Apuesta por la vivienda pública y el alquiler social

Además de lo que este acuerdo recoge para la Ley de Vivienda, hay medidas adicionales alcanzadas gracias a la presión de Unidas Podemos. En el caso de Sareb, Izquierda Unida nada más crearse Sareb en 2012, empujó para que las viviendas del “banco malo” se convirtiesen EN un instrumento de política pública.

El PSOE ha aceptado finalmente utilizar 50.000 viviendas para afrontar el grave desafío que tiene nuestro país para garantizar este derecho. 21.000 de estas viviendas se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas. Y en 14.000 viviendas de este parque de la Sareb ya habitadas se impulsará el alquiler social. También se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles.

Rajoy y De Guindos decían en 2012 que Sareb no nos costaría ni un euro. De hecho, decían que sería un gran negocio para los inversores públicos y privados que tendría una rentabilidad del 15% y la realidad es que nos ha salido por un ojo de la cara. Hasta 2022 Sareb ha perdido 15.661 millones de euros y quedaría lo peor del quebranto por sufrir porque han vendido “lo mejor”. Además, seguimos avalando desde el Estado una deuda de 30.481 millones de euros. A pesar de las negligencias de los altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de Sareb, a ellos no les ha ido nada mal porque se han llevado casi 37 millones de euros en retribuciones. No ha habido ni una explicación por parte del PP.

Que se movilicen hasta 50.000 viviendas procedentes de la Sareb para garantizar el derecho constitucional a la vivienda es un primer paso, tardío, pero en la buena dirección. Y no solo de la Sareb porque también a través de la Sociedad para el Equipamiento del Suelo (SEPES) se realizarán 20.000 viviendas adicionales en terrenos del Ministerio de Defensa, otra reclamación histórica de nuestro espacio político.

Fuente: Carlos Sánchez Mato, Responsable de elaboración programática IU. Profesor Economía Aplicada UCM

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