Ayuso enmarca la investigación judicial de los protocolos de las residencias en otra “operación de Estado” en su contra
La presidenta de la Comunidad de Madrid ya adoptó esta estrategia, realizando unas declaraciones parecidas, cuando este diario desveló el fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.
Isabel Díaz Ayuso vuelve a situarse como víctima de una presunta operación de Estado para cargar contra una decisión judicial que afecta a su entorno y con la que no está de acuerdo. Ya lo hizo cuando elDiario.es desveló el fraude fiscal de su pareja. Y se ha vuelto a aferrar a esa estrategia para enmarcar la investigación que se ha reabierto para analizar lo sucedido en las residencias de la región durante la pandemia, después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos.
“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, ha respondido la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que fueron altos cargos de su Gobierno durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.
Ayuso ha cuestionado la reapertura de la causa que investiga los protocolos que impidieron la derivación sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia. Se ha defendido asegurando que en los últimos años “se han archivado 62 denuncias por este asunto” y ha instado a que se investigue en el Senado cómo otras comunidades autónomas gestionaron la pandemia, ya que considera que “pensar que los muertos de unas regiones interesan más que otras, sería un poco feo”.
La Justicia ha imputado por primera vez a antiguos miembros de su Gobierno. En particular, un juzgado madrileño ha citado como investigado a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También tiene que declarar ante la jueza el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell.
Ayuso ha intentado desvincular a este último especialista de su Ejecutivo, asegurando que no son tres altos cargos, “uno era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un antiguo miembro de su equipo “para hacerle parecer aún más culpable, no es ajustarse a la verdad”.
“La difamación es posible en España”
La presidenta ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha dado para hacer balance de la mitad de su mandato, tras ganar las elecciones autonómicas de 2023 con mayoría absoluta. Allí también se ha pronunciado sobre otra decisión judicial que cuestiona, la negativa del Supremo a seguir adelante con la demanda que su novio, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso”.
“El rechazo de la demanda sostiene que la difamación es posible en España y si el Gobierno organiza operación de Estado contra la Guardia Civil, qué no harán con la inspección fiscal de un paisano”, ha respondido, con una mención directa a la situación judicial de su pareja, imputado por corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Y se ha aferrado a esa decisión para lanzar un ataque directo al presidente del Gobierno: “Vista el rechazo de la demanda, yo ahora espero que condenen a Sánchez por narcotráfico por lo que sucede en Canarias. Esto es una crítica política”.
En ese señalamiento al Ministerio Público, también ha apuntado que ella no ve “ninguna contradicción” en la declaración del abogado de su pareja, que desmintió a González Amador al asegurar en el Supremo que sí le encargó confesar su fraude fiscal. “Es la fiscalía quien miente y quien se está contradiciendo”, ha asegurado, y ha continuado asegurando que “ya sería el colmo de los colmos que un fiscal general imputado se defienda con toda la carrera fiscal”. “Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España”, ha sentenciado.
Ayuso carga contra el Gobierno: “Esto es la mafia”
La presidenta ha arrancado su balance de Gobierno asegurando que, mientras los dos años que se cumplen estos días de esta legislatura han hecho que Madrid viva “el mejor momento de su historia”, “España vive el momento de mayor deterioro institucional de su Historia”.
No ha dudado en cargar duramente contra el presidente, asegurando que en La Moncloa “se busca gente sin prestigio para poder cometer atrocidades en nombre del Sanchismo”, y después, “ser premiados en algún destino intervenido previamente por el Gobierno”.
“Se están pergeñando operaciones de Estado al más estilo mafioso”, ha indicado. Así se ha pronunciado sobre las grabaciones en las que la militante socialista Leire Díez –aupada por los gobiernos de Pedro Sánchez a puestos de responsabilidad en empresas públicas como ENUSA o Correo– pide pruebas para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil.
A pesar de que desde la cúpula del partido aseguran que Díez es “una militante” más y se desvinculan de su actuación, Ayuso considera que “la Guardia Civil está maniatada, perseguida por fontaneros que no están en nómina”. Siguiendo esa argumentación, reseña: “Tampoco está en nómina el fiscal, tampoco está en nómina el Constitucional y son algunos de sus miembros los mayores valedores del presidente”. “En fin, esto es la mafia. El asunto es cuánto puede durar, pues la mafia cada vez va a endurecer más las formas”, ha subrayado.
Fuente: en eldiario.es
Imagen de portada capturada de vídeo de RRSS
Fuente: Javier Valenzuela en eldiario.es
Cuando toda España sea Madrid
Nos tememos que las derechas consigan una holgada mayoría en las Cortes de celebrarse las legislativas en las circunstancias actuales. Y entonces, compañeras y compañeros, tendríamos gobiernos de derechas para mucho tiempo. Puede que tanto como el que ya lleva el PP en la Comunidad de Madrid.
