El Gobierno de Ayuso construyó otro centro de FP de 1,2 millones troceando facturas: “Hazlas de hasta 50.000 euros”

La Escuela de Arte de Alcalá se levantó irregularmente y con la orden de fraccionar los pagos para evitar los controles. Es el mismo modus operandi que el hospital-escuela de Ciudad Escolar, que ya está investigando la Fiscalía

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La Escuela de Arte Alcalá, conocida también como la Escuela de Arte Alberto Corazón, se levantó en la planta sexta del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado, en Alcalá de Henares, el más grande de la Comunidad de Madrid, con más de 3.000 alumnos. Esta escuela era el primer centro de FP dedicado a las enseñanzas artísticas en la región, con una oferta “de innovación tecnológica” –según la nota de prensa que difundió la Comunidad de Madrid– en cómic, ilustración, fotografía y gráfica.

Se construyó entre febrero y agosto de 2022, un tiempo récord para demoler 1.600 metros cuadrados y volver a construir este centro público. En septiembre de ese año, entraron a formarse en esas disciplinas cientos de alumnos.

Pese a que la apertura se anunció en los medios oficiales de la Comunidad, a la inauguración no fue ningún político de relevancia. No fue Isabel Díaz Ayuso ni el consejero de Educación entonces, Enrique Ossorio, sustituido al año siguiente por Emilio Viciana.

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, costó 1,2 millones a las arcas públicas madrileñas. El importe, por la magnitud de la obra, obligaba a sacar a concurso público este proyecto, lo que supone concurrencia de varias ofertas y controles económicos y de la Intervención, el cuerpo de inspectores económicos de la Comunidad.

Sin embargo, con el objeto de esquivar este proceso legal indispensable, se encargó la obra a una única empresa y se le fue pagando de manera fraccionada, dividiendo el montante total en facturas de menos de 40.000 euros más IVA.

¿Por qué ese importe? Porque es el importe máximo que se puede pagar en obra pública para que el contrato sea considerado contrato menor, según la ley 9/2017 de contratos del sector público, lo que permite no sacar a concurso el proyecto.

Así, se mandaron hacer más de 20 facturas que pretendían estar desvinculadas entre sí, aunque eran parte de la misma obra, y que se pagaban desde tres organismos públicos distintos: el IES Antonio Machado, la propia Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. Ninguna supera el tope de 48.400 euros, como ha podido confirmar elDiario.es.

Es el mismo modus operandi que en el caso del hospital-escuela del macrocomplejo de Ciudad Escolar que está investigando la Fiscalía. Allí se trocearon facturas para pagar un proyecto de 2,5 millones de euros. Las reiteradas reclamaciones por impago del empresario del proyecto activaron una investigación que la Consejería de Educación ha trasladado a la justicia. Además, se cesó de manera fulminante a Alfonso Mateos, entonces subdirector general de Centros de Formación Profesional, a quien Educación considera el autor que daba las órdenes.

También se investiga a los dos directores de institutos que hicieron los desembolsos desde las cuentas de sus centros para construir esa escuela sanitaria que está ahora abandonada, pese a que se llegaron a abonar 700.000 euros de dinero público.

“De lo que queda por pagar, haz facturas de hasta 50.000”

En el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón se siguió el mismo sistema. De hecho, según documentos a los que ha tenido acceso este medio, las instrucciones al empresario son claras. En un mail fechado en 2023, sobre el importe que todavía se adeuda, Javier Martínez, director del Antonio Machado, traslada las órdenes recibidas: “De los poco más de 100.000 euros que quedan por pagar, por favor, haz facturas de hasta 50.000 al IES Antonio Machado y el resto a la Escuela de Artes”.

Martínez no ha contestado a los mensajes de elDiario.es y el director de la Escuela de Arte, Esteban Martínez, remite al gabinete de prensa de la Consejería de Educación: “Nos han dicho que para cualquier consulta que nos hagan, traslademos que hay que dirigirse ahí”. ¿Quiere decir eso que la Consejería conoce el caso y que ha alertado a los directores si llaman periodistas? El director de la Escuela se ciñe a reiterar la instrucción de dirigirse a Educación.

Alfonso Mateos, el subdirector cesado por el caso del hospital-escuela, vuelve a aparecer en algunas comunicaciones y mails en el caso de Alcalá de Henares cuando surgen dudas con los pagos entre el contratista encargado de la obra, el mismo que en el caso de Ciudad Escolar, y la dirección del Antonio Machado.

Mateos es citado en los correos como la persona de referencia de los directores y secretarios de instituto cuando hay dudas con los pagos o por los retrasos de los mismos. Contactado en dos ocasiones por teléfono, el exsubdirector rechaza hacer cualquier comentario a elDiario.es y emplaza a una conversación futura.

¿De dónde salió el dinero para pagar millones en obras? Según el primer caso desvelado, investigado por la Fiscalía, de “ingresos extraordinarios” que reciben los institutos de FP, es decir, no se trata del reparto ordinario para funcionamiento. Según fuentes consultadas, se puede tratar de fondos extra repartidos por las DAT (las direcciones de área territorial en las que se divide Madrid, como por ejemplo esta de Alcalá de Henares que es la DAT Este), fondos provenientes de Europa o proyectos específicos de aulas de emprendimiento o digitalización, por ejemplo.

La Consejería de Educación no da información sobre el caso de Ciudad Escolar alegando que está siendo investigado por la Fiscalía. En el caso de Alcalá de Henares, tampoco ha contestado de dónde proviene el dinero, si hay más casos, ha abierto una investigación o si está ordenando auditorías a los centros de FP, alegando lo mismo, aunque este caso no está recogido en el expediente de investigación de Ciudad Escolar, al que ha tenido acceso elDiario.es. Ante la pregunta de si este segundo caso se ha incorporado a la investigación, fuentes de Educación no han contestado.

Fuentes expertas señalan también a elDiario.es que las direcciones de los institutos manejan grandes cantidades de dinero (sobre todo en centros de gran tamaño como estos) y tienen autonomía financiera. El control es escaso y depende de la propia dirección y el consejo escolar, formado por la directiva, profesores, administrativos, alumnos y un representante del ayuntamiento, un consejo que no suele profundizar en las cuentas.

¿Quién dio la orden en este segundo caso para fraccionar las facturas o validó construir de esta manera? Fuentes de Educación no contestan. La responsabilidad política entonces estaba en manos de dos pesos pesados en el Gobierno de Ayuso y el PP de Madrid. Por una parte, la máxima responsable educativa entonces era la viceconsejera de Política Educativa Rocío Albert López-Ibor, hoy consejera de Economía de Ayuso. El responsable de las infraestructuras de Educación cuando se terminó y recepcionó la obra era el viceconsejero de Organización Educativa Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles y persona muy cercana a Díaz Ayuso.

¿Y por qué se optó por este sistema ilegal y opaco para construir, al menos, dos centros educativos públicos? ¿Quién se benefició? Es otra de las incógnitas que no ha despejado la Consejería ni, todavía, la justicia. Por qué esas facturas de contratos supuestamente menores no se encuentran en el Portal de la Contratación de Madrid es otra duda sin resolver. El Portal de Transparencia también ha denegado a elDiario.es el acceso a los datos sobre el reparto de fondos que hacen las DAT a cada centro de FP de la Comunidad.

Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es

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