Es la comunidad que menos invierte en Atención Primaria por habitante, muy por debajo de otras que sí han apostado por reforzar el eje vertebrador del sistema

Ayer 12 de abril se celebró el Día Internacional de la Atención Primaria. Debería ser una fecha para poner en valor el papel de este nivel asistencial, pero en la Comunidad de Madrid cada vez resulta más difícil hacerlo sin hablar de deterioro, de desmantelamiento, de sobrecarga y de abandono.

La Atención Primaria ha demostrado durante décadas que es el pilar fundamental de cualquier sistema sanitario eficaz, equitativo y eficiente. Sin embargo, en Madrid se está produciendo un deterioro progresivo intencionado que responde a decisiones políticas mantenidas en el tiempo.

El diagnóstico es claro. La Atención Primaria está infrafinanciada desde hace años (11,4 % del presupuesto total actual) y eso se nota en todo lo demás. Es la comunidad que menos invierte en Atención Primaria por habitante (177 €), muy por debajo de otras que sí han apostado por reforzar el eje vertebrador del sistema, y el presupuesto destinado a conciertos privados (1.057 m€ para 2026) casi iguala el de Atención Primaria (1.257 m€ en 2026), si se excluye el gasto en farmacia.

¿Las consecuencias? Por ejemplo, somos la comunidad autónoma que concentra el mayor porcentaje de profesionales de medicina de familia con más de 2.000 pacientes asignados, muy por encima de lo recomendable (1.200). Pero no es solo un problema de médicos. La situación de enfermería es igual de preocupante, en este caso liderando el ranking de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) por profesional de todo el estado, es decir, muchas tienen adscritas en torno a 2.000 TSI, lo que dificulta enormemente el desarrollar tareas clave como la prevención, el seguimiento de pacientes crónicos, la atención domiciliaria o el trabajo comunitario.

En pediatría la situación es especialmente grave, con miles de niños y niñas sin pediatra asignado, dificultando una atención adecuada. Y en otros perfiles, como las matronas, la sobrecarga también es evidente, atendiendo a más de 20.000 personas.

A esto se suma la falta de personal administrativo suficiente, un elemento clave para garantizar la accesibilidad.

El resultado es un sistema tensionado al límite. Más del 70% de los centros de salud tienen plantillas incompletas, cientos de miles de personas no tienen médico o pediatra asignado y conseguir cita puede llevar cerca de 10 días. La excepción se ha convertido en algo habitual.

Todo ello se traduce en más presión sobre las urgencias hospitalarias, retrasos diagnósticos, empeoramiento de enfermedades y más sufrimiento evitable para la población. Pero además se produce otro efecto importante y es que se empuja a quienes pueden permitírselo hacia la sanidad privada, consolidando un modelo más desigual.

En este contexto, resulta especialmente llamativo que se estén planteando soluciones como la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la consulta mientras siguen sin resolverse los problemas estructurales. La tecnología puede tener un papel complementario, pero no sustituye la falta de profesionales, ni corrige la sobrecarga, ni recupera la relación clínica. Convertir la IA en eje de la respuesta a una Atención Primaria desbordada no solo es insuficiente, sino que desplaza el foco del problema real y corre el riesgo de deshumanizar aún más la atención.

Es una forma de gestionar por parte de los gobiernos del partido popular. Se debilita la Atención Primaria, se dificulta el acceso y se erosiona la confianza en el sistema público.

Conviene recordar que existen soluciones conocidas y compartidas por amplios sectores profesionales como son el incrementar la financiación en Atención Primaria hasta niveles adecuados (mínimo 3.000 m€ para alcanzar las recomendaciones), reforzar las plantillas de manera urgente, completar las plantillas de todos los Puntos de Atención Continuada (PAC), planificar adecuadamente los recursos, mejorar las condiciones laborales y hacerlas atractivas, recuperar las áreas sanitarias, garantizar la accesibilidad en un máximo de 48 horas, desburocratizar la atención, asegurar la participación ciudadana y apostar por un modelo de Atención Primaria comunitario, integral y centrado en las personas.

Porque, a pesar de todo, la Atención Primaria sigue funcionando. Y lo hace gracias al compromiso de sus profesionales, que sostienen el sistema en condiciones cada vez más difíciles, con sobrecarga, agendas imposibles y falta de recursos. Son ellos y ellas quienes mantienen la calidad de la atención, quienes garantizan la cercanía, quienes evitan que el deterioro sea aún mayor, pero no se puede seguir sosteniendo el sistema únicamente sobre su esfuerzo.