Hasta en los pueblos de Andalucía donde ahora suelo pasar buena parte de mi tiempo, tengo que escuchar una frasecita que me irrita sobremanera: “¡Pero es que todos los madrileños adoran a Ayuso, todos la votan!”. La frasecita me fastidia por dos razones, siendo la primera que no es cierta. El PP de Ayuso obtuvo en las últimas elecciones autonómicas madrileñas un 47% de los sufragios, lo que, en efecto, le dio una mayoría absoluta de los escaños de la Asamblea. Pero, atención, no todos los votantes lo quisieron así, más de la mitad de ellos votaron a opciones diferentes a la de la deslenguada Reina del Vermú.
Y, luego, a este servidor de ustedes, que lleva casi medio siglo defendiendo una escritura periodística lo más precisa posible, le conversión de la parte en todo le parece peligrosa, un atisbo de ese virus que llamamos, precisamente, totalitarismo. Nuestra lengua tiene muchas fórmulas para aludir a un grupo numeroso como el de los partidarios de Ayuso: muchos, bastantes o, si es el caso, la mayoría.
Pero sí, el PP lleva ya treinta años siendo hegemónico políticamente en la Comunidad de Madrid, y gobernándola, como ha recordado aquí Esther Palomeras. Y es que lo ha hecho muy bien. Ha fomentado, especialmente con las castizas Esperanza Aguirre y Ayuso, una especie de nacionalismo madrileñista que masajea los egos de muchos vecinos y les arma ideológicamente contra los progresistas y los nacionalistas periféricos. Y ha promovido a tambor batiente un capitalismo salvaje a la estadounidense que le garantiza el apoyo de los poderosos –empresarios, banqueros y medios de comunicación– y se convierte en un modelo aspiracional para las sufridas clases populares.
Esta decidida política al servicio de sus valores y sus intereses, y de los de sus patrocinadores, contrasta con el desastre de las izquierdas madrileñas. Solo una vez, en 2003, estuvieron a punto de llegar a la Puerta del Sol, pero el soborno de dos tránsfugas, el tamayazo, volvió a darle el triunfo a Aguirre. Si no, los progresistas se caracterizan en Madrid por la falta de entusiasmo de los socialistas y las pendencias fratricidas de los situados a su izquierda. Los socialistas nos tienen acostumbrados a presentar candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid que abandonan su escaño no más perder los comicios. Las izquierdas alternativas, a tirarse los pelos entre sí y acudir divididas a las urnas. Como en 2023, cuando convirtieron en inútiles más de 160.000 votos.
Cuando se celebren, las próximas legislativas nacionales podrían corroborar que Madrid es España y España es Madrid, como pregona Ayuso. Las encuestas pronostican una amplia victoria del PP y Vox, pero no por desplome del PSOE de Sánchez, que mantendría su cuota del electorado, sino del espacio que se disputan Sumar y Podemos. Es, ay, algo que parece no preocupar a los podemitas, convertidos a la idea de que cuanto peor, mejor. Han decidido que este Gobierno es “el de la guerra” y actúa como “colaboracionista del genocidio de Gaza”. Que caiga no les parece demasiado grave, ya alzarán ellos de nuevo la bandera del 15M desde una taberna garibaldina.
Algunos progresistas, sin embargo, no vemos que este Gobierno nos haya metido en ninguna guerra, aunque ciertamente haya pecado de exceso de celo en lo de Ucrania, y, desde luego, no pensamos que sea colaboracionista con Netanyahu. Por el contrario, nos parece el más valiente de los ejecutivos europeos a la hora de denunciar, dentro de sus limitadas posibilidades, el Holocausto de los palestinos.
Lo que sí nos tememos, en cambio, es que las derechas consigan una holgada mayoría en las Cortes de celebrarse las legislativas en las circunstancias actuales. Y entonces, compañeras y compañeros, tendríamos gobiernos de derechas para mucho tiempo, mucho. Puede que tanto como el que ya lleva el PP en la Comunidad de Madrid. Las derechas añadirían La Moncloa a sus trofeos de caza, entre los que ya figuran la mayoría de los ayuntamientos y comunidades, la línea editorial de tantísimos medios de comunicación, el apoyo de los que tienen pasta y la simpatía militante de no pocos policías, guardias civiles, militares y jueces. Además, los gobiernos de derechas tendrían a su favor los vientos políticos que soplan por el mundo, empezando por el trumpismo.
A mí me parece un horizonte inquietante, próximo al totalitarismo. Y digo próximo porque intuyo que a los progresistas nos dejarían algunos espacios marginales de libertad, como ocurría en los últimos años del franquismo. Lo harían para que no se diga, para maquillar su dominio de lo sustancial de la vida española. Así que, compañeras y compañeros, no os preocupéis demasiado. No se revalorizarían las pensiones y el salario mínimo, no se combatiría el cambio climático, volvería el lío en Cataluña y seguirían privatizándose la sanidad y la educación públicas. Amén de que podría verse a Netanyahu recibiendo honores en La Moncloa. Pero, albricias, podríamos ir a algunas tabernas a celebrar debates sobre el legado de Pepe Mujica y cantar fervorosamente Bella Ciao.
Fuente: Javier Valenzuela en eldiario.es
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