¿Qué han hecho los gobiernos autonómicos con las residencias tras la COVID-19?

Catalunya es la única comunidad que ha sancionado a centros intervenidos durante la pandemia y solo cinco han aumentado las ratios de personal tras las dramáticas situaciones vividas

No han pasado ni dos años desde ese dramático enero de 2021 en el que murieron 788 personas en las residencias de mayores de España por causa de la COVID-19. Entonces (y ya con anterioridad), los gobiernos autonómicos intervenían de urgencia estos centros y prometían cambios estructurales en el sistema cuando la tragedia diera un respiro. Pero lo que hoy es perentorio, rápidamente se torna en postergable. Las promesas y necesidades apremiantes languidecen con pasmosa celeridad, y nuevos problemas irrumpen en la realidad con el desplazamiento de los anteriores al olvido, por muy desgraciados que fueran sus efectos.

En España se intervinieron de manera completa 89 residencias ante la imposibilidad de su equipo gestor de sacarlas adelante. El dinero público rescató a entidades (en su mayoría) privadas. Cuando vino la calma –como si nada hubiera pasado– volvieron a su gestión anterior. Sin fiscalización. Sin castigo. Sin sanciones.

Según la radiografía actualizada semanalmente (con datos oficiales) por RTVE, en las residencias españolas han fallecido más de 34.000 personas por coronavirus. En algunas comunidades ya se ha cambiado la normativa. En otras se hará, previsiblemente, a corto plazo. Y hay en algunas en las que todo continúa igual. Como si nada hubiera pasado.

Aumento de ratios

En Madrid, donde este drama tiene aspecto de tragedia negligente, han fallecido casi 7.000 personas. Nunca se sabrá cuántas se habrían salvado de no haberse firmado el protocolo –que desveló Infolibre.es– que impidió la derivación al hospital de ciertos pacientes. En la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso se intervinieron 14 residencias (tres públicas y 11 privadas). Todas han vuelto ya a su gestión anterior y no ha habido sanciones.

En septiembre de 2021, el Gobierno madrileño aprobó un nuevo acuerdo marco que eleva en cinco puntos las ratios de personal. Así, la ratio global se queda en 0,47 (47 profesionales por cada 100 pacientes) para médicos, enfermeras, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales o psicólogos; en 0,33 exclusivamente para gerocultores; y en 0,12 para profesionales de la limpieza y la manutención.

Este convenio incrementa en un 40% la inversión para más de 8.800 plazas en centros de mayores y facilita la creación de unidades de convivencia más reducidas: de 12 a 24 personas. En Baleares, en cuyas residencias han muerto 407 personas, se ha pasado de 28 a 33 gerocultores por cada 100 pacientes. La ratio global asciende de 52 a 57 personas por 100 residentes. En las islas se intervinieron dos residencias (ambas privadas), que no han sido sancionadas.

Algunas comunidades apostaron por intervenciones parciales, en las que la Administración tomaba el control de la gestión sanitaria y dejaba la otra en manos de sus gerentes habituales. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde se intervino sanitariamente una residencia privada: la de la Fundación Elder en Tomelloso, que ya ha recuperado el control total. Según informa el Gobierno autonómico, se abrió un procedimiento judicial contra esta residencia, que quedó sobreseído y archivado, primero por el Juzgado de Instrucción de Tomelloso y después por la Audiencia Provincial.

En los centros de mayores de esta comunidad han fallecido 3.268 mayores. Desde entonces, ha habido varios cambios normativos destinados a la “modernización, mejora y digitalización de los centros”, además de un decreto que establece las condiciones básicas de los mismos. Este incluye un aumento de la exigencia de personal, que se queda en una ratio mínima global de 0,47 profesionales por persona usuaria.

Cantabria fue una de las autonomías en las que no fue necesario realizar intervenciones. 370 personas murieron en sus residencias. El 26 de marzo de 2021 se aprobó una orden que limita el tamaño de las instalaciones a un máximo de 120 personas, que deben organizarse en módulos, como mucho, de 30. También se subieron las ratios, que, en este caso, se expresan por horas de prestación de servicios por cada 100 usuarios.

