Miembros del Sindicato de Inquilinas detienen una respuesta del Gobierno de Almeida con sus gritos contra el Plan Reside antes de ser expulsados, en una sesión en la que el Ayuntamiento evitó responder por qué hay 16.000 pisos turísticos sin licencia y anunció que mañana se aprobará su fórmula para reordenar este negocio
“Fuera buitres de nuestros barrios” y “¡Ayuntamiento de Madrid hipócrita!” son algunos de los gritos que este martes han interrumpido el último Pleno del consistorio madrileño antes del parón veraniego. Los lanzaban, desde la tribuna de invitados, vecinas y vecinos del Sindicato de Inquilinas de la región, ante la inminente aprobación del Plan Reside con el que el Gobierno de Almeida cambiará las reglas del juego para los pisos turísticos.
Los manifestantes portaban pancartas contra este Plan Reside