Recuerda cuando votes: PP, Vox y Junts volvieron a tumbar el escudo social, la protección contra los desahucios y los topes de precios

El partido de Carles Puigdemont mantiene su línea roja y tumba el paquete de medidas que contiene entre otros asuntos la prohibición del corte de luz y el agua y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables

El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Fuente: Irene Castro / Aitor Riveiro / Alberto Ortiz en eldiario.es (Título editado por @carabanchelnet)

Fuente: Laura Olías / Cristina G. Bolinches en eldiario.es

Junts, PP y Vox tumban los topes de precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana

Las derechas no han respaldado el real decreto impulsado por el Ministerio de Consumo para evitar subidas abusivas de precios en estos contextos extraordinarios de necesidad

Junts, PP y Vox han tumbado este jueves en el Congreso de los Diputados el decreto ley aprobado por el Gobierno para evitar las subidas de precios abusivas en contextos de emergencias o catástrofes como el accidente de Adamuz y la dana de Valencia, entre otras. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, impulsor de la ley, reclamó el respaldo para “poner coto” a las conductas abusivas de algunas empresas en momentos de gran necesidad para la ciudadanía. 

Con 177 votos en contra y 172 a favor, el real decreto ley ha quedado derogado, justo después de que las derechas también hayan votado en contra de mantener el escudo social y la moratoria antidesahucios. El ministro Bustinduy ha recalcado que la norma no va contra todas las empresas, ni contra las subidas de precios justificadas ante un aumento de costes, sino contra el “abuso de algunas multinacionales carroñeras” que intentan lucrarse de la gente vulnerable.

El responsable de Consumo ha sostenido que no se puede “normalizar que trayectos en VTC que cuestan 25 euros (a diario) llegaran a 90 euros el día del apagón”, por ejemplo. O que, más recientemente, tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz volvieran a dispararse los precios de transportes alternativos, como el transporte de avión, alquiler de vehículos o viajes compartidos.

En cuanto a cómo iban a ser esos topes a las subidas de precios, de haberse aprobado, el decreto que salió de la mesa del Consejo de Ministros contemplaba que la limitación de precios en situaciones de emergencia siempre tuviese que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo”, que además tenía que contar con el visto bueno del Ejecutivo debía “precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, según recogía el decreto que ha decaído este jueves. Además, preveía que, en esos casos de emergencia, el precio no hubiera podido ser superior “al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia”.

La derecha critica al Gobierno por “intervencionista”

Las tres formaciones de derechas han tumbado la regulación, acusando al Gobierno de “intervencionismo” excesivo. Por contra, el resto de partidos habían mostrado su apoyo al decreto, para evitar los abusos en circunstancias de emergencia, aunque en algunos casos con la petición de que se tramitara como un proyecto de ley, para poder incorporar posibles mejoras.

Con un discurso muy crítico, el PP ha rechazado el decreto por “intervencionista”, parcial y dirigido solo a topar los precios y no contener otras medidas de ayuda a las empresas, ha afirmado la diputada ‘popular’ María Pilar Alía Aguado. La parlamentaria también ha sostenido que el decreto no respeta la legalidad europea.

La extrema derecha de Vox ha pedido un turno extra incluso para criticar el decreto, negando las conductas abusivas de las empresas y criticando al Gobierno por su intervencionismo.

Junts recuerda que el Ejecutivo no tiene sus votos

Por su parte, Junts ha justificado su negativa al decreto ley por varios motivos. El diputado catalán Josep Maria Cruset Domènech ha justificado su oposición porque la ley delega “sin límite la capacidad de intervenir en el mercado” al Gobierno, ha denunciado, en lugar de abordarse algún mecanismo de control de precios en un proyecto de ley que tramite el Congreso de los Diputados. 

En cualquier caso, el parlamentario de Junts ha sido muy crítico con el Gobierno de coalición, al que ha acusado de “populismo de izquierdas” y de un intervencionismo “más propio de Venezuela que de países europeos” y al que le ha recordado que “no tiene mayoría parlamentaria” y tampoco sus votos garantizados. 

Josep Maria Cruset Domènech ha criticado además “los precedentes de discrecionalidad de cómo actúa este Gobierno”, así como los “incumplimientos sistemáticos de acuerdos políticos”.  

Bustinduy: “Cada abuso llevará su nombre y apellido”

Poco antes de la votación, tras las argumentaciones de los grupos políticos, el ministro Bustinduy ha lamentado que, si vuelve a producirse una emergencia y vuelve a haber subidas de precios desproporcionadas de servicios esenciales, “cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido, de quienes hoy voten en contra”, ha advertido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por contra, el resto de formaciones parlamentarias habían apoyado las medidas contenidas en el real decreto, para hacer frente a las conductas abusivas que, aunque minoritarias, se han registrado en las mencionadas catástrofes y emergencias vividas en España en los últimos tiempos.

Las formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, han reivindicado la necesidad de acordar estos límites por la extrema vulnerabilidad de las personas afectadas por estas crisis, que además acentúan las desigualdades entre los afectados.

También han defendido la necesidad de evitar estos abusos por parte de PNV y BNG, y algunos partidos como Podemos y ERC respaldaron las medidas, aunque consideraban que también deberían limitarse precios ante otros problemas, como el aumento del precio de la vivienda.

“No son patriotas, son unos vendepatrias”

Tras la votación, el ministro de Consumo ha reconocido que el resultado “sorprendente no es”. “La derecha del PP y la ultraderecha han hecho bloque, una vez más, contra los intereses de la ciudadanía española”, ha asegurado Bustinduy en declaraciones a los medios.

“Hoy han votado para echar a la calle a las familias más vulnerables sin que tengan una alternativa habitacional”, en referencia al escudo social y la protección contra los desahucios y contra los “precios abusivos en situaciones de emergencia, que hemos visto en los incendios, en Grazalema, en Adamuz, donde multinacionales extranjeras aprovechan para multiplicar por cuatro y por cinco el precio de servicios esenciales como los billetes de avión para que los paguen los ricos y la gente que no puede pagarlos se busque la vida”, ha indicado, al igual que ha hecho durante su intervención en la Cámara Baja. “Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al PP y Vox. Es una vergüenza, pero demuestra que sirven a los poderosos, no al interés de España, ni al interés de la clase trabajadora”.

Y respecto a qué va a pasar ahora, Bustinduy ha asegurado que “el Gobierno y yo no vamos a parar de trabajar para defender todo lo contrario, el interés general e impedir que los consumidores en España estén indefensos ante abusos flagrantes como los que se han cometido en los incendios y en las inundaciones”.

“Que lo vayan a explicar ahora a Castilla y León, con las elecciones, que van a ir todos a hacer campaña, que digan que no podemos controlar los precios para evitar abusos, que vayan a Sevilla, Grazalema o Málaga donde la gente ha visto que, para poder ir a su lugar de trabajo o reunirse con su familia, han tenido que pagar 10 veces el precio que tenía un medio de transporte”, ha recalcado. “A la gente que le han subido el precio es de izquierdas, de derechas, de centro, de todas las ideologías, esto es de interés general. Anteponen su agenda y su interés privado al de España. No son patriotas, son unos vendepatrias y hoy lo han demostrado una vez más”, ha resumido el responsable de Consumo.

Fuente: Laura Olías / Cristina G. Bolinches en eldiario.es