La Junta adjudica a un ‘fondo buitre’ el transporte sanitario en Huelva y deja fuera al consorcio onubense de ambulancias

La adjudicación a Grupo SSG, controlado por Asterion Industrial Partners, saca del servicio a la cooperativa provincial  y afecta a unas 300 familias vinculadas a su actividad

El PSOE habla de “atraco a la sanidad pública” y “concurso amañado” y denuncia pliegos con requisitos de solvencia “desproporcionados” que dejan fuera al consorcio onubense, mientras Por Andalucía denuncia que los criterios del concurso favorecen a grandes operadores y advierte del impacto laboral y asistencial del modelo adjudicado.

Ambas formaciones coinciden en reclamar la paralización del contrato y la revisión íntegra del procedimiento, cuestionando tanto el diseño de los pliegos como sus efectos, y exigiendo un modelo centrado en la calidad del servicio, la estabilidad laboral y el mantenimiento del tejido económico local.

La adjudicación del transporte sanitario en la provincia de Huelva a Grupo SSG, empresa controlada por el fondo buitre Asterion Industrial Partners, ha sido calificada por la oposición de izquierdas al gobierno popular de Juan Moreno Bonilla como “un auténtico atraco a la sanidad pública” y “un concurso amañado desde el principio”, en una decisión que deja fuera al Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva, la cooperativa onubense que venía prestando el servicio en la provincia, y que afecta a unas 300 familias vinculadas a su actividad.

PSOE y Por Andalucía sitúan esa adjudicación en una “operación diseñada para enriquecer a fondos de inversión a costa de la salud de la ciudadanía”, en la que se estaría “poniendo la sanidad en manos de fondos especulativos”, en lo que describen como “un saqueo en toda regla” ejecutado a través de unos pliegos que, según sostienen, han sido elaborados como un “traje a medida para los de siempre”. Ambos señalan directamente los requisitos de solvencia económica como el punto en el que se produce la exclusión del Consorcio de Ambulancias, que llega a figurar como adjudicatario propuesto y queda fuera al no alcanzar ese umbral, lo que califican como una “patada” a quienes “han sostenido este servicio en nuestra tierra” y un movimiento que consideran “indecente e intolerable” por el impacto directo sobre el tejido económico local.

La sustitución del operador cooperativo por una empresa vinculada a un fondo de inversión internacional no se presenta como un relevo neutro, sino como parte de una “estrategia de recortes y deterioro del transporte sanitario”, que, según las mismas fuentes, incluye la eliminación de recursos considerados esenciales. En ese contexto, el PSOE vincula la adjudicación con la sustitución de ambulancias medicalizadas por vehículos de transporte o taxis en municipios como Villanueva de los Castillejos, Villablanca o Trigueros, describiéndolo como un “recorte salvaje” que “pone vidas en riesgo” y consolida una “sanidad de segunda”, especialmente en el medio rural.

Por Andalucía sitúa esa misma decisión en un modelo que “prioriza intereses financieros frente al servicio público” y que, en su desarrollo, “expulsa” a modelos cooperativos en favor de grandes operadores. La formación incide en que no se trata de procesos separados, sino del mismo procedimiento que primero coloca al Consorcio de Ambulancias en posición de adjudicatario propuesto y posteriormente lo excluye al aplicar los criterios de solvencia económica fijados en los pliegos, señalando que esos criterios favorecen estructuras empresariales de gran tamaño y dejan fuera a operadores con implantación territorial. En ese marco, advierten de que el resultado es la transferencia de un servicio público a manos de “intereses financieros internacionales”, con beneficios que dejan de quedar en el territorio.

La formación de izquierdas destaca antecedentes en otros territorios, como Aragón, donde este modelo ha ido acompañado de críticas políticas, quejas de usuarios, conflictos laborales, retrasos en la prestación del servicio, problemas organizativos, huelgas, sobrecarga de trabajo, falta de medios y presión operativa, elementos que forman parte del contexto en el que se produce la adjudicación en Huelva.

Ambas formaciones coinciden en reclamar la paralización del contrato y la revisión íntegra del procedimiento, cuestionando tanto el diseño de los pliegos como sus efectos, y exigiendo un modelo centrado en la calidad del servicio, la estabilidad laboral y el mantenimiento del tejido económico local, frente a un esquema que, según denuncian, desplaza a operadores arraigados en la provincia y sitúa el transporte sanitario en manos de fondos buitres.

Fuente: revista.lamardeonuba.es