En las residencias de Navarra murieron 677 personas, donde cinco centros pasaron al control foral. De nuevo, estas fueron devueltas a sus administradores sin punición alguna. A través del decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, se establecen nuevas ratios, que van desde los 0,04 de los centros de inclusión social hasta los 0,60 de los lugares en los que estén personas con discapacidad (gran dependencia o dependencia severa).

Otras medidas

Nueve residencias (ocho privadas y una pública) fueron intervenidas en Aragón durante la pandemia. No ha habido sanciones y todas menos una han vuelto ya a su gestión anterior. La excepción es la Residencia Villa de Ejea, que se ha sometido a un cambio de ente controlador impulsado por el Gobierno de Aragón.

En las residencias aragonesas han fallecido 1.875 personas. El Ejecutivo ha emitido diversas órdenes, la última del pasado 21 de abril, en las que se hace referencia a aspectos como que los centros deben tener un plan de contingencia, disponer de medios de protección adecuados para prevenir riesgos de contagios y la formación del personal

Además, el 6 de febrero de 2021 se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón un dictamen para cambiar el modelo residencial. Las exigencias de personal en los centros de esta comunidad se establecen por un decreto de 1992 y son de 0,25 en las residencias de ancianos; 0,30 en las mixtas, y 0,35 en las asistidas.

En Asturias, donde murieron 920 mayores, también se optó por intervenciones sanitarias. Muy numerosas: 240 centros necesitaron ayuda (193 privados y 47 públicos). Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado explican que no ha habido ningún cambio normativo, pero sí se han tomado medidas como “aumentar los protocolos de limpieza, la sectorización de las residencias, el incremento temporal de las plantillas (aumentos que en algunos casos se han convertido en estructurales), se han instalado medidores de CO2, elaborado planes de contingencia y creado la figura del responsable asistencial”.

En Extremadura fallecieron 720 personas y se intervinieron ocho residencias. El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) está trabajando en una nueva normativa de autorización y acreditación, tendente a una variación en el sistema de cuidados de larga duración, “en el que se establecerán plazas para los nuevos centros dependiendo de la zona geográfica donde se ubiquen, el trabajo en unidades de convivencia y las nuevas ratios mínimas”, aseguran desde el Ejecutivo.

Ninguna residencia se intervino en Euskadi. En sus centros de mayores han fallecido 1.540 personas. Tampoco ha habido, de momento, cambios normativos de ningún tipo. Fuentes del Gobierno vasco explican que el programa de cogobernanza y participación ciudadana Agenda Nagusi dedicó su edición 2021 al modelo residencial que se demanda en Euskadi. “Se valoraron diferentes aspectos relacionados con el modelo residencial, como las ratios, la participación de las personas usuarias y de las familias, el número de plazas, los aprendizajes derivados de la pandemia o las sujeciones”, anotan. Con las conclusiones de este proceso participativo y los aprendizajes derivados de la pandemia, destacan, “se está revisando en la actualidad el decreto de julio 2019 para adaptarlo en la medida de lo posible a las demandas y necesidades identificadas”.

No hubo necesidad de tomar el control de ningún centro residencial en Canarias –172 muertes–. Como las dos anteriores, en Canarias también están “trabajando en ello”. En concreto, informaron a este medio de que se está desarrollando el programa Canarias Te Cuida, con fondos europeos, destinado a dar “un giro total” del modelo de residencias. “Se encamina hacia una gestión diferente, con centros más pequeños y localizados en proximidad para la ciudadanía. Este proyecto está todavía en sus primeros pasos y cuenta con una partida de 72 millones de euros para infraestructuras sociosanitarias. Aunque el principal énfasis se quiere enmarcar en teleasistencia, planes de vivienda colaborativas e intergeneracionales…”.

En los centros residenciales de La Rioja murieron 347 personas. Ninguno fue intervenido durante los peores momentos de la pandemia. Están avanzando, detallan fuentes del Ejecutivo, hacia un nuevo modelo de atención residencial; y en febrero de 2022 “se firmó un nuevo Acuerdo Marco del Servicio de atención residencial para personas mayores dependientes en Logroño y Rioja Centro, Rioja Alta y Rioja Baja, que supone un incremento de 300 plazas públicas residenciales a lo largo de este año 2022 y del próximo 2023, y que incrementa los precios con respecto al anterior Acuerdo Marco”.

Sin cambios de ningún tipo

En Andalucía, Castilla y León, Catalunya, Galicia y Murcia todo sigue igual. Catalunya es el territorio con más residencias intervenidas por el coronavirus, 29, y el segundo –después de Madrid– donde más personas han muerto, 6.129. A diferencia del resto, desde la Generalitat confirman que en algunas se vieron obligados a cambiar la entidad gestora definitivamente y que sí hubo sanciones, sobre todo económicas, “aunque hubo casos en los que se impusieron penas de cierre o de suspensión del servicio”. No hay cambios en la normativa. Ni se esperan.

Tampoco en Galicia, donde han fallecido 951 personas y se intervinieron 13 residencias. No ha habido castigo, todas han vuelto a su gestión anterior y no hay variaciones legislativas en el horizonte. De seis residencias tomó el control durante la pandemia el Gobierno de Castilla y León. Una de ellas, subrayan desde el Ejecutivo autonómico, no volvió a abrir. Las otras retornaron a sus gerentes previos y no se les impuso castigo alguno. Aquí hubo 4.409 muertes.

En cuanto a la normativa, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades afirman que se elaborará una futura Ley reguladora del Modelo Atención Residencial para cuidados de larga duración. Incorporará, según explican, “la metodología centrada en la atención que reciben las personas mayores en las residencias de la comunidad, tanto públicas como privadas, que supone un cuidado individualizado, incluyendo el acompañamiento emocional y convirtiendo a los centros en hogares, organizados en unidades de convivencia”.

Este modelo, agregan las mismas fuentes, “también apuesta por la innovación a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, que posibiliten ejercitar las capacidades cognitivas y corporales y evitar el estancamiento psicológico y físico”.

Los tres centros intervenidos en Andalucía (dos públicos y uno privado) han vuelto a su gestión habitual, no ha habido sanción ni cambio normativo. En esta comunidad, 3.162 mayores han perdido la vida en las residencias. Y en Murcia, donde fueron intervenidas sanitariamente seis residencias y han fallecido 413 personas, señalan que actualmente se están tramitando dos procedimientos sancionadores respecto al funcionamiento de una de ellas, “pero no por motivos relacionados directamente con un brote de coronavirus”.

Respecto a la normativa vigente, no ha habido cambios, aunque desde el Gobierno se autoexculpan y miran a Madrid. En abril de 2021, resaltan, se inició por parte de esta comunidad la revisión del decreto de mínimos, y se paralizó ante el anuncio del Gobierno central de diseñar un modelo común para todas las residencias del territorio nacional. “Una vez se ha constatado que el modelo diseñado por Madrid no es viable, ni económicamente ni tampoco se adapta a la realidad territorial de la Región de Murcia, se reactiva la revisión del decreto de mínimos. Por tanto, será nuestra propia normativa la que regule el modelo asistencial en la región”, indican.

La comunidad, enfatizan, avanza en el Plan de coordinación sociosanitaria para actuaciones en residencias y centros de personas con discapacidad: “Uno de los puntos importante será el seguimiento de la implantación de los protocolos, medidas a aplicar, ratios de atención, etcétera”.

Tras varias semanas esperando, La Marea no ha recibido contestación a su petición de información del Gobierno de la Comunidad Valenciana, con 2.152 muertes. Según la información otorgada en junio de 2020, en aquel momento no se había intervenido ningún centro. ?

Fuente: Óscar F. Civieta en lamarea.com
Foto: elsaltodiario.com

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