El Observatorio Estatal de la Dependencia denuncia que nueve comunidades han reducido sus aportaciones al servicio de dependencia aprovechando el incremento de la financiación estatal
Casi 300.000 personas esperan hoy la atención a la dependencia. La inyección extra de 4.000 millones de financiación estatal en los últimos tres años no ha supuesto una mejora sustancial en el sistema y, solo en 2023, 40.447 personas murieron en una lista de espera para recibir estas ayudas. 110 personas al día; una cada 13 minutos.
Así se desprende del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales desde 2007, que denuncia el abandono de decenas de miles de personas que pasan en una lista de espera una media de 324 días en España.
Desde la organización destacan el Plan de Choque aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales en 2021, que aumentó la financiación en más de 600 millones de euros anuales con el objetivo de reducir las abultadas listas de espera, los interminables tiempos en la resolución y «la escasa cuantía o intensidad de sus prestaciones y servicios». Esto ha permitido que, desde entonces, el número de personas en el Sistema de la Dependencia haya aumentado en 290.000 hasta alcanzar más de 1,5 millones de personas con derecho a prestación a finales de 2023.
Sin embargo, denuncian desde el Observatorio, «el incremento de financiación estatal acumulado entre 2020 y 2023, que asciende a 3.793 millones de euros, ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema». Así, a finales del año pasado, 296.431 personas se encontraban en una lista de espera, un 60% esperando la prestación de servicio y, el resto, esperando a ser valoradas.
Desde 2020, el tiempo medio en una de estas listas se ha reducido en 97 días, aunque en comunidades como Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia, la media supera los 12 meses, y llega a más de 20 en el caso de Canarias.
Asimismo, el estudio subraya que «los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del sistema». Entre los diferentes datos, desde el Observatorio denuncian que la cuantía media que reciben quienes cuidan a un familiar en situación de dependencia en su propio domicilio es de 240,17 euros, lo que consideran totalmente insuficiente para atender las necesidades de una persona dependiente; una tarea que, añaden, recae el 73% de las veces en las mujeres. En el caso de las prestaciones para el servicio de una plaza residencial, la cuantía es de 575 euros de media, «menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España».
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales también señalan que nueve comunidades han reducido su aportación aprovechando el incremento de la financiación estatal, unos hechos que podrían explicar los resultados «limitados» del Plan de Choque. Catalunya se sitúa a la cabeza con una reducción de 57,3 millones de euros, a la que le siguen Andalucía (-51,6M), C. Valenciana (-40,6M), C. Madrid (-15,0M), Extremadura (-11,0M), Asturias (-10,8M), Cantabria (-8,7M), Castilla y León (-7,4%M) y Murcia (-1,0M).
Las diferencias entre regiones son sumamente abultadas y mientras que comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha logran una puntuación de 8,3 puntos sobre 10, Catalunya y Murcia solo consiguen 1,7 puntos. Así, la comunidad catalana acumuló el 30% de las personas que murieron en una lista de espera de atención a la dependencia. No se aprecian diferencias sustanciales entre las regiones gobernadas por unos partidos u otros y, entre las que peor puntuación logran, hay comunidades que el pasado año estuvieron gobernadas por PSOE, Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco o el Partido Regionalista de Cantabria.
El Observatorio asegura que, al ritmo actual, se tardaría más de 8 años en lograr la plena atención de las personas dependendientes. Ante ello, solicitan «amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley»: «Sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, una gestión errática o intereses cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española en los últimos años, se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo las personas dependientes. Hay que recordar que cada 13 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo«, apuntan en el informe.
Fuente: Dani Domínguez en lamarea.com
Foto portada: Archivo de CAM
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