Solo 521 de los 17.000 pisos turísticos de Madrid operan legalmente al entrar en vigor el Registro Único de Alquileres
Desde este 1 de julio es obligatorio que los arrendamientos para turistas hayan pasado por el registro del Ministerio de Vivienda y páginas como Airbnb no pueden anunciar los alojamientos sin esta autorización.
Este martes 1 de julio ha entrado en vigor en España el registro único de alquileres de corta duración, una herramienta con la que el Ministerio de Vivienda espera poner coto a la publicidad de pisos turísticos ilegales en ciudades como Madrid, al ser necesaria su inclusión para poder publicitarse en páginas web turísticas.
De acuerdo con este registro, el primer día de aplicación (después de seis meses de adaptación a la norma) solo disponen de este número 521 viviendas de uso turístico figuran inscritas en el registro oficial, frente a las más de 17.000 que se anuncian en plataformas como Airbnb. El dato lo ha revelado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
“Esto evidencia que el fenómeno está completamente fuera de control y que el alcalde, en seis años de mandato, ha sido incapaz de frenarlo”, ha denunciado desde el distrito Centro, una de las zonas más afectadas por la expansión sin control de este tipo de alojamientos.
Maroto acusó a Almeida de permitir una “ilegalidad manifiesta” que tiene consecuencias directas en la convivencia vecinal y en el encarecimiento del alquiler: “Barrios enteros están expulsando a sus vecinos porque estas viviendas ilegales deterioran la calidad de vida y disparan los precios”. En ese sentido, afirmó que alquilar un piso en Madrid “se ha convertido en una misión imposible”.
El Ayuntamiento recibió este lunes la dirección postal de 3.500 pisos turísticos ilegales por parte del Ministerio de Consumo, de los que pidió al equipo de Almeida su cierre inmediato al tener el consistorio las competencias de inspección de estas actividades.
Qué es es Registro Único de Alquileres
Con este registro, que entró en vigor el 2 de enero, el Ministerio de Vivienda busca atajar el fraude en los pisos turísticos ilegales. Todo ello en un contexto marcado por la crisis de vivienda que vive España ante la falta de oferta para atender a una demanda creciente, la consecuente escalada de los precios y las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables.
Con su puesta en marcha, España se convierte así en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha este reglamento europeo. La nueva norma opera desde este 1 de julio -seis meses después de su publicación- sobre alquileres turísticos, de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades, como barcos, que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre que se oferten a través de plataformas en línea.
Una vez iniciado julio, los alojamientos que no tengan este código de registro no podrán mantenerse en activo en las plataformas. Las plataformas están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen con este número sus viviendas, a garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que éste sea visible; realizar comprobaciones aleatorias y periódicas e informar cuando sean negativas o a recoger y transmitir mensualmente los datos de actividad por unidad.
La transmisión de los datos por parte de las plataformas en línea de alquiler de corta duración a la ventanilla única digital de arrendamientos -que centraliza los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos- es de carácter mensual. En el caso de las plataformas pequeñas y microplataformas, los datos se transmitirán al final de cada trimestre.
Fuente: Somos Madrid en eldiario.es
Foto portada: Archivo de tercerainformacion.es
Fuente: David Noriega en eldiario.es
El Gobierno transfiere a la nueva empresa pública 40.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler asequible
Vivienda incorpora miles de inmuebles al parque público tras una evaluación en la que ha determinado “cuáles pueden estar lo antes posible a disposición de la ciudadanía”
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como banco malo, para ponerlos “a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible” de forma “urgente y estratégica”. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una empresa estatal, con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible, tanto para venta como para alquiler.
“Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, por debajo del precio de mercado y, en ningún caso, superando el 30% de los ingresos de las familias”, ha desarrollado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha incidido en que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”. En concreto, el Ejecutivo ha hecho una evaluación de los activos de la Sareb para comprobar “cuáles pueden estar lo antes posible” en alquiler.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado en enero su intención de incorporar a esta nueva empresa pública decenas de miles de viviendas de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahora vamos a devolver a la gente”, afirmó entonces. Bajo esa premisa, la de recuperar “las casas que nunca debimos perder”, el Ministerio de Vivienda lleva meses trabajando en este cambio de titularidad con el “objetivo prioritaro” de “reconstruir el parque público de vivienda”. “Entre salvar a los bancos o salvar a las familias, nuestro modelo es lo público, salvar a las familias”, ha destacado Rodríguez.
La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.
Con el traspaso aprobado este martes en el Consejo de Ministros, la empresa pública de vivienda sumará más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 viviendas. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace, ha dicho Rodríguez, sin coste para el Estado, a través de “una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo”.
Vivienda lleva meses perfilando esta acción, con el objetivo de que las casas y suelos que se transfieran sean útiles ante la crisis residencial que asola al país. En concreto, desde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se han establecido criterios geográficos, como que estén ubicadas en municipios de las áreas metropolitanas y las islas, con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes o de más de 1.000 pero con crecimientos de más del 5% en la última década; económicos, como todas aquellas de hasta 85 metros cuadrados y de hasta 150, si el valor de tasación no supera en un 40% el de la estadística de valor tasado de vivienda; y técnicos, como que los inmuebles no presenten patologías estructurales.
Además, el Gobierno ha habilitado a la empresa pública 593 millones de euros para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos adquiridos y continuar con las compras en marcha para, ha dicho Rodríguez, “conformar ese parque público de vivienda” con carácter permanente.
Fuente: David Noriega en eldiario.es
Fuente: tercerainformacion.es
«Entra en vigor un nuevo parche que no evitará la proliferación del alquiler turístico y de temporada: la Ventanilla Única Digital»
- El registro único de arrendamientos de alquileres turísticos y de temporada, fruto del Real Decreto 1312/2024 (LA LEY 29937/2024) por el que se crea la ventanilla única digital, será de obligado cumplimiento desde este próximo martes, 1 de julio, tras seis meses desde su entrada en vigor a principios de año.
- Esta normativa es consecuencia del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024 (LA LEY 9375/2024), que es directamente aplicable en los Estados Miembros, estableciendo un sistema de regulación de los arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración.
- Las plataformas digitales tendrán que mostrar el número de registro en los anuncios y reportar datos cada mes.
- Los Sindicatos de Inquilinas exigimos la aprobación de nuestra Proposición de Ley para poner fin al fraude del alquiler temporal. Mientras, el Gobierno presenta una falsa regulación sin capacidad de sancionar incumplimientos.
Comunicado Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos
Hoy entra en vigor la supuesta solución del Gobierno al fraude de los alquileres de temporada: la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El Ministerio de Vivienda hace meses que aparca nuestra proposición de ley, que acaba con los incentivos especulativos del alquiler de temporada y habitaciones. En contraposición, plantean un registro de datos de alquiler de corta duración sin ningún tipo de régimen sancionador que persiga los fraudes de ley que se cometen.
¿En qué consiste esta “Ventanilla”? Simplemente es un registro de datos que sirva de correa de transmisión entre la administración y plataformas en línea de alquiler. Los tipos de alquiler que se incluyen en dicha norma son diversos: incluye alquileres de temporada, habitación o de temporada. Ahora bien: la norma no ataca los contratos fraudulentos, sino solo sus anuncios en plataformas online como Airbnb o Booking.
La Ventanilla Única es una implantación del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, prevista para los apartamentos turísticos, no para los contratos de temporada o de habitación.
Además, esta ventanilla nace sin ningún régimen sancionador asociado que suponga un freno real al fraude. Aunque formalmente abre la puerta a aplicar otros regímenes sancionadores ya existentes, no se ha desarrollado un reglamento que indique claramente qué administración dispone de la capacidad de instrucción y de sancionar ante el incumplimiento de las medidas. Tampoco se dota a ningún órgano de mayor número de inspectores para que realicen este trabajo.
La Ventanilla no regula los contratos de temporada
Esta medida surge ante la inacción del Ministerio de Vivienda en el Grupo de Trabajo para la regulación del artículo tres, es decir, los contratos de temporada. El 27 de junio de 2024 los Sindicatos de Inquilinas presentaron una proposición de ley para la regulación de contratos de temporada y habitación en el Congreso de los Diputados. En reacción a aquella presentación, el Ministerio convocó el día 3 de julio al Grupo de Trabajo para anunciar una supuesta regulación de los contratos de temporada sin detallar aspectos técnicos de la implementación de la medida.
Dicho Grupo de Trabajo dejó de convocarse por parte del Ministerio y, desde entonces hasta ahora solo ha habido una serie de improvisaciones para implementar este Reglamento Europeo que en ninguno de los casos viene a regular los contratos de temporada -art.3 LAU- como ordenaba la Disposición Adicional quinta de la Ley de Vivienda. Hay que recordar que el PSOE se negó a la inclusión de la regulación de estos contratos en la Ley de Vivienda cuando habría habido una mayoría parlamentaría.
La ambigüedad de la redacción del Real Decreto y la falta de desarrollo de un régimen sancionador auguran una falta de eficacia de la Ventanilla Única. Hay que recordar que es una medida administrativa que no modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos -modificación necesaria para regular los contratos de temporada y de habitación para que no se pueda trampear la Ley de Vivienda-.
La regulación real de los alquileres de temporada, atascada en el Congreso
Mientras el Gobierno presenta este real decreto como una solución a la crisis de los alquileres de temporada, la proposición de ley que puede poner fin a este vacío de la Ley de Vivienda sigue atascada en el Congreso. Se trata de la reforma de la LAU que regula este tipo de alquileres, incluyéndolos en los límites de precios de las zonas tensionadas y limitando varios tipos de fraude. Es decir, la ley que elimina los incentivos especulativos que hacen crecer el alquiler de temporada. Hace semanas que se cerró el período de enmiendas de esta reforma, pero el PSOE ha decidido paralizarla y aún no ha convocado la ponencia.
Fuente: tercerainformacion.es
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