Y todo sigue igual en el Constitucional

Enrique Arnaldo, que trabajó para los gobiernos de Jaume Matas e Ignacio González, y Concepción Espejel, recusada del proceso de la Gürtel por su relación con el Partido Popular, son los miembros propuestos por el partido de Pablo Casado

Tras tres años de bloqueo en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular y PSOE han llegado a un acuerdo, pero para renovar los miembros del Tribunal Constitucional cuyo cargo expira ahora. La renovación del tribunal que tiene la última palabra en la jurisdicción española se ha visto como un avance que pueda llevar en breve a un acuerdo para la renovación del gobierno de los jueces y ya ha contado con el visto bueno de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, lo que prácticamente asegura la aprobación de la Cámara Baja. 

Pero, ¿va a suponer esta renovación un cambio en cuanto a la politización de la justicia? No: el sistema empleado para la elección de los jueces del alto tribunal sigue siendo el mismo —en el caso de estos nuevos miembros, a propuesta del partido en el gobierno y del principal partido en la oposición— y los elegidos —sobre todo dos de ellos— han despertado las alarmas por su vinculación con el Partido Popular.

“Lo que se ha producido es lo de siempre: el reparto entre partidos en función de la afinidad con los políticos de turno; no se han elegido a los juristas con más méritos”, lamenta Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organismo que ya en 2014 presentó una denuncia ante la ONU por el aumento de control sobre los jueces. Ruiz de Lara destaca que, en contra de lo lógico, ninguno de los magistrados elegidos procede del Tribunal Supremo. “Ahora se va a producir la paradoja de que magistrados con un escalafón inferior al Supremo van a decidir sobre recursos de amparo presentados contra sentencias de este”.

Los que se van…

Juan José González Rivas (PP), miembro del Constitucional desde julio de 2012 y presidente del órgano desde 2017, es un magistrado ultraconservador conocido, entre otras cosas, por negar la consideración de matrimonio a una unión entre dos personas del mismo sexo en un voto particular emitido en una sentencia del Constitucional en 2012, siete años después de que el Gobierno Zapatero legalizara el matrimonio homosexual. 

Encarnación Roca (PSOE), llegó al Tribunal Constitucional también en julio de 2017 y accedió al cargo de vicepresidenta en 2017, aupada por los socialistas. En su haber tiene sentencias y votos particulares garantistas de las libertades, como en los casos de quema de banderas y fotos del rey, a la vez que a otras posicionadas a la derecha, sobre todo en relación al Procés. 

Andrés Ollero (PP), por su parte, está vinculado al Opus Dei y fue diputado del PP por Granada hasta 2003. Cuando, también en 2012, fue propuesto por el PP como miembro del Constitucional, sectores de la judicatura alertaron sobre la posible incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos. Sus principales polémicas están relacionadas con el aborto, como el haber avalado la objeción de conciencia para negarse a vender la píldora postcoital.

Por último, Fernando Valdés Dal Ré (PSOE), quien renunció a su silla en el Tribunal Constitucional en septiembre de 2020 después de que fuera detenido por la Guardia Civil y se abriera una investigación contra él por un supuesto caso de malos tratos a su mujer.

Los que vienen…

Ahora, con el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, la balanza sigue estando a favor de las derechas. Los nuevos miembros del Constitucional son Enrique Arnaldo Alcubilla, Inmaculada Montalbán, Juan Ramón Sáez Valcárcel y Concha Espejel. 

Inmaculada Montalbán Huertas (Granada, 1959) es una de las magistradas que acceden ahora al Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE. Entre algunos de sus cargos anteriores está el de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Juan Ramón Sáez Valcárcel, también propuesto por el PSOE, viene de la Audiencia Nacional, donde ha sido ponente en sentencias como la que absolvió al mayor Josep Lluís Trapero. Entre sus resoluciones y votos particulares está la absolución de 19 de los 20 jóvenes de Aturem el Parlament —al restante le impuso una pena de arresto domiciliario por cuatro días—, aunque esta sentencia fue después recurrida y terminó en condena por parte del Supremo. O la absolución de dos personas acusadas de mostrar en una herriko taberna fotos de presos de ETA al entender que las críticas a las políticas penitenciarias y penales son legales y legítimas. También, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, institución de la que fue miembro entre los años 1996 y 2001, apoyó la investigación por los crímenes del franquismo emprendida por el juez Baltasar Garzón.

Hasta aquí, todo bien. Son los otros dos nombres, los propuestos por el Partido Popular, los que han despertado las alarmas.

Enrique Arnaldo llegó a declarar como investigado en una pieza separada del caso Palma Arena por los servicios que prestó al gobierno balear, aunque finalmente la causa fue archivada

Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes, ha trabajado para el gobierno madrileño de Ignacio González y con el balear de Jaume Matas. Incluso llegó a declarar como investigado en una pieza separada del caso Palma Arena por los servicios que prestó al gobierno balear con su despacho Estudios Jurídicos y Procesales, aunque finalmente la causa fue archivada. El nombre de Arnaldo también aparece en el sumario del caso Lezo en conversaciones en las que el nuevo magistrado del Constitucional da a entender que presionará para que sitúen a fiscales afines en las causas que afectan al PP madrileño, según publica el diario Público. “No soy más honrado que ninguno de ustedes pero tampoco menos”, ha defendido Arnaldo en su comparecencia ante el Congreso ante su cuestionamiento como nuevo miembro del Constitucional. 

Arnaldo es catedrático en Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos, institución de la que ha sido rector entre 2002 y 2013 Pedro González-Trevijano, que se prevé como próximo presidente del Tribunal Constitucional, donde es vocal desde su salida de esta universidad. 

Concepción Espejel es conocida por la durísima sentencia impuesta a los jóvenes de Altsasu, de la que fue ponente a pesar de estar casada con un guardia civil, o los tres años y medio de condena impuestos a Valtonyc

Por su parte, Concepción Espejel, la otra magistrada propuesta por el PP, es conocida por la durísima sentencia impuesta a los jóvenes de Altsasu, de la que fue ponente a pesar de estar casada con un guardia civil, o los tres años y medio de condena impuestos a Valtonyc. Pero, en su caso, las alarmas han sonado por su recusación como magistrada en la Audiencia Nacional en el proceso sobre la trama Gürtel. “No fue por proximidad ideológica, esa circunstancia fue rechazada por el pleno, ni por amistad con  María Dolores de Cospedal. Ese  motivo fue desestimado”, explicaba Espejel en su comparecencia. “Fui recusada por haber sido nombrada como vocal del CGPJ a propuesta del PP”, añadía. 

La composición y forma de elección de los jueces del Tribunal Constitucional está señalada en la propia Constitución, en su artículo 159. En esta se detalla que el alto tribunal se compone de doce miembros nombrados por el rey de los que cuatro son a propuesta del Congreso —por mayoría de tres quintos de sus miembros—, otros cuatro a propuesta del Senado —elegidos entre los candidatos presentados por los parlamentos autonómicos—, dos a propuesta del Gobierno y los dos restantes a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Sin embargo, el sistema de elección de los miembros del Constitucional, blindado por la Constitución, no ha salido a debate como sí lo ha hecho el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que, tres años después de que haya expirado el mandato de varios de sus miembros, sigue bloqueado. 

“Yo sería partidario de una reforma en el sentido de que el Gobierno no proponga a los miembros del Constitucional, pero si no quieren cambiar la propia Ley orgánica del poder judicial, como manda Europa, pues el mecanismo de reforma constitucional para evitar estos riesgos de politización me parece todavía más remoto”, concluye Ruiz de Lara.

Fuente: Ter García en elsaltodiario.com

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