Por lo tanto, falta voluntad política. La Atención Primaria sigue siendo imprescindible para garantizar el derecho a la salud, pero en Madrid se la está dejando caer.

Y eso tiene responsables: el Gobierno del Partido Popular y su presidenta, Isabel Natividad Díaz Ayuso, que han destinado más de 6.000 millones de euros en los últimos años a la privatización sanitaria, mientras asfixian la Sanidad Pública y dejan agonizar la Atención Primaria.

Fuente: Sergio Fernández Ruiz – Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid en nuevatribuna.es

Foto: CAM

Fuente: Daniel Cela en eldiario.es

Las protestas sanitarias contra Moreno en las ocho capitales andaluzas zarandean la campaña y activan a las izquierdas

Las movilizaciones de 21.000 personas organizadas por la sociedad civil, principalmente Mareas Blancas y Amama, se contagian del ambiente preelectoral y sirven de plataforma a PSOE, Por Andalucía y Adelante, que buscan despertar a su electorado con una pulsión de cabreo contra la Junta por las abultadas listas de espera

La sociedad civil organizada se ha manifestado masivamente este domingo en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública, al grito de “la sanidad no se vende, se defiende”. La movilización, promovida por Mareas Blancas y arropada por otras asociaciones sanitarias, todos los sindicatos y todos los partidos políticos de izquierdas, ha estado atravesada por un claro ambiente preelectoral.

Faltan 35 días para las elecciones andaluzas del 17 de mayo y la protesta en las calles de miles de personas por el deterioro del sistema sanitario y las abultadas listas de espera -la marcha se ha repetido en las ocho capitales de provincia- se erige como el principal muro para frenar una nueva mayoría absoluta en las urnas del presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno.

Sus adversarios políticos lo saben, de ahí que en la comitida de este domingo desfilaran en distintas partes del tramo los tres candidatos rivales del arco progresista: la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha planteado estos comicios como “un referéndum por la salud”; el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo; y el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
Moreno desdeña la capacidad de los tres para plantarle cara en las urnas, dado el escaso margen de recuperación que le otorgan los sondeos a los dirigentes de izquierdas, que esta misma semana han firmado un manifiesto con Mareas Blancas, promotores de la manifestación, comprometiéndose a mejorar el sistema si llegan a gobernar.

Pero el presidente del PP andaluz no resta un ápice de importancia al descontento ciudadano con la gestión sanitaria de estos últimos años, capaz de percutir en una mayor movilización el día de las elecciones en beneficio de sus adversarios.

El malestar por el deterioro de la asistencia sanitaria y la demora para ser atendido por un médico trasciende las fronteras políticas e ideológicas, y tampoco es permeable al discurso triunfalista de la Junta (“presupuesto récord en la Consejería de Salud”, con 16.000 millones de euros este año; y “30.000 profesionales sanitarios más que cuando gobernaba el PSOE”).

Gentes de izquierdas y derechas encuentran los mismos problemas para lograr una cita en Atención Primaria a través de su móvil. Esto es lo que retrataban las pancartas y los cánticos de la manifestación de este domingo, con una amplia presencia de personas mayores de 60 años, que es el sector de la población más necesitado de una sanidad pública de calidad. Sin embargo, esa transversalidad sociológica no estaba en la movilización de hoy, claramente inclinada a la izquierda.

Los promotores de estas movilizaciones en las ocho capitales de provincia cifran la participación en toda Andalucía en torno a 55.000 personas. La Policía Nacional ha rebajado la cifra hasta los 20.900, siendo la provincia sevillana (5.000) y Granada (5.600) donde más personas han salido a las calles. Le siguen Málaga, con 3.800 manifestantes; Cádiz y Córdoba con 2.000 respectivamente; Huelva con 1.500; Jaén con 1.400 y Almería con unas 1.000 personas.

La última gran movilización sanitaria convocada por las Mareas Blancas, el pasado invierno, sacó a la calle a más de 57.000 personas, tensando los nervios del Gobierno de Moreno. La sanidad se ha convertido en el primer problema para los andaluces, según el CIS publicado esta semana, y los sondeos trimestrales que financia la Junta de Andalucía (barómetro del Centra).

La marcha de Sevilla ha partido, con 40 minutos de retraso, desde la calle Enramadilla, junto a la explanada del apeadero de Renfe en San Bernardo, y ha recorrido los dos kilómetros que la separan del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, donde se han congregado miles de personas con gritos de “Bonilla dimisión” cerca de las tres de la tarde.

