La asociación denunció a la cadena de inmobiliarias en noviembre de 2023 por imponer el pago de un “servicio de atención al arrendatario”

Tras la denuncia presentada por Consumidores en Acción, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente sancionador a la cadena de inmobiliarias Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación en materia de alquileres tras la promulgación de la ley de vivienda.
FACUA denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”.
La empresa ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda. Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa.
La asociación también denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica no le ha aclarado si llevó a cabo actuaciones al respecto.
Desde la Dirección General de Consumo del Ministerio de se señala que la iniciación del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación. FACUA ha tenido conocimiento por fuentes ajenas al ministerio de que Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción. La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe.
Desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en mayo de 2023 para prohibir el cobro de honorarios a los inquilinos, Consumidores en Acción ha denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante distintas administraciones de consumo, pero casi todos los casos siguen a la espera de respuesta.
La única multa que había trascendido hasta hoy tuvo un importe ridículo. Se trata de los 1.000 euros aplicados a mediados del año pasado por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a la inmobiliaria Adamas Home como consecuencia de otra denuncia de FACUA. El importe de la sanción, que podía reducirse a 600 euros si la empresa reconocía los hechos, era el equivalente a la cantidad obtenida de forma fraudulenta por la inmobiliaria al cobrar honorarios a un solo inquilino.
Por su parte, el Ministerio de Consumo mantiene abiertas desde el pasado octubre investigaciones sobre otras cadenas de inmobiliarias que operan en varias comunidades autónomas o en todo el territorio nacional contrarias a la legislación que protege los derechos de los inquilinos y les ha efectuado un requerimiento de información.
El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta norma provocó una modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Fuente: facua.org
