Una campaña vecinal exige que estas viviendas que, “en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, se incorporen a Casa 47
Los grandes fondos de inversión internacionales llegaron a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y adquirieron grandes paquetes de viviendas, muchas de ellas financiadas en parte por fondos públicos, que pusieron en alquiler. Finalizado el ciclo de inversión y con una nueva crisis residencial en auge, los conocidos como ‘fondos buitre’ como Blackstone y Nestar preparan la salida de miles de esas casas. Un grupo de inquilinas ha puesto en marcha junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid una campaña para que la nueva empresa pública Casa 47 adquiera estos inmuebles y los incorpore al parque público.
Las vecinas de Madrid que han iniciado la campaña, ‘Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre’ son inquilinas de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella transfirió en 2013 un paquete de 1860 pisos protegidos por 128,5 millones, unos 68.000 euros por unidad.
“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, denuncian desde el Sindicato, que señala que “tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, denuncian.
Desde el Sindicato de Inquilinas cuantifican en 17.000 las viviendas de las que estos fondos quieren desprenderse. Solo Nestar, antes Lazora, manejaba una cartera de más de 9.000 viviendas, por un precio de unos 1.800 millones.
La campaña, anunciada este martes, reclama al Gobierno “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47”, la nueva empresa estatal sobre la que el Ejecutivo quiere armar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar. “La experiencia reciente demuestra que sí se puede: 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas en Catalunya”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres”.
Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a principios de diciembre, durante la presentación de la empresa pública, la creación de un fondo de 100 millones de euros para la compra directa de viviendas, que pasarán a la bolsa pública de alquileres asequibles de Casa 47.
Fuente: David Noriega en eldiario.es
Fuente: diariosocialista.net
Madrid supera los 75.000 propietarios que acaparan tres o más viviendas en plena crisis de acceso
Los datos catastrales revelan una concentración extrema: 517 titulares acumulan más de 50 viviendas cada uno, mientras las instituciones no ponen freno al negocio de la vivienda
La Comunidad de Madrid ha superado la barrera de los 75.000 propietarios que acaparan al menos tres viviendas, y 517 titulares con más de 50 inmuebles cada uno, según una base de datos del catastro elaborada para el diario El País. Esta concentración extrema de la propiedad, que incluye a más de 10.000 personas o entidades con diez o más viviendas en su poder, se produce en un contexto de precios del alquiler y la compra disparados, que afecta especialmente a jóvenes y familias de clase obrera. La región, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza abiertamente aplicar topes al alquiler, lidera la estadística: la capital tiene 162 titulares con más de 50 viviendas, seguida por municipios como Alcobendas (18), Parla (15), Getafe (13) y Las Rozas (12).
El fenómeno de la concentración no se frena; al contrario, se encuentra en plena expansión. El conjunto de titulares de entre tres y más de 50 viviendas creció en más de 2.700 entre 2024 y 2026. Esto agudiza las desigualdades de clase: actualmente se calcula que un rentista tiene, me media, un 82% más de renta que su inquilino. Un portavoz del Sindicato de Inquilinas declaró ante El País que esto no es un simple problema “los grandes fondos”, sino también de una ingente masa de miles de medianos inversores que acumulan viviendas como activos financieros. Esta lógica, señala el Sindicato de Inquilinas, convierte el alquiler en un mero negocio, lo que se traduce en menor margen de negociación para los inquilinos, más subidas de precios, más rotación forzada y una mayor inseguridad residencial para la población trabajadora.
Frente a esta crítica, pequeños y medianos rentistas defienden su posición. Eduardo Monet, consultor con nueve pisos, afirmó al medio que “no se reconoce” en la imagen del gran tenedor especulativo, argumentando que prioriza “alquileres estables”. Ana Pavón Ares, portavoz de MAD VUT, un grupo de pequeños propietarios, declara que “luchan para que la legislación europea tenga en cuenta su figura”. Lola Martín, propietaria y administradora, explica que “evita contratos largos por miedo a la legislación y a la inseguridad jurídica”, optando por alquileres temporales.
Alta concentración, beneficios récord
Pese a la reducción marginal de los titulares con más de 50 viviendas (de 387 a 375), expertos atribuyen esto al cambio a cálculos de rentabilidad entre la aristocracia propietaria, no a una mejora generalizada en el acceso. Miguel Ángel Gómez, gerente de GH Casas, explicó al citado medio que “muchos grandes tenedores han frenado nuevas inversiones porque el rendimiento ya no compensa las limitaciones regulatorias y la inseguridad jurídica percibida”. Sin embargo, esta narrativa de los grandes tenedores no se corresponde con los datos más recientes: las ganancias del sector inmobiliario se encuentran en récords históricos, con márgenes disparados de hasta el 32,7%.
Los políticos profesionales protegen a los pequeños y medianos rentistas
Además, tampoco se puede afirmar que la clase política no blinde los intereses de los sectores intermedios del rentismo. No solo les asegura rebajas del 100% del IRFP, sino que también destina partidas millonarias a subvenciones a rentistas que afrontan impagos y les garantiza el derecho a expulsar incluso a los inquilinos más empobrecidos. Los nuevos ajustes del Gobierno español en el “escudo social” van en esa dirección: pretenden eximir de las reducidas medidas “antidesahucios” a los propietarios de una o dos viviendas, abriendo la puerta legal a desahucios sin alternativa a inquilinos vulnerables.
Fuente: diariosocialista.net
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