El gobierno anunció el lunes 15 que son ya 900.000 las solicitudes presentadas. Días antes, el movimiento Regularización Ya presentaba una Proposición No de Ley para ampliar los plazos y eliminar las principales trabas que se están encontrando
Los números han cuasi duplicado las expectativas, al final han sido muchas más del medio millón de solicitudes estimadas las que se han presentado en el proceso de regularización extraordinaria que comenzó el 15 de abril y concluirá, en principio, el próximo 30 de junio. 900.000 personas han aprovechado el primer proceso de este tipo en más de dos décadas para acceder a la documentación que le permita figurar administrativamente en territorio español.
Así lo anunciaba el gobierno el pasado lunes 15 de junio. Se trata de una cifra que no solo supera lo esperado, sino que está por encima de la alcanzada en los anteriores procesos extraordinarios de regularización. En conversación con EFE el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrecía otras cifras: serían ya 360.000 los expedientes admitidos a trámite. La propia ministra y portavoz del gobierno, Elma Saiz, celebraba tras el Consejo de Ministros del martes 16, una regularización extraordinaria que pondría a España “a la cabeza de la justicia social en el mundo”.
Mientras desde el gobierno se felicitan por la marcha del proceso, quienes han luchado por más de seis años porque esta regularización saliera adelante, y ahora invierten gran parte de su tiempo para acompañar a las personas migrantes en los trámites necesarios, consideran que aún es pronto para celebrar. El pasado 10 de junio Regularización Ya presentaba una Proposición no de Ley para garantizar que, como insiste el ejecutivo en sus discursos, nadie quede atrás. Y es que en su labor diaria, acompañando a personas migrantes en el proceso de regularización, entidades colaboradoras, redes y colectivos, se encuentran con brechas difíciles de afrontar.
Una PNL para que nadie quede fuera
“Hemos registrado en el Congreso para su urgente debate y aprobación una PNL para exigir que la regularización extraordinaria no se convierta en otro mecanismo excluyente y para que se apliquen medidas de corrección sobre los requisitos de acceso”. Así se expresaba el movimiento Regularización Ya en una publicación en sus redes, en la que explicaban que la iniciativa cuenta con el apoyo de las mismas formaciones que apoyaran en su momento la Iniciativa Legislativa Popular por la Regularización: Podemos, Sumar, el BNG, ERC y Bildu.
En vista de los diversos obstáculos que se está plantando en el proceso de regularización, quienes arrancaron el compromiso al gobierno para abrir finalmente el proceso de regularización extraordinaria gracias al acuerdo entre el PSOE y Podemos, insisten en una serie de medidas necesarias para que, efectivamente, nadie se quede afuera. Para ello, se basan en la experiencia de estas semanas en las que han podido identificar cuáles son los principales escollos para que el proceso avance con éxito.
“Quedan tres semanas para el cierre del proceso y hemos detectado: demoras en la admisión a trámite de expedientes, pocas resoluciones favorables, falta de citas para la toma de huellas, burocracia excesiva en las Administraciones, inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales, deportaciones puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo”, enumeran antes de exigir una prórroga más allá del 30 de junio.
La agilización de los trámites de legalización en los consulados españoles, dedicar más recursos a las citas para toma de huellas, detener las órdenes de expulsión mientras esté abierto el proceso de regularización, o evitar que los antecedentes policiales que ni siquiera han sido judicializados impidan el trámite de los expedientes, son las principales demandas del movimiento. También en el ámbito de los certificados penales, reclaman que se agilice el proceso de apostilla de estos documentos cuando son emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En su publicación, el movimiento insta a que la PNL sea contemplada de urgencia en el Pleno, e invita al PSOE a respaldar esta iniciativa.
Bajo las cifras
Silvana Cabrera, una de las portavoces de Regularización Ya, conoce bien de lo que habla, pues lleva experimentando cada uno de los obstáculos denunciados desde que se abriera el proceso, a través de su labor en la sede valenciana de SEDOAC, una de las decenas de entidades colaboradoras que se dieron de alta en el registro para acompañar a las personas migrantes en su proceso de regularización. Tras unas primeras semanas de caos, en las que tuvieron que organizar la afluencia incesante de personas y afrontar la inclusión en el último momento del certificado de vulnerabilidad como requisito, entidades como la suya ya tienen un claro diagnóstico de cuales son las principales dificultades que enfrentan las personas que desean tramitar su regularización.
