El manejo de la sanidad pública en España: una continua vulneración de nuestros derechos

Enfermar hoy en día da cada vez más miedo. Especialmente si vives en aquellas comunidades en las que los recortes han hecho del sistema sanitario un esperpento de lo que fue en su día

Al contrario de lo que podríamos pensar, enfermar hoy en día da cada vez más miedo. Especialmente si vives en aquellas comunidades en las que los recortes han hecho del sistema sanitario un esperpento de lo que fue en su día. Mientras, la defensa a ultranza de todos los partidos de la sanidad pública se da en el hemiciclo sin ningún rubor cuando en los despachos el PP ha pasado años acordando recortes y desvíos para favorecer a la sanidad privada.

Vivir en Madrid o Andalucía ya es otra historia. Los médicos de familia se manifestaban hace dos días en la puerta del sol reivindicando unas condiciones laborales dignas por parte de quien en su día les llamó héroes y heroínas. La carga asistencial con la que lidian es cada vez mayor y acaba repercutiendo, como es evidente, en el servicio prestado a la ciudadanía. Una atención que debe reducirse a los tres minutos y donde las agendas de los médicos del centro de salud están especialmente saturadas. Todo ello sin tener en cuenta el tiempo que muchos pacientes han de esperar para poder recibir atención y que en numerosas ocasiones llegan a los diez días. Todo esto saliendo de una pandemia que ha dejado miles de muertos y que discursivamente trató de situar a la vocación en el motivo principal por lo que médicos y doctores debían trabajar durante la emergencia sanitaria que el mundo atravesaba por la COVID-19.

Andalucía tampoco está mucho mejor que la capital y el común denominador que encontramos en el deterioro del servicio es un gobierno del PP que lleva de la mano a la ultraderecha para su lucha contra la sanidad pública en beneficio de la privada y de los intereses de quienes sacan rédito económico haciendo de un derecho básico como lo es una atención pública de calidad un bien de mercado. Los sanitarios andaluces denunciaban hace unos días que el presupuesto de la junta andaluza aumentaba en un 43% para externalizar la sanidad pública hacia la privada, tal y como publicaba CCOO en un informe que ha hecho público hace tan sólo unos días. Además, conocíamos que también se recortaba el complemento salarial por rendimiento al personal sanitario. Asimismo, este informe publica que el Servicio Andaluz de Salud aumenta en un año su inversión en la sanidad privada en casi doscientos millones de euros y estudia cómo la externalización de los servicios prestados se extiende también al sector privado y que pretende vender la reducción de la espera como una victoria cuando el desembolso es mucho mayor que si se realizase en toda una estructura pública.

De igual forma, en la comunidad andaluza tampoco tienen mejores condiciones laborales y las renovaciones de los sanitarios después de haber sido clave en el apoyo durante la pandemia no se darán a pesar de haber sido un elemento clave para la recuperación de la crisis de la COVID-19. Son 8.000 profesionales los que han dejado de trabajar a partir del pasado uno de noviembre y ven su futuro laboral ligado, cada vez más, a una marcha hacia otra comunidad que ofrezca mejores condiciones laborales para una vida digna.

El fin de los fondos COVID deja más de 20.000 despidos en España en una sanidad ya deteriorada desde hace años con la llegada del PP al gobierno y que todavía no ha levantado cabeza desde entonces. Son, en total, más de 90.000 contratos de refuerzo los que se han tramitado desde que la pandemia comienza y de los que se va a prescindir. Se teme que el número de despidos ascienda con el fin de los contratos de refuerzo de otras comunidades y que las condiciones laborales de los sanitarios sigan siendo igual de precarias, aunque los despidos están concentrados en Madrid y Andalucía sumando, hasta la fecha, casi 17.800 despidos.

El deterioro de el sistema de sanidad público tiene, como objetivo, el fortalecimiento de la privada y hacer de la salud un bien de mercado que poder capitalizar, como la vivienda, cuando ambas deberían ser un derecho. La defensa del sistema público de sanidad ha de ser firme y constante, especialmente porque nuestra salud y la salud de quienes menos recursos tienen está en juego. Los desvíos a la privada lo único que pretenden es llenarse los bolsillos a través de las concesiones y favores que desde los gobiernos regionales se plantean constantemente. Un negocio que muchos ven rentable a costa de los fondos públicos pero que no se sostiene con un sistema público de calidad porque no es capaz de ofrecer la misma calidad. En eso consiste la defensa de un sistema público de calidad: no ha de ser rentable porque su objetivo no es ese, sino que debe cubrir un derecho básico como lo es la salud.

Fuente: Pablo Sánchez en contrainformacion.es

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