciones y si no se consigue la mediación con la empresa, se archivan.
Por otro lado, hay una opacidad total sobre los expedientes sancionadores que sí llegan a incoarse, de forma que no se hacen públicas las decisiones adoptadas por la Administración ni las posibles sanciones impuestas a las empresas que vulneran los derechos de los consumidores.
Esto deviene en que las sanciones no cumplen con su función disuasoria y de prevención de nuevos fraudes. La transparencia en su imposición resulta fundamental para que los consumidores puedan adoptar sus decisiones de contratación con toda la información disponible.
Y todo ello pese a que la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid habilita para que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez sean firmes, en el Boletín Oficial.
Mediación y arbitraje
Por último, Díaz ha incidido en la precariedad en la que se encuentran los sistemas alternativos de resolución de litigios —la mediación y el arbitraje— al no destinarles igualmente recursos materiales y humanos suficiente para que puedan cumplir con su labor de dar solución a los problemas de los consumidores.
El sistema arbitral de consumo se encuentra con un retraso de entre seis meses y un año para la celebración de las vistas, habida cuenta de que sólo constan nueve funcionarios para toda la Comunidad. Tampoco consta que se hayan hecho campañas informativas para fomentar a las grandes empresas que se adhieran a este sistema, ni para dar a conocer a los usuarios la herramienta del arbitraje.
La falta de oficinas municipales de información a los consumidores (Omics) ha sido otro de los puntos puestos en evidencia por la presidenta de FACUA Madrid. Actualmente, 179 municipios de la Comunidad no cuentan con estos servicios, frente a sólo 96 que sí.
Fuente: facua.org
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