Califican de “inquietante” el fallo del Supremo contra Álvaro García Ortiz y exigen su nulidad. El Manifiesto será presentado el 29 de enero, a las 19h, en el Ateneo de Madrid
150 profesionales del derecho entre magistrados, fiscales, abogados y catedráticos han suscrito un manifiesto pidiendo la nulidad de la sentencia contra el ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El documento, que será presentado el próximo 29 de enero en el Ateneo de Madrid, tacha de “sentencia inquietante” el fallo del Tribunal Supremo “al haberse conculcado gravemente el principio constitucional de la presunción de inocencia y el principio general del derecho in dubio pro reo”.
“Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia”, es el título que encabeza el Manifiesto, y que Nuevatribuna publica íntegro junto con la lista de adhesiones.
Los firmantes consideran que la condena impuesta por la Sala Segunda del TS “suscita serias inquietudes”, en sectores de la ciudadanía, desde la perspectiva del Estado de Derecho, al tiempo que “ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal”.
A su juicio, el fallo vulnera la presunción de inocencia al no sustentarse en pruebas directas, “sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos”.
Por otro lado, añaden que la sentencia prescinde de los testimonios de los periodistas “sobre la base de una desconfianza genérica hacia el secreto profesional”, lo cual “invalida una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”, subrayan.
Por todo ello, “la condena no debió producirse”, al no quedar probada la filtración del correo y no ser la nota de prensa emitida por la fiscalía constitutiva de delito de revelación de secretos.
Los juristas defienden que, en el juicio a García Ortiz, se imponía la absolución conforme al principio básico del derecho de que nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes, por lo que, con la sentencia en firme, reclaman su nulidad en las instancias superiores correspondientes.
El Manifiesto de apoyo al fiscla general del Estado ha sido suscrito por 150 firmantes: 21 fiscales, más los que conforman la Unión Progresista de Fiscales; 20 jueces jubilados; 47 catedráticos, de los que alrededor de 30 son de Derecho Penal; y abogados.
Presentación del Manifiesto – Jueves 29 de enero, a las 19h – Ateneo de Madrid.
Fuente: Isabel García en nuevatribuna.es
Fuente: Elena Herrera en eldiario.es
El Gobierno solicita al Supremo su informe tras las primeras peticiones de indulto al ex fiscal general del Estado
Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida sobre la que el Ejecutivo tiene la última palabra
El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, según ha publicado El País y ha confirmado elDiario.es. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo, un primer paso en la tramitación de este tipo de medidas de gracia. Fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la previsión era enviar el expediente al tribunal sentenciador la semana pasada.
Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales.
Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador.
Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.
En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.
La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, dijo la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena.
Fuente: Elena Herrera en eldiario.es
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