- Presentan el trabajo de investigación ‘Realojando Derechos. El acceso a una vivienda digna desde la perspectiva de la extrema pobreza’ en Madrid.
- Consecuencias de “la vulneración permanente del derecho a la vivienda que sufren muchas personas que viven en situación de extrema pobreza”.
Para poder tener una casa primero tienes que trabajar. Eso es lo que le aconsejan a José, que nunca ha conseguido vivir en una casa que no sea una chabola. “¿Sabéis lo que significaría para mí poder salir a buscarme la vida sabiendo que cuando vuelva mis hijos estarán allí, seguros, jugando o durmiendo, pero protegidos? (…) Eso no lo he podido vivir nunca hasta ahora. Nunca. Por eso no puedo dedicarme a buscar trabajo de verdad”, contesta. Ana y Carmelo llevan más de cinco años viviendo en el asentamiento de Las Sabinas, en Móstoles. “A nosotros lo que nos daría alegría es que nos metieran en una vivienda digna. Poder llevar a mis niños a un piso donde estén escolarizados bien, donde no estén para arriba y para abajo y que no se lleven los disgustos que se llevan por tener que cambiarles de cole. Estos niños se mueren de tantos disgustos”, cuentan.
Estos testimonios forman parte del trabajo de investigación Realojando Derechos. El acceso a una vivienda digna desde la perspectiva de la extrema pobreza, fruto del trabajo realizado en Madrid desde el año 2015 por la Asamblea de Vivienda Digna para todas las personas, y que ha sido dinamizada por ATD Cuarto Mundo. En la presentación del documento, que tuvo lugar este viernes en la sede de la Fundación Secretariado Gitano, una de las personas presentes demandó: “Estar sin vivienda para nosotros es una enfermedad que no tiene cura. Igual que los médicos hacen todo lo posible por salvar la vida de sus pacientes, así los políticos deberían esforzarse y hacer lo máximo que puedan por dar una respuesta a nuestra enfermedad”.
A consecuencia de la crisis hace años que comenzamos a comprender el drama que conlleva perder una vivienda, pero los autores de esta investigación resaltan que se habla mucho menos de aquellas personas en España, y en concreto en este caso en la rica Comunidad de Madrid, “que viven en condiciones de extrema pobreza desde hace muchos años, incluso generaciones, y que nunca tuvieron posibilidad de acceder a una hipoteca, ni un alquiler a precio de mercado”. Por este motivo, el estudio ha tratado de “revisar una historia que parece ya casi olvidada”, la de los realojamientos de los barrios autoconstruidos, popularmente conocidos como chabolas, centrándose en dos casos separados 20 años en el tiempo: el del Pozo del Huevo (Vallecas) y el actual proceso en Las Sabinas (Móstoles).
Más que en las cifras y los datos, esta investigación se centra en historias y trayectorias de vida que permiten entender las causas y las consecuencias de “la vulneración permanente del derecho a la vivienda que sufren muchas personas que viven en situación de extrema pobreza”. Leer estos impactantes testimonios de las personas afectadas sirve para derribar prejuicios y empatizar con una realidad alejada por incómoda. María, por ejemplo, indica que “no es ocupa, es necesidad” e interpela a quien la escucha: “que no te toque, porque si ves una vivienda vacía y tienes niños y te ves en la calle, por tus hijos te tienes que meter en ella”.
Una de las conclusiones que saca a relucir el informe es que los procesos de realojamiento que han traslado a estas personas de vivienda en Madrid “han generado dinámicas de exclusión y marginalización de la población afectada, con cada vez menos participación por parte de la misma, en contraposición con el proyecto de remodelación de barrios que ha sido liderado por las asociaciones vecinales y constituye una muestra clara de efectividad y respeto de los derechos de quienes participaron en él”.
Además, fruto de la investigación se exigen “cinco compromisos” a partidos políticos e instituciones. Estos son reconocer que la vivienda es imprescindible para acceder a otros derechos; desarrollar alternativas de vivienda adaptadas a las necesidades, ingresos y diferentes modelos de vida y comunidad; eliminar las barreras que impiden el acceso a una vivienda digna a las personas más vulnerables; que mientras la administración no garantice el derecho a la vivienda, apoyar y no penalizar las alternativas que encuentra la gente; y finalmente desarrollar las políticas de vivienda con las personas afectadas por ellas.
Los representantes políticos que estaban en la presentación del informe se comprometieron a escuchar a las personas afectadas y a construir alternativas para garantizar el acceso a vivienda digna de la población más vulnerable. “Ha estado muy bien porque creo que ha habido empatía en aspectos generales. Pero los políticos no pueden quedarse en lo fácil, en decir que han tomado nota (…). Basta ya de políticas sociales que dejan mucho que desear y que vulneran los derechos. Queremos políticas sociales y alternativas habitacionales reales, que tengan en cuenta las circunstancias de las personas”, declaraba una de las asistentes.
Fuente : cuartopoder.es
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