Los costes económicos, sociales y personales de la falta de una política de salud laboral integral son muy elevados
“Funcionarios privilegiados”
La reciente firma de un acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado ha provocado una avalancha de sesudos artículos en el cartel mediático del “trumpismo” patrio acerca del temerario acuerdo que, según ellos, abre las puertas del averno económico y social para España.
Es conocida la perseverancia de estos sectores en presentar la situación de la Administración del Estado en España como un caos, con una masa ingente y descontrolada de funcionarios que, según esta narrativa, serían sanguijuelas del contribuyente porque prestan servicios públicos ineficaces y caros.
El mundo empresarial debe entender que más horas de trabajo no mejoran necesariamente los beneficios empresariales y casi siempre empeoran los beneficios del resto de la sociedad
Dicen que el acuerdo de las 35 horas apunta en esa dirección, convirtiendo a las empleadas y empleados públicos en una casta de privilegiados frente al resto de la población trabajadora.
Pero una búsqueda superficial en la hemeroteca nos muestra la verdadera naturaleza de su confrontación con los acuerdos y con la propia negociación colectiva. En definitiva, no les gusta ningún tipo de acuerdo que demuestre la utilidad de los sindicatos y que consiga mejoras laborales.
Son las mismas plumas que despotrican contra el “aumento del empleo público”, mientras ocultan que España es uno de los países desarrollados con menor proporción de empleo público sobre el conjunto de la población laboral. Poco más del 15 %, frente a países con un alto nivel de desarrollo económico y social que prácticamente duplican esa cifra: Noruega (30 %), Suecia (29 %) o Dinamarca (28 %).
Tampoco ocultan que no les gusta el sindicalismo de clase ni su anclaje en el marco constitucional. No les gusta que los trabajadores se organicen ni que se consigan mejoras laborales y sociales; por eso hacen de los bulos y de la desinformación sus titulares.
El acuerdo de las 35 horas se enmarca en un contexto de diálogo social, referenciado por el Acuerdo Siglo XXI firmado por CCOO y UGT, donde la mejora de los servicios públicos es un objetivo básico
Pero, sin lugar a dudas, lo que menos les gusta es que España cuente con un sistema de servicios públicos que, con sus dificultades y carencias, constituye un motor de cohesión social y de distribución de la riqueza, como la crisis del Covid demostró.
No quieren servicios públicos porque el Estado demuestra que, en muchos casos, es más eficiente y barato que los servicios privados. La razón es obvia: en el ámbito público no es necesaria la plusvalía económica, sino la plusvalía social.
Y ellos, profetas del ultraliberalismo y de la supresión del Estado (sostenido tributariamente por las rentas del trabajo), pierden espacio en sus políticas extractivas de recursos públicos hacia manos privadas.
No luchan contra las empleadas y empleados públicos; simplemente focalizan en ellos su lucha contra los servicios públicos, la cohesión social y los derechos colectivos, tratando de dividir y enfrentar a los trabajadores: los del sector privado contra los del sector público, los trabajadores jóvenes contra los jubilados, las trabajadoras precarias contra los fijos. “Divide et impera”.
¿Cuál es el verdadero significado e impacto del acuerdo de las 35 horas para el personal de la Administración General del Estado?
Los estudios y la normativa preventiva señalan el tiempo de trabajo como una variable que, junto a otras condiciones laborales o personales, correlaciona de forma significativa con la salud de las personas. Por ejemplo, está acreditada su relación con daños como el ictus, los problemas cardíacos, la diabetes, el estrés y diversos problemas psicosociales, entre otros.
Los riesgos laborales en la Administración General del Estado se caracterizan por estar muy relacionados, como no puede ser de otro modo, con las propias actividades laborales, ergonomía en puestos de oficina, agresiones en prisiones, riesgos biológicos en el CSIC.
Pero sin lugar a dudas hay un factor común a todos ellos, son los riesgos psicosociales, que están insuficientemente evaluados y para los que no hay implementadas medidas de organización del trabajo que permitan su prevención.
Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo.
La dimensión de la salud es, por tanto, un eje central de las medidas de adecuación de la jornada de trabajo a las 35 horas semanales en la Administración General del Estado. Como evidencia el hecho de que una menor exposición disminuye el riesgo
Una institución de reconocido prestigio y poco sospechosa de trabajar para el sindicalismo, como es ESADE, destaca que:
“Una buena salud laboral mejora drásticamente la productividad al aumentar la motivación, la concentración y el compromiso de los empleados, reduciendo el absentismo y el estrés. Un entorno seguro y saludable (físico y mental) incrementa la eficiencia, potenciando la calidad del trabajo y el rendimiento empresarial, a menudo con retornos positivos en inversión. Los trabajadores sanos y motivados son hasta un 12 % más productivos.”
Los costes económicos, sociales y personales de la falta de una política de salud laboral integral son muy elevados, provocando un incremento de las enfermedades profesionales, el alargamiento de los periodos de recuperación por incapacidad temporal, jubilaciones anticipadas por incapacidad, cronificación de enfermedades, etc.
Si a la perspectiva de la salud laboral unimos la perspectiva económica, los hechos también son esclarecedores. La reducción de la jornada permite optimizar los tiempos de trabajo, mejora la igualdad de género y favorece la conciliación, todo ello sin pérdida de productividad por unidad de trabajo.
La Administración General del Estado no es únicamente un espacio laboral administrativo. Se caracteriza por un marco profesional muy heterogéneo, con personal civil que abarca un espectro amplio y dinámico de trabajos dirigidos al servicio de la ciudadanía. Por ello, las jornadas de trabajo abarcan desde las normalizadas de horario de oficina por la mañana hasta las de mañana y tarde, además de un buen número de personal que presta sus servicios las 24 horas en sistemas de turnicidad con nocturnidad.
Técnicamente no existe dificultad en armonizar la nueva jornada de 35 horas con esa realidad laboral, sin que necesariamente tenga un coste en personal o implique una menor prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
El acuerdo de las 35 horas se enmarca en un contexto de diálogo social, referenciado por el Acuerdo Siglo XXI firmado por CCOO y UGT, donde la mejora de los servicios públicos es un objetivo básico. Mejorar condiciones laborales y derechos de la ciudadanía no es más caro ni menos eficiente: unos servicios públicos más dinámicos optimizan resultados y mejoran su valor social y económico.
La Administración General del Estado adolece aún de un desarrollo orgánico que aproveche todo el potencial que representan las elevadas capacidades de sus casi doscientas cincuenta mil empleadas y empleados públicos civiles.
El acuerdo de las 35 horas para el personal de la Administración General del Estado no solo mejorará la salud y la productividad de su personal, sino que además tiene el valor de fijar referencias para el resto de las administraciones públicas y servir de acicate para que el mundo empresarial se abra a la modernidad y entienda que más horas de trabajo no mejoran necesariamente los beneficios empresariales y casi siempre empeoran los beneficios del resto de la sociedad.
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Fuente: Chema Lopez, Responsable Salud Laboral CCOO Administración General del Estado, en nuevatribuna.es
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