Varias organizaciones piden que el Ayuntamiento brinde soluciones inmediatas para que no se ejecuten desalojos de familias vulnerables
Decenas de vecinos de distintos barrios de Madrid se han congregado este miércoles frente a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para denunciar los desahucios y las políticas de alquiler que afectan a familias vulnerables. A la protesta han acudido miembros de varias asociaciones, entre ellas la PAH de Vallekas y la Organización de Vivienda de Tetuán, que han alzado la voz contra lo que consideran una “estrategia sistemática de expulsión de familias” de la vivienda pública.
“Nos están echando de nuestras casas. La EMVS sube los alquileres de forma insostenible y nos pone en una situación imposible”, ha explicado María, una de las asistentes, tras insistir en la grave crisis de vivienda que vive el Estado. Otro caso por el que protestan hoy los vecinos es el de Jorge, que enfrenta un desahucio programado para el próximo 11 de diciembre, mientras que su vecina Deli, madre de dos hijas menores, vive bajo la constante amenaza de perder su hogar. Según los manifestantes, estos casos son ejemplos de una problemática más amplia que afecta a numerosas familias que habitan en viviendas públicas gestionadas por la EMVS, como las 260 personas que podrían quedarse en la calle a partir del 1 de enero.
Las organizaciones convocantes han exigido medidas inmediatas para frenar la “crisis habitacional agravada por la gestión de la EMVS”. Entre las demandas están la paralización del desahucio de Jorge, previsto para el próximo miércoles, la asignación de un nuevo alquiler social para Deli que le permita permanecer en su vivienda con sus hijas menores, y la búsqueda de soluciones urgentes para las vecinas afectadas por la rescisión de los programas de pisos de emergencia gestionados por Cáritas en colaboración con la EMVS. “No se puede dejar a familias vulnerables y personas en situación de emergencia en la calle sin alternativas”, insistían los manifestantes.
En este sentido, los colectivos concentrados han querido denunciar las consecuencias de la decisión del Ayuntamiento y la EMVS de rescindir el Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal. Este programa, gestionado por entidades sociales, ofrecía apoyo a 82 familias vulnerables mediante el uso de 200 viviendas municipales para estabilizar su situación socioeconómica. Entre las personas afectadas por esta medida se encuentran mujeres víctimas de violencia de género, familias con menores a su cargo y víctimas de LGTBIfobia, quienes podrían quedarse sin alternativas habitacionales.
Durante la concentración se han escuchado proclamas como “El próximo desahucio que sea en Cibeles” y “Fuera buitres de nuestros barrios”. Los manifestantes critican que la gestión de la vivienda pública en Madrid, en lugar de garantizar el acceso a un derecho fundamental, está empujando a muchas familias a elegir entre pagar el alquiler o cubrir sus necesidades básicas. “Es indignante que algo que debería protegernos nos esté ahogando”, ha señalado Elena, vecina de Lavapiés.
Además de denunciar los desahucios, las organizaciones han puesto el foco en el encarecimiento de los alquileres y cuotas en los edificios gestionados por la EMVS. “La vivienda pública no puede convertirse en un lujo ni en un negocio. Es un derecho”, han reivindicado desde la plataforma.
Al término de la manifestación, las organizaciones han solicitado una moratoria inmediata de los desahucios en viviendas públicas y la implementación de políticas que garanticen alquileres asequibles. A su vez, han solicitado una revisión de las políticas actuales de la EMVS para garantizar que la vivienda pública cumpla su función social y no se convierta en “una trampa para los más vulnerables”.
Fuente: Pol Trilles en eldiario.es
Fuente: tercerainformacion.es
La PAH: exigimos la renovación y mejora de la moratoria de desahucios
El 31 de diciembre termina la moratoria de desahucios vinculada al escudo social y si no se mantiene en el tiempo, hasta resolver el problema de la vivienda, nos enfrentaremos a una nueva pandemia
Durante la pandemia por la COVID-19 el Gobierno aprobó un escudo social (RDL 11/2020) que entre otras medidas contempla una moratoria de desahucios en casos de impago o finalización de alquiler y ocupación que se ha ido renovando, primero cada seis meses y después anualmente. Actualmente está vigente hasta el 31 de diciembre 2024.
Superada la pandemia, lo que no se han superado son la especulación ni los precios abusivos con la vivienda, que provocan que miles de familias sigan ahogadas y una media de 130 desahucios al día, a pesar de tener una moratoria para evitarlos.
Ley de Vivienda (Ley 12/2023) aprobada el 24 de mayo de 2023, se decía que venía a solventar la emergencia habitacional y blindar el derecho fundamental a la vivienda. Como denunciamos desde el momento que la PAH registró su propia ley (junto a 120 organizaciones) en septiembre de 2021, y cuya tramitación fue impedida por los mismos socios de Gobierno que impulsaron la actual, no ha sido así. Lo demuestra todo el problema de los pisos turísticos para eludir la regulación del alquiler, una regulación que los gobiernos de la derecha se niegan a aplicar en la mayoría de CCAA, provocando que el alquiler siga subiendo.
La falta de alternativa habitacional para las familias desahuciadas, ya que “no hay vivienda’’ ni mecanismo que marque cómo hacer efectiva la recuperación por parte de las familias vulnerables de pisos vacíos de GT. La recuperación para uso social debe ser una obligación de la Administración Pública, a través de la cesión de uso por emergencia, o la compra directa por la misma razón (que se refleja en la Constitución por un beneficio colectivo y necesidad de emergencia). Todo esto, junto a la no promoción real de vivienda social y asequible, más allá de promesas y titulares, demuestra la incapacidad de una ley que tenía que ser pionera en el derecho a la vivienda y se queda en un mero escrito de diferentes artículos en un papel, incapaz de ser cumplida y que claramente no afronta ni da solución a un problema que ya no se puede eludir más.
Desde la PAH, viendo cada día a gente siendo desahuciada, al tiempo que algunas medidas de protección del escudo social están terminando y viendo cómo se acerca el fin de la moratoria de desahucios, exigimos:
- Debe ser una medida estructural no limitada en el tiempo. No puede ser temporal ni continuar ligada a la COVID-19 y a la guerra de Ucrania.
- Debe ser más clara y contundente la valoración de vulnerabilidad hecha en Servicios Sociales, evitando así la interpretación final de algunos jueces que optan por omitirla y tirar adelante con el desahucio.
- La situación estructural tiene que durar el tiempo suficiente hasta que la Administración Pública, Estatal o CCAA, hayan previsto y garantizado la alternativa de dar una solución o alternativa habitacional digna.
- Tener en cuenta que es la única cobertura posible para miles de familias vulnerables que, por cierto, existen en este país, para garantizarles un techo.
- Es conveniente alertar del abusivo sistema de compensaciones a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables. Este mecanismo implica un desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitre, haciendo necesaria su modificación a fin de co-responsabilizar, al menos, a los grandes tenedores de vivienda sobre un problema que ellos mismos han creado a través de la mercantilización de la misma.
Si no se amplía la moratoria de desahucios ni se tienen en cuenta estas medidas, volveremos como mínimo a los casi 250 desahucios diarios de 2019, el último año que estuvimos sin esta protección.
Queremos compromisos claros y definitivos sobre lo que exponemos.
Fuente: tercerainformacion.es
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