Acuerdo sobre alquileres: microcréditos al 0% a diez años y ayudas de hasta 900 euros al mes para los inquilinos

El debate sobre las medidas de auxilio por la crisis del coronavirus se zanja con la distinción entre pequeños propietarios (a los que se garantiza el ingreso) y grandes, que deberán asumir una quita de la renta del 50% o una reestructuración

Ya hay acuerdo en el seno del Gobierno sobre las medidas a aprobar en el consejo de ministros de este martes para apoyar a los inquilinos de vivienda afectados por la crisis del coronavirus, confirman a eldiario.es fuentes de la Vicepresidencia Social y Económica, al cargo de Pablo Iglesias, y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos. Estos últimos días se ha producido un intercambio de propuestas entre ambos departamentos. 

Según ha explicado a este medio el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha existido debate y diálogo pero «sin tensión». «Creo que la propuesta final es bastante equilibrada y transversal», añade. Asegura que se ha tenido en cuenta que «el 85% de los arrendadores tiene una o dos viviendas de alquiler, y que pueden también estar pasando por dificultades por el COVID-19». 

En concreto, se han logrado consensuar seis puntos principales: 

Suspensión de desahucios por impago de alquiler. Esto se aplicará especialmente para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma).

Prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en las mismas condiciones, lo de facto supone impedir que a ningún inquilino con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante el próximo medio año.

–Se permite que todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad se acojan a microcréditos (sin coste de intereses ni comisiones) que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más.

–Se amplían las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, siendo menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de «hogar vulnerable» (moratoria de hipotecas, bono social…..). En este caso se permite que se acojan todas las personas paradas, ERTEs, reducciones de jornada, y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y dependientes a cargo).

–En el caso de grandes tenedores (a partir de ocho inmuebles) y fondos de inversión: los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad se beneficiarán de una moratoria de cuatro meses. Transcurrido ese periodo deberá haber acuerdo sobre el pago entre arrendador y arrendatario. De no existir este pacto, habrá o bien una quita de la deuda del 50%, o bien una reestructuración de dicha deuda en dos/tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.  

–Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

El Ministerio de Transporte cifra en 700 millones el coste de los intereses y avales de los créditos ICO para víctimas «coyunturales» (unos 300 millones) y ayudas a los perjudicados «estructurales» por esta crisis a través de los planes de vivienda de 2020 y 2021 (400 millones de euros), detalla David Lucas.

El consejo de ministros de este martes también estudiará, a petición de Economía, una posible ampliación a los locales comerciales estas medidas. 

Satisfacción por las medidas

Fuentes de la Vicepresidencia Social y Económica muestran su «satisfacción» por las medidas relativas a protección de los inquilinos que aseguran haber logrado negociar con los ministerios socialistas, y que consideran que han mejorado la propuesta inicial en clave de mayor justicia social. Destacan por ejemplo la distinción expresa entre los pequeños propietarios –que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas– y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda –que asumirán parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos–.

Además, los morados se muestran también satisfechos de la definición muy amplia que se ha logrado de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema de microcréditos públicos a interés cero que prevé el decreto, que, sumada a las facilidades para la devolución de los mismos, permitirá que un gran número de personas inquilinas pueda acogerse a ellos.

A este respecto, celebran «haber conseguido» que el decreto contemple que el Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19 que no logren salir de esa situación y no puedan, por tanto, hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha, lo que en la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares, destacan.

Los sindicatos de inquilinos: se empuja a endeudarse

El portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera, cree que se ha «avanzado» y «la presión social ha llegado al Gobierno», pero cree que «no puede ser que la respuesta a quienes vivimos de alquiler sea obligarnos a endeudemos para que los rentistas no pierdan beneficios». Por ello, seguirán adelante con la convocatoria de huelga de alquileres a partir del 1 de abril  «¿Todo el mundo se ajusta el cinturón menos los rentistas y el sector inmobiliario?», se pregunta.
Fuente: Marina Estévez Torreblanca eldiario.es