Entre ellos, la cuestión de los antecedentes penales es fundamental, con países que están impidiendo el acceso al documento, como Argelia. Hay otra disfunción grave que está afectando a las familias: la necesidad de que los padres firmen la solicitud de regularización de sus hijas e hijos. “Hay que hacer una campaña para que las madres pongan solamente a su nombre a los hijos, y hacer otra campaña de vasectomía a todos los varones”, ironiza Cabrera, hastiada ante una situación que se repite cada día: Madres que no pueden regularizar a sus hijos porque el proceso exige la firma de un padre que muchas veces, o no está localizable, o directamente usa esta prerrogativa como un mecanismo de control. “También hay casos muy terribles en los que el padre simplemente no puede firmar” explica Cabrera, y pone el ejemplo de un padre salvadoreño que fue apresado en las redadas en este país contra los barrios pobres, y lleva dos años encerrado e incomunicado con su familia.
Hay otra disfunción grave que está afectando a las familias: la necesidad de que los padres, en muchos casos ausentes, firmen la solicitud de regularización de sus hijas e hijos
En todo caso, el tiempo es poco y las casuísticas múltiples, con un contexto de fondo marcado por el belicismo y la inestabilidad política: “esto hace que en muchísimos países sea prácticamente imposible conseguir los antecedentes penales”, continúa la activista, poniendo como ejemplo el caso de Siria. Frente a la dificultad de completar los requisitos, conscientes de la breve “ventana de oportunidad”, y de que todo error o falta de información puede conllevar un alargamiento angustioso del proceso, “estamos intentando que los expedientes vayan lo mejor montados posibles”. Se trata de ponérselo fácil a la administración de manera preventiva, ante el eventual escenario de un verano marcado por requerimientos de información o recursos contra las decisiones de la administración.
Y es que desde las entidades colaboradoras ya han catado el ritmo de las administraciones, es en base a esto que exigen una prórroga, pues “esto va muy lento, muy lento. No se está cumpliendo el compromiso de recibir la admisión a trámite en 15 días”, denuncia la activista en base a su experiencia: “Están tardando más de un mes en dar la admisión a trámite, ahora mismo está yendo a cuentagotas”. De hecho, aún tramitando solicitudes desde el minuto uno, en SEDOAC aún no han pasado de la petición de tasas, que sucede tras la admisión a trámite, es decir, aún no han visto ninguna resolución favorable.
Otras barreras de las que están siendo testigos son las dificultades que encuentran las personas para liberar tiempo para el trámite, cuando se hallan en situaciones de explotación laboral —y recalca el caso de las empleadas del hogar y los cuidados o los trabajadores del campo, sectores que emplean sobre todo a personas migrantes— generando un marco que además dificulta el acceso a documentos que demuestren que se tiene trabajo. Por otro lado “en los municipios más alejados no hay prácticamente entidades ni oficinas para poder meter la documentación en los horarios que estas personas pueden tener libres, que en muchos casos son solo los domingos”.
Cabrera recuerda que toda estas dificultades las están afrontando organizaciones como la suya, que además deben encargarse de requisitos como los certificados de vulnerabilidad. “Nosotras que somos una entidad pequeñita, llevamos como mil certificados”, mientras, puede contar con los dedos de una mano los certificados que ha visto tramitados desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Personas en el alambre
Desde la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, una entidad que acompaña en los trámites, María —no es su nombre real— narra cómo la demora en las respuestas está generando bastante ansiedad entre personas “que están en circunstancias muy vulnerables”. La activista señala el caso de un asentamiento ubicado en esta localidad en la periferia de Madrid, cuyos residentes se enfrentan a una eventual expulsión, y aún no tienen respuesta sobre sus expedientes: “Se encuentran en una situación bastante en el alambre”. La activista cuenta cómo, tras un principio en el que les llegó gente rebotada tanto de entidades más grandes como de los servicios sociales del Ayuntamiento, han pasado a un goteo de casos, eso sí, llevando consigo las situaciones más complejas.
De nuevo aparece el caso de madres que no pueden regularizar por la falta de firma del progenitor: “estamos acompañando a una mujer que tiene cinco hijos, tres son mayores de edad y dos son menores. Su papá está en Perú en prisión”. El resultado: los hijos mayores y la madre han tenido que tramitar sus solicitudes individualmente, mientras los dos menores seguirán en situación irregular.
A dos semanas de que finalice el plazo, muchas personas se ven en “un clima de agobio máximo” pues temen que les caduquen algunos documentos mientras intentan completar los requisitos
A la asociación aún no han llegado requerimientos, pero a sus activistas les preocupa que los expedientes entregados hayan sido suficiente sólidos en cuanto a la demostración de residencia en el país. “Nos inquieta mucho el hecho de que ha habido bastante ambigüedad en cuanto al tema de si se tenía que justificar la presencia en el territorio en cada uno de los últimos cinco meses, o si esto no era necesario para las personas que ya contaban con el empadronamiento”. La inseguridad se vio incrementada porque en una ocasión, en Correos, se les señaló que a la persona le faltaba aportar documentación para justificar dos de los meses de residencia en el país, algo que al menos en este caso la propia asociación puedo certificar en base a su relación con esa persona.
María considera que la administración no ha sido capaz de prever las complicaciones que iban a derivarse de los requisitos planteados. Complicaciones que, a dos semanas de que finalice el plazo, provocan “un clima de agobio máximo” con personas que temen que les caduquen algunos documentos mientras intentan completar la documentación u otras que no han podido acceder a antecedentes penales, como es el caso de varias personas nigerianas a las que han atendido. “Lo que se ha entregado es un justificante de que se ha ido a la embajada a solicitarlos y ya está”, no saben si esto bastará.
Complejidades que desbordan requisitos y plazos
Desde Madrid, Inés —no es su nombre real— está viviendo el proceso desde dos espacios distintos: de un lado una ONG de tamaño medio, habilitada como entidad colaboradora, y de otro lado, como integrante de la Comisión de Inmigración y Antirracismo del 8M, desde donde también están acompañando a las personas con la regularización.
Esta activista también señala que los casos que les llegan han bajado cuantitativamente —sobre todo respecto a quienes precisaban de informes de vulnerabilidad— pero que se han complejizado: “Son personas que han tardado, o porque no tienen pruebas para mostrar su residencia en los últimos cinco meses, o por las dificultades que les ponen los empleadores para salir”.
Las familias con padres ausentes vuelven a aparecer como las idiosincrasias más complicadas, “creo que hay una violencia implícita en muchos casos porque los padres no quieren dar la autorización. Estamos haciendo un poco de mediación e intentando llamar y hablar con estas personas para explicarles que no es por sus parejas que tienen que firmar, sino por sus propios hijos e hijas, que es en beneficio de ellas. Y bueno, en algunos casos no hay manera”.
La diversidad y complejidad de las diversas trayectorias migratorias confrontan con unos requisitos que a menudo no son fáciles de satisfacer
Desde la organización donde trabaja, han intentado incluso extender la mediación a otros familiares, incluyendo a las antiguas suegras, “para que estas personas faciliten que el padre quiera dar el poder”. En un par de casos, relata la activista, están buscando soluciones alternativas, adjuntando declaraciones juradas en las que se explica la situación y con las que se intenta ganar tiempo para juntar la documentación necesaria cuando les sea requerida.
Inés considera que la diversidad y complejidad de las diversas trayectorias migratorias confrontan con unos requisitos que a menudo no son fáciles de satisfacer: personas de nacionalidades minoritarias que tienen problemas para acceder a la documentación de su país de origen, menores —y la activista señala dos casos— que residen en el país sin la figura de un tutor legal, aunque estén al cuidado de una persona de su comunidad, y que por tanto no podrán acceder a la regularización.
Mientras tanto, sí que están recibiendo algunas resoluciones favorables, entrando ya en la fase del pago de tasas, con lo que esto implica: completar formularios, imprimirlos, dirigirse al banco y pedir una nueva cita para presentar el pago. Su experiencia es que la gente está consiguiendo cubrir el pago de tasas, y para gastos mayores, están funcionando las cajas de resistencia, en el caso de Madrid, desde la articulación antirracista.
Para los casos más complejos, o en los que falta documentación, a medida que se acerca el fin del plazo, están considerando presentar los expedientes, aunque sea incompletos, con la idea de subsanar después, ya con más margen. Entre estos casos más complejos, se encuentran, de nuevo, los que tienen que ver con la imposibilidad de acceder a antecedentes penales: “Están llegando casos de países que no tienen la Apostilla de La Haya y que por tanto requieren legalizaciones en el país de origen: tenemos casos de Etiopía, Argelia, Ghana, Angola. Haití y quizás Arabia Saudí”.
También hay quienes sí están consiguiendo estos antecedentes penales, “pero una de las últimas firmas o sellos que necesitan son las del Consulado de España en el país y les están dando citas para julio o para agosto”. En definitiva, se están yendo de tiempos: “Nuestra solución es hacer una declaración jurada explicando esta situación y adjuntando los penales como se tienen en este momento, sin traducción, evidentemente, y con la cita en la embajada española para tal fecha. Explicando que en cuanto se tenga toda esta documentación se va a presentar”.
Se prevé un verano intenso
Valeria pertenece al Comité de Regularización Ya de Gran Canaria. En marcha desde la campaña por la ILP, no son una entidad colaboradora, sino que, como está sucediendo en todo el territorio, son otro colectivo que informa y acompaña a las personas que desean regularizar su situación. “Desde aquí notamos que las incidencias en la Península son bastante mayores. Pero creo que es también por la cantidad de gente”, valora.
En el comité hacen permanencias todos los martes desde que comenzó el proceso. Se encuentran en un café de Las Palmas, y cuentan con dos abogadas que les han dado formación para que puedan acompañar en el trámite: “la gente viene con sus papeles. El perfil aquí es muchas personas de Sudamérica en general, la mayoría de Colombia y Venezuela. Les ayudamos con todo lo que les falte. Les pedimos la cita, porque las citas son todas a través del certificado digital y claro, muchísimas de estas personas no lo tienen. Después les vamos haciendo el seguimiento hasta que meten su solicitud”. También, en menor medida, han acompañado casos de personas marroquíes y del resto de África, pero Valeria apunta que muchas de estas personas se acercan a organizaciones en las que pueden encontrar a gente que hable su idioma.
Valeria explica que en Canarias no hubo tanto problema con el certificado de vulnerabilidad, aunque considera que esto ha sido también gracias a que, como en el resto del territorio, son las entidades colaboradoras las que asumieron la mayor carga. Una carga que asumieron, también, porque a veces en las administraciones han encontrado un exceso de ánimo fiscalizador. “En correos también vimos funcionarios que actuaban como técnicos de extranjería, diciéndole a la gente, si no tienes estos documentos no puedes presentar tu solicitud”, Valeria recuerda que es la UTEX (Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería) quien debe evaluar la documentación. “Por lo visto el funcionariado que recibe las solicitudes tuvo muy poca formación, entonces yo creo que ellos también tenían miedo de hacerlo mal”.
“Una cosa es el proceso de meter los papeles, sí, pero todo lo que viene después y que además va a ser en verano, va a quedar en manos de las entidades colaboradoras”
La insularidad genera otras dificultades, explica Valeria, quien narra los casos de personas que han perdido sus pasaportes y que deben tomar un vuelo a Madrid para poder acudir a sus embajadas, algo que a veces es difícil económicamente, o que simplemente no se puede hacer, pues necesitan del documento para viajar. Por otro lado, sienten el colapso en algunos trámites, como la cita para las huellas.
De hecho, colapso es un término que no resulta ajeno al ámbito de las citas que tienen que ver con extranjería, considera Valeria: “Hay un colapso sistémico en las oficinas de extranjería que venimos denunciando”. La activista considera que el gobierno ha puesto más énfasis en la comunicación de lo que presentan como un hito histórico que en la provisión de medios para que la gestión de miles de solicitudes se complete con éxito.
“Porque además, una cosa es el proceso de meter los papeles, sí, pero todo lo que viene después y que además va a ser el verano, va a quedar en manos de las entidades colaboradoras”, vaticina, máxime cuando, en base a su experiencia, coincide en que las respuestas están sobrepasando los 15 días comprometidos para la admisión a trámite. Una lentitud que tiene nerviosa a la gente que está esperando para poder empezar a trabajar.
Fuente: Sarah Babiker en elsaltodiario.com
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