La corrupción está inevitablemente ligada a «la concentración oligopólica de la estructura empresarial y de la riqueza», sostiene el economista Fernando Luengo
Está muy bien que por fin se hable de «corruptores», aludiendo a esas empresas privadas que obtienen grandes beneficios actuando en connivencia con políticos «corruptos», creando redes opacas… o no tan opacas ¡Más bien eran perfectamente visibles, pero se contemporizaba con ellas o se miraba hacia otro lado, permitiendo su funcionamiento! En estas redes se han movido y repartido cantidades ingentes de dinero público.
Bienvenido sea el cuestionamiento del dogma de que, a diferencia de lo público, al que se atribuye una intrínseca ineficiencia, y del ejercicio de la política, supuestamente atravesado de corruptelas, la iniciativa privada es, por definición, eficiente… ¡e inmaculada! Este es uno de los mantras más dañinos e injustificados, que no sólo explica el ascenso de la extrema derecha y de los fascismos sino también la progresión del pensamiento conservador.
Seamos conscientes, en todo caso, de que, sin restar a este asunto un ápice de importancia, que la tiene, el problema trasciende con mucho a los «corruptores privados» y a las redes en las que estos operan. Es obligado, debería serlo para las izquierdas, ampliar el foco (para las derechas forma parte de su normalidad no hacerlo), introduciendo en el debate político –debate que, por cierto, no puede quedar confinado a un par de sesiones parlamentarias y a un paquete de medidas de urgencia destinadas a salvar la legislatura– la problemática derivada de la concentración oligopólica de la estructura empresarial y de la riqueza, concentración que no ha dejado de acentuarse. Porque este es un problema, ¡sí, un problema!, que con algunas llamativas excepciones no está en el debate, y mucho menos todavía si nos referimos a actuaciones concretas destinadas a contener o reducir ese proceso concentrador, que ni están sin se las espera.
El capitalismo realmente existente se caracteriza, este es su principal rasgo distintivo, por el enorme poder económico y político de las corporaciones y de las grandes fortunas en todos los sectores de la economía, tanto en los de perfil tradicional como en los más modernos. Un poder que no ha dejado de crecer, especialmente en los episodios de crisis, con la intensificación de las fusiones y adquisiciones a escala estatal o transfronteriza, los vínculos accionariales entre grupos y empresas o la recompra de las acciones para aumentar su valor en bolsa. Los ricos cada vez más ricos y el control corporativo cada vez más denso.
Este poder inmenso y creciente explica su acceso en condiciones privilegiadas –no necesariamente fraudulentas, forma parte del statu quo legal– a los recursos de todos; un par de ejemplos de manual, entre otros muchos que cabría citar, son el ventajoso reparto de los fondos europeos y las muy favorables condiciones en las que intervienen en las licitaciones públicas.
Estamos ante un entramado de privilegios y privilegiados que apenas paga impuestos –el Estado español es prácticamente un paraíso fiscal, no hay que mirar a Malta, Luxemburgo o Irlanda– y que retribuyen a sus ejecutivos y principales accionistas con cantidades astronómicas –una de las claves del continuo aumento de la desigualdad–. Sin considerar este entramado, que, como he señalado antes, ha ocupado parcelas crecientes y decisivas de lo público, no se entiende la dimensión y el recorrido de las prácticas corruptas, las cuales se alimentan de ese poder.
Sin esa consideración, es imposible, de hecho, cambiar las cosas en beneficio de las clases populares. ¿Esos partidos que se reclaman de izquierdas piensan hacer algo al respecto? Sin un movimiento social que empuje en esa dirección, lo dudo.
Fuente: Fernando Luengo en lamarea.com
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