El comportamiento del PP durante la última sesión plenaria del Senado en este mes de julio es paradigmático acerca de la estrategia del partido de Feijóo.
Sus decisiones de voto en cada uno de los proyectos de ley tramitados han estado más guiadas por el propósito del sabotaje que por la atención a las necesidades de la ciudadanía española.
El PP ha decidido retrasar la entrada en vigor de leyes de aplicación urgente con la sola intención de dañar al Gobierno. Y con el mismo fin, de la mano de partidos independentistas además, ha rectificado en el último momento su voto para aprobar enmiendas contrarias al interés general.
Con el voto del senador Feijóo se ha retrasado irresponsablemente la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. Contra toda lógica parlamentaria, y contra el mismísimo sentido común, el grupo popular se ha negado a considerar mera corrección técnica el cambio de una “a” por una “o” en una frase del preámbulo de la ley.
El resto de la Ley Orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual fue aprobado en el pleno del Senado por 151 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones. Pero la actitud del grupo popular ha impedido que la ley se publique ya en el BOE, y tenga que esperar a la celebración de un nuevo pleno en el Congreso de los Diputados.
¿La consecuencia? Las mujeres estarán menos protegidas ante agresiones sexuales durante las próximas semanas de veraneo y fiestas estivales.
Con el voto del senador Feijóo se han aprobado también cuatro enmiendas a la Ley Concursal, que impiden asimismo la entrada en vigor inmediata de esta importantísima regulación.
Se trata de cuatro enmiendas propuestas por el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya. Se trata de cuatro enmiendas que el PP no apoyó previamente en el Congreso y que no apoyó en la comisión de Justicia del Senado celebrada tan solo siete días antes. Pero se trata de cuatro enmiendas que el PP decidió apoyar en el pleno del Senado en el último momento.
El PP sabía por qué no las apoyaba en el Congreso y en la comisión previa del Senado. Son enmiendas que generan graves problemas en los procedimientos concursales que afectan a las empresas con dificultades económicas.
La primera introduce en un artículo la figura del mediador concursal, sin equivalencia en el resto de la ley. La segunda perjudica gravemente a los ingresos públicos en algunas ejecuciones. La tercera suprime la regulación transitoria prevista para concursos de microempresas. La cuarta afecta al pago a los expertos contratados…
El PP sabía, además, que la moratoria para concursos en las empresas españolas finalizó el pasado día 30 de junio y que, por tanto, hay en estos momentos miles de pequeños y medianos empresarios en España innecesariamente inquietos por la incertidumbre y la inseguridad jurídica que provoca una tramitación legal inconclusa.
Pero les ha dado lo mismo. Se han aliado con Puigdemont para fastidiar al Gobierno, aunque con ello se llevaran por delante a cientos de empresas y de empleos. Ahora tendremos que intentar corregir el desaguisado en el Congreso.
Otra más. Con el voto del senador Feijóo se ha impedido que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación entrara enseguida en vigor. La ley es tan indiscutible que el propio PP se ha visto obligado a votar a favor de su globalidad, que ha salido adelante por 236 votos positivos, solo dos negativos, y 16 abstenciones.
Eso sí, nuevamente el PP se ha aliado con los independentistas catalanes de Puigdemont y Junqueras para infligir daño al Gobierno de España, en esta ocasión sobre las espaldas de los investigadores.
PP e independentistas unieron sus votos para apoyar una enmienda que impide aplicar las ventajas de la reforma laboral a los investigadores de nuestro país. En consecuencia, muchos de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en tareas de ciencia, de investigación, de innovación y de avance tecnológico seguirán padeciendo contratos laborales de carácter temporal y precario.
Una de las líneas más recurrentes en el discurso de la derecha española, también de Feijóo, consiste precisamente en denunciar los acuerdos del Gobierno progresista con “los enemigos de España”, según ellos. No obstante, para procurar daño a ese Gobierno, Feijóo y los suyos no han dudado en unir fuerzas con aquellos supuestos enemigos de la patria.
Lo intentaremos corregir también en el Congreso.
Los grupos parlamentarios de la oposición no tienen solo el derecho, sino también la responsabilidad y el deber de plantear sus alternativas y defender sus enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno.
A lo que no tienen derecho es a sabotear el interés general de los españoles para dar satisfacción a sus ansias de hacer daño al Gobierno y conquistar el poder.
Fuente: Rafael Simancas en nuevatribuna.es
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