Tras un año de parón, los agentes sociales vuelven a la mesa de negociación. Los sindicatos empujan para derogar las partes de la reforma laboral que dejó herida de muerte la negociación colectiva.
Tras un largo paréntesis de casi un año, vuelven las negociaciones para derogar los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral. Este 17 de marzo, los sindicatos mayoritarios, Gobierno y patronal se sientan para retomar el debate donde lo habían dejado cuando comenzó la crisis del covid-19. En medio, dos movilizaciones sindicales para que el Gobierno reactive la mesa de negociación, acusaciones al Ejecutivo de “menospreciar” el diálogo social y la aprobación de una enmienda en la Comisión de Reconstrucción del Congreso favorable a la derogación de la reforma laboral que duró apenas una hora, el tiempo necesario para que el PSOE cambiara el voto y se alineara con PP, Vox, Ciudadanos y JxCAT. La derogación de la reforma laboral o de parte de ella está entre las promesas del presidente Pedro Sánchez desde su primer gobierno en 2018, mucho antes de que Unidas Podemos entrara en La Moncloa. Sin embargo, poco se ha avanzado desde entonces.
Después de que el Ministerio de Trabajo haya conseguido un acuerdo entre sindicatos y patronal para regularizar la situación de los riders —el principal motivo sostenido por el Ministerio para retrasar el reinicio de las negociaciones— ahora “empieza la gran tarea de transformación y de reformas estructurales”, declaró la ministra Yolanda Díaz. El debate sobre la “modernización” del mercado laboral español vuelve a estar sobre la mesa, ahora teñido por las incertidumbres sobre el futuro de la ministra Yolanda Díaz, las luchas de poder en el gabinete de Pedro Sánchez y el reparto de los millonarios fondos europeos.
“Modernizar el modelo laboral pensando en el siglo XXI requiere derogar y corregir aspectos de la reforma laboral del año 2012 que se hicieron pensando en el siglo XIX”, declaró el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, un día antes del reinicio de las negociaciones.
La reforma laboral de 2012 abarató el despido —33 días de sueldo por año trabajado como indemnización en los despidos improcedentes frente a los 45 que había antes—, amplió las causas del despido objetivo, quitó la autorización previa de las administraciones para realizar Expedientes de Regulación de Empleos y habilitó a las ETT para actuar como agencias de colocación. Todas estas medidas —apenas una pequeña muestra de lo que supuso la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy— tienen pocas papeletas de entrar en los debates que se reinician hoy.
La derogación de la reforma laboral o de parte de ella está entre las promesas del presidente Pedro Sánchez desde su primer gobierno en 2018, mucho antes de que UP entrara en La Moncloa. Sin embargo, poco se ha avanzado desde entonces
Estas medidas tampoco estaban en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en los documentos enviados a Bruselas este enero. Entre los temas incluidos en las últimas dos fichas del Plan de Recuperación que abriría la puerta al fondo europeo de 750.000 millones de euros, se incluyen referencias a los principales puntos pactados por el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de investidura sobre mercado de trabajo y pensiones, sin entrar en demasiados detalles: “A diferencia de otros componentes remitidos a Bruselas con mayor nivel de concreción, en estos dos ámbitos se hace una propuesta más abierta con el objetivo de abordarla y concretarla en el marco del diálogo social”, decían desde el Ministerio de Economía.
El principal punto de debate será la erosión de la figura de la negociación colectiva y las facilidades que obtuvieron las empresas para degradar las condiciones laborales con la reforma de 2012. Para el secretario general del CC OO, la reforma laboral del PP jugó un papel clave en la devaluación de los salarios y la precarización del empleo experimentadas en la última década. “España sigue sufriendo términos de precariedad laboral altísima y mucha de la responsabilidad de esa situación la tiene la legislación que impuso la actual reforma laboral de PP”, declaró Sordo.
La negociación que se reinicia este 17 de marzo, tiene como misión, declara Unai Sordo, “reequilibrar las relaciones entre sindicatos, trabajadores y empresarios para intentar recuperar los derechos laborales arrebatados en la última década”
Desde este sindicato hablan de dos fases de negociación. En la primera fase plantean la eliminación de “los aspectos lesivos que atacaban la negociación colectiva” y que “permiten la disminución de los salarios”. La reforma de 2012, sostiene Sordo, rompió el equilibrio entre trabajadores y empresas, inclinando la balanza hacia los intereses de la patronal. Esta negociación que se reinicia este 17 de marzo, tiene como misión, declara, “reequilibrar las relaciones entre sindicatos, trabajadores y empresarios para intentar recuperar los derechos laborales arrebatados en la última década”. En una segunda fase, continúa Sordo, se plantean avanzar en propuestas que permitan “estabilizar la contratación para que el despido sea el último recurso de las empresas cuando atraviesan problemas”. Y en caso de que no haya acuerdo, advierte Sordo, “el sindicato exigirá al Gobierno que tome medidas encaminadas a recuperar derechos laborales y a equilibrar las relaciones entre las trabajadoras y el empresariado de nuestro país”.
La reforma más lesiva
El ataque de la reforma de 2012 a la negociación colectiva será uno de los principales puntos de debate y de desencuentro entre los agentes sociales. La reforma del PP dio un vuelco a la legislación laboral al decretar el fin de la ultraactividad indefinida de los convenios. Desde 2012 los convenios laborales que regulan salarios, vacaciones, pluses y el resto de condiciones laborales ya no se prorrogan automáticamente hasta que se apruebe otro que lo reemplace. Si después de pasar un año del fin de un convenio, sindicatos y patronal no han llegado a un acuerdo para firmar uno nuevo, el convenio se extingue y a los trabajadores se les aplica el convenio colectivo sectorial u otro de rango superior. Y si no hay un convenio de referencia del sector, señala Desiderio Martín, experto en política laboral de la CGT, el convenio colectivo se convierte en una suma de contratos individuales, una “bicoca” para los empresarios a la hora de cambiar las condiciones de trabajo e incorporar a nuevos empleados en los términos que decida la dirección sin ningún tipo de interferencia de los sindicatos.
Para cerrar el círculo, la reforma laboral permite a las empresas con “verdaderas necesidades” el descuelgue del convenio y no cumplir con las condiciones pactadas con los trabajadores
El otro ataque a la negociación colectiva incluida en la reforma laboral de 2012 fue la preponderancia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, una medida que para los sindicatos ataca la acción sindical y deja a cada empresa en una lucha solitaria frente a la patronal. Antes de la reforma de 2012, señala este sindicalista de CGT, los convenios que primaban eran los que tuvieran mejores condiciones: “Con la reforma laboral, al primar los convenios de empresa sobre los de ámbito provincial o sectoriales, los trabajadores se ven debilitados en su capacidad de negociación con la empresa, sobre todo en aquellos sitios donde los sindicatos no tienen fuerza suficiente”. Los sindicatos señalan esta cláusula como una de las principales causas de la devaluación salarial y pérdida de poder adquisitivo experimentada en la última década.
Para cerrar el círculo, la reforma laboral permite a las empresas con “verdaderas necesidades” el descuelgue del convenio y no cumplir con las condiciones pactadas con los trabajadores.
Otra cambio necesario en el mercado laboral, sostiene Martín, es poner límites a la vulneración de los derechos laborales que ha traído el abuso de la subcontratación por parte de las empresas, una demanda incluida en el pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos. Aunque este abuso viene de antes de las reformas laborales, el marco de la actual negociación entre los agentes sociales puede ser favorable para abordarlo, indica.
La utilización de contratas y subcontratas se ha convertido con los años en uno de los recursos favoritos de las empresas para tener empleados que realizan el mismo trabajo pero con menor salario, peores condiciones laborales y unas facilidades inmejorables para finalizar contratos, señala este sindicalista. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Supremo modificaba su doctrina sobre este tema y asestaba un duro golpe a las empresas que abusan de la temporalidad en las contratas y subcontratas. En la sentencia, el Supremo obligaba a convertir en indefinidos a los trabajadores empleados de forma continuada en el mismo trabajo en las contratas. Esta sentencia, apunta Martín, es una oportunidad para incluir en las negociaciones cambios que ajusten la ley laboral a la nueva doctrina del alto tribunal.
Para Desiderio Martín, de CGT, la negociación nace viciada ya que se está desarrollando en la más “absoluta opacidad”, no aborda la derogación de la reforma laboral en su conjunto y no toca la reforma del mercado de trabajo que aprobó el PSOE en 2010
Para este abogado e integrante de CGT, la negociación nace viciada ya que se está desarrollando en la más “absoluta opacidad”, no aborda la derogación de toda la reforma laboral en su conjunto y no toca la reforma del mercado de trabajo que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que marcaba ya el camino de la reforma del PP.
Demandas desde la periferia
El pasado 15 de marzo se reunieron los secretarios generales del sindicato gallego CIG, la central vasca ELA y la catalana Intersindical CSC con los representantes parlamentarios de Euskal Herria, Galicia y Catalunya para trasladarles de forma conjunta que aumenten la presión para derogar la reforma laboral y “se refuerce la agenda social ante la grave situación generada por la pandemia y el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora”.
Los dirigentes sindicales interpelaron a los diputados y diputadas de ERC, JxCAT, PNV, EH Bildu, BNG y CUP para que hagan todo lo que esté en sus manos para “forzar los cambios legales necesarios” para prolongar los ERTE y que estos no se conviertan en ERE, tal como está ocurriendo en decenas de grandes empresas después de haber recibido millonarias ayudas del Gobierno con el compromiso de mantener empleo. Unos ERE amparados en la actual legislación laboral, producto de las reformas de 2010 y 2012, que “facilitan los despidos colectivos sin que las empresas necesiten autorización administrativa alguna”.
Las tres centrales sindicales también han trasladado a los parlamentarios su rechazo al actual modelo de “estatalización de la negociación colectiva” y han reivindicado el “derecho a decidir en las respectivas naciones el modelo de relaciones laborales, pensiones y protección social para mejorar las condiciones salariales y laborales” en estos territorios. El 25 de marzo, CIG, ELA e Intersindical SCC convocan una movilización para exigir que se tengan en cuenta sus reivindicaciones en las negociaciones multilaterales retomadas este 17 de marzo.
Fuente: Martín Cúneo en elsaltodiario.com
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