En la cabecera de la manifestación, como punta de lanza, se situaron las mujeres con camisetas rosas de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que destapó el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha sufrido el Gobierno de Moreno en ocho años.

“Me hice una mamografía y 17 meses después me dijeron que tenía cáncer. El sistema me falló”, ha explicado para la multitud Cristina Fernández, una de las afectadas por los diagnósticos tardíos de posibles tumores, que según la Junta golpeó a 2.317 pacientes. Moreno cesó a la consejera de Salud y a todo su equipo, culpabilizó en primera persona por “un error de comunicación” al equipo de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío, donde se concentraban el 90% de casos, y pidió disculpas públicas.

Pero esta misma semana ha expirado el plazo de las más de 200 reclamaciones patrimoniales que algunas de estas mujeres han dirigido a la Junta, y el presidente andaluz ha justificado el silencio administrativo, empujándolas a acudir a los tribunales en busca de una reparación y una indemnización.

Protestas por sevillanas

Faltan menos de tres semanas para que arranque oficialmente la campaña electoral -el próximo 1 de mayo- y diez días para el alumbrao de la Feria de Sevilla. Quizá por ello, muchas de las consignas de los manifestantes se han escuchado en formato sevillanas, con un ambiente alegre y reivindicativo, una mezcla entre la comparsa de Carnaval de Cádiz y una caseta del Real de la Feria de Sevilla.

“¿Dónde está, nuestra cita dónde está?”, cantaban a coro tras una pancarta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Éste, precisamente, es el tono que buscan los partidos de izquierdas que rivalizan con Moreno, conscientes de que el presidente va a acaparar un sentimiento positivo e ilusionante como pulsión de su campaña a la reelección.

Una de las palabras que más se ha escuchado en las consignas es “negocio”, con contínuas acusaciones a Moreno por la “privatización” del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Gobierne quien gobierne, lo público se defiende”; “No a las listas de espera”; “La sanidad pública no es de quien nos gobierna, es nuestra”.

También había carteles del documental ‘Salud no responde’, que la Junta Electoral de Zona en Sevilla ha prohibido esta semana en un teatro público de Mairena del Aljarafe, por considerarlo muy “crítico” con un “adversario político”, en referencia a Moreno. El documental no pertenece a ningún partido, es del realizador Paco Coca y está promovido por las Mareas Blancas.

El leit motiv de la protesta es la sanidad, pero la proximidad de las elecciones y la confluencia de alcaldes, concejales, dirigentes y militantes de todos los partidos de izquierdas han ayudado a convertir la manifestación en una enmienda a la totalidad contra las políticas del PP, las andaluzas y las nacionales. Así, se han escuchado gritos contra la guerra en Irán y contra las subvenciones públicas a los toros.

En la comitiva han sobrevolado banderas de Palestina, del colectivo LGTBI, de los sindicatos CCOO, UGT, Satse, de Facua y de las organizaciones políticas Por Andalucía, Izquierda Unida, Podemos y Adelante Andalucía. El PSOE no ha hecho ostentación de su marca, pero sí de sus alcaldes en la provincia: había pancartas de Morón, El Viso del Alcor, Estepa, Gilena, Utrera, Arahal, Gelves, Bormujos, La Rinconada, Dos Hermanas, Badalatosa, La Algaba, Argámitas…

La pulsión de los alcaldes socialistas -en torno a 400 en toda Andalucía- también será clave para la campaña de Montero, que aspira a llevar a las urnas a los 500.000 votantes socialistas de las generales de 2023 que se quedaron en casa en las autonómicas de 2022.

La manifestación, bajo un sol de primavera, ha avanzado por uno de los dos carriles de las amplias Avenida de la Borbolla, de la Avenida de Portugal, de la calle Palos de la Frontera y del Paseo Roma. El calor y la falta de sombra en el recorrido han hecho que en determinados tramos la multitud se dispersara (sobre todo los más mayores), restando fuerza a la marea compacta de personas que buscaba ilustrar una gran movilización.

Cuando la cabecera de la marcha estaba llegando al Palacio de San Telmo, la cola casi acababa de salir del punto de partida. El manifiesto que se ha leído para la multitud congregada ante la sede de la Junta se ha adelantado, debido a que “el calor aprieta y muchos tenemos que coger el autobús de vuelta a nuestros pueblos, que están lejos”.

Fuente: Daniel Cela en eldiario.es