Soterramiento de la A-5, el detonante de un conflicto soterrado

Vecinos del Sur Metropolitano denuncian desigualdad y exigen una movilidad justa ante el soterramiento de la A-5

“Tras casi un año de obras, el soterramiento de la A-5 solo parece atender a intereses especulativos…”. Con estas palabras comunicaba recientemente mi decisión de presentar una demanda ante el Defensor del Pueblo en relación con los perjuicios que sufrimos los habitantes del Sur Metropolitano desde que dieron comienzo los movimientos de tierras para soterrar la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura.

La causa de este conflicto constituye, en sí misma, una agresión grave contra la dignidad de quienes tienen que desplazarse por esa vía día tras día y tiene la envergadura suficiente como para motivar una respuesta social.

Una reducción drástica de la capacidad de circulación, limitaciones de velocidad, cortes constantes en accesos y salidas, y desvíos provisionales han convertido la vida cotidiana en un calvario para miles de personas. Estos hechos generan embotellamientos diarios, pérdida de tiempo y una merma considerable en la movilidad de los residentes en Alcorcón y municipios cercanos.

Como” solución” provisional, el Ayuntamiento de Madrid decidió reconfigurar el transporte público interurbano que conecta Alcorcón y otros municipios con la capital limitando el acceso a las líneas de autobuses que anteriormente llegaban al intercambiador de Príncipe Pío y que, actualmente, se quedan en Cuatro Vientos. Este cambio unilateral deja a los viajeros a mayor distancia del centro de Madrid, incrementando significativamente los tiempos de desplazamiento, y obliga a realizar transbordos en un espacio que carece de infraestructuras adecuadas de espera, exponiendo a los usuarios a condiciones meteorológicas extremas (olas de calor, frío, lluvia) sin protección alguna. Recientemente, como raquítica respuesta a una creciente indignación ciudadana, el consistorio madrileño de Martínez Almeida ha instalado unas no menos raquíticas marquesinas que a duras penas protegen a quienes esperan la llegada de su autobús.

Todo este plan implica un trato indigno hacia los usuarios del transporte público desincentivando en la práctica su uso y dando prioridad al transporte privado. No cabe duda de que ahí hay un claro sesgo ideológico.

Pero la demanda presentada ante el Defensor del Pueblo va más allá un agravio puntual; reducirlo todo a las incomodidades de una obra sería quedarse en la superficie. En realidad, lo que se oculta tras este conflicto es toda una dinámica que, durante años, ha condenado a los y las habitantes del Sur Metropolitano a una situación de discriminación. Lo que ocurre en la A-5 es la expresión de un problema más profundo: la desigualdad territorial en la Comunidad de Madrid y el abandono sistemático del Sur Metropolitano. Y las obras de soterramiento de la carretera han hecho aflorar desigualdades que durante años permanecieron soterradas.

La región madrileña se ha consolidado como uno de los espacios metropolitanos más dinámicos de Europa, pero este crecimiento no es homogéneo. Los recursos y las inversiones se concentran en el centro, el norte y el oeste, mientras que el Sur, donde vive más de una quinta parte de la población madrileña, arrastra déficits históricos en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. No hablamos de un desequilibrio casual ni coyuntural, sino del resultado de una política autonómica sostenida en el tiempo que privilegia determinados territorios y condena a otros a un papel subalterno. Baste decir que la inversión pública prevista en un proyecto como la operación Chamartín (ahora conocido como “Madrid Nuevo Norte”) supone casi 2.000 millones de euros que salen del bolsillo de todas y todos los madrileños. También de los del Sur.

Frente a eso, en el Sur Metropolitano sufrimos el lamentable estado de la línea C5 de Cercanías, con infraestructuras obsoletas y descuidadas, averías constantes y un servicio saturado; y también el deficiente funcionamiento de Metrosur, con frecuencias muy por debajo de la demanda real, generando largas esperas y aglomeraciones.

Una de las grandes inversiones en el Sur Metropolitano corresponde a un proyecto inconcluso y abandonado que agrava la situación. Me refiero al caso paradigmático de la ampliación de la línea C5 a Navalcarnero, iniciada hace más de 15 años, con más de 160 millones de euros gastados sin resultado, de un presupuesto inicial superior a 360 millones. El proyecto permanece paralizado, tras sucesivos episodios de corrupción, intereses urbanísticos y negligencia administrativa, con perjuicio directo a los ciudadanos y ciudadanas del Sur. El modelo de gestión del PP madrileño en su peor versión.

Simultáneamente, el Estado ha destinado ya más de 1.000 millones de euros al rescate de las autopistas radiales quebradas, con previsiones de hasta 3.700 millones de euros en costes totales, mientras que los vecinos de Alcorcón deben seguir pagando peajes si desean utilizar esas vías, sin que exista una compensación equivalente en infraestructuras públicas de transporte colectivo.

Todo ello me ha llevado, como he dicho, a presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo.

Con ella le solicito que, en primer lugar, investigue y emita recomendaciones a las Administraciones competentes (Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) para que se garantice una movilidad adecuada, digna y segura para los ciudadanos del Sur Metropolitano y, en particular, para las vecinas y vecinos de la ciudad de Alcorcón.

Asimismo, le pido que inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a reforzar la línea C5 de Cercanías y a promover, con urgencia, un plan de inversiones para su modernización, incluyendo, en su caso, el proyecto de ampliación hasta Navalcarnero. Eso sí, garantizando, en todo caso, la transparencia en la gestión.

También le solicito que requiera a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes un refuerzo inmediato de las líneas de Metrosur, así como que les demande la ampliación de la línea 10 de metro hasta Móstoles y refuerce las líneas de autobuses interurbanos, con más vehículos y mayor frecuencia; y, por supuesto, que solicite al Ayuntamiento de Madrid la revisión de la medida que obliga a los viajeros a finalizar su trayecto en Cuatro Vientos en condiciones indignas, recuperando el acceso al intercambiador de Príncipe Pío.

Finalmente, le pido que promueva la creación de una Mesa Territorial de Transporte, integrada por el Ministerio, la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes, los Ayuntamientos de Madrid, de Alcorcón y demás municipios del Sur Metropolitano, con presencia de asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones empresariales y cuantos organismos tengan competencia. Esta Mesa podría contar con arbitraje del propio Defensor del Pueblo, y con una agenda específica encaminada a solucionar problemas mediante acciones como el acondicionamiento de lanzaderas con carriles reservados; la gratuidad del abono de transporte y en el acceso a la R5 durante la ejecución de las obras; la habilitación de nuevas líneas de autobuses interurbanos; el incremento de frecuencias, tanto en autobuses como en Metro y en Metrosur; así como cuantas otras medidas contribuyan a solucionar o a mitigar los efectos de la obra.

Le transmito igualmente mi interés, que es nuestro interés, en que promueva las acciones necesarias, en el medio y largo plazo, con el fin de mejorar la calidad del transporte de las vecinas y vecinos de Alcorcón y del conjunto de los y las habitantes Sur de la Comunidad de Madrid.

Le pido que se reconozca, en definitiva, el derecho a una movilidad justa y equitativa de acuerdo con los principios de igualdad y cohesión territorial.

Fuente: Raquel Rodríguez Tercero | Concejala del Ayuntamiento de Alcorcón en nuevatribuna.es