Segunda querella contra Díaz Ayuso por la “nefasta” gestión de las residencias

Familiares de residencias de Leganés y Alcorcón acuden a los juzgados en una segunda tanda de demandas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, por no medicalizar las residencias.
“La gestión de la Comunidad de Madrid ha sido nefasta. Nuestros testimonios son paralelos y coincidentes”. Son palabras de Mariví Nieto, una de las demandantes de la segunda querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz- Escudero, integrada por familiares de geriátricos de Leganés y de Alcorcón. Acusan a los máximos dirigentes de no medicalizar estos centros geriátricos, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les ha obligado a ello en sendas ocasiones. Así lo muestra una sentencia impulsada por el ayuntamiento de Alcorcón y otra impulsada por el de Leganés.
“López ha llegado a afirmar que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque “eran competencias del Gobierno central”. Una falsedad a juicio de los familiares denunciantes”, expresan desde Marea de Residencias, impulsores de la demanda.
“Nos hemos llegado a pasar 5 días sin información sobre mi madre mientras iban muriendo 3 residentes al día. Han muerto 62 personas mayores de 218”
La querella la firman 25 familiares de las residencias de mayores de Alcorcón (100% pública), Parque de los Frailes de Leganés (gestionada por Aralia), Amavir- El Encinar, Domus Vi- Leganés y Vitalia Home- Leganés. La demanda acusa también a los directores de estas residencias de las negligencias en la gestión.
“Ha habido una falta de información, opacidad en los datos y una pésima gestión. En nuestra residencia, la de Alcorcón, se han contagiado entre el 80-90% de los residentes porque no ha habido protección siempre. Mi madre dio positivo, el día 20 de abril nos lo comunicaron. Nos informaron de que el día 14 de abril se hicieron los test a los residentes, un mes después de decretarse el estado de alarma” destaca Mariví Nieto, mientras añade que por aquel entonces a los trabajadores aún no se les había hecho las pruebas. “Nos hemos llegado a pasar cinco días sin información sobre mi madre mientras iban muriendo tres residentes al día. Han muerto 62 personas mayores de 218”, asegura.
Mientras que la medicalización de las residencias seguía en el aire, los familiares denuncian que había criterios de exclusión para no realizar ingresos hospitalarios y muchos residentes han muerto en sus habitaciones sin posibilidad de asistencia médica, tal y como demuestra un documento hecho público ayer por Infolibre.
“En Alcorcón hay un primer auto del TSJM con medidas cautelares para que llevaran a cabo la medicalización. La Comunidad de Madrid recurrió y le reiteraron que debían hacerlo. La comunidad lo que hizo fue dotar de dos médicos más a la residencia de Alcorcón y visitar uno por uno a los residentes que habían dado positivo. Pero en ningún momento se ha medicalizado. No se cogen vías, no hay oxígeno y sigue habiendo gente en estado delicado”, concluye Nieto.
Entre los centros denunciados se encuentra el de Vitalia Home Leganés, lugar donde se dispararon los contagios y las muertes en pleno pico de la pandemia, tal y como publicó El Salto, y hoy por hoy es de los geriátricos más afectados de la comunidad, rozando los 90 fallecimientos según denuncian los familiares. La empresa dueña de este geriátrico está controlada por el grupo de capital riesgo británico CVC. Fondos de inversión también andan detrás de Domus Vi-Leganés y Amavir- El Encinar. La residencia Parque de Los Frailes es pública pero está gestionada por la empresa Aralia, fundada por José Luis Ulibarri, empresario castellanoleonés imputado en la trama Gürtel, en la Pública y en la operación Enredadera.
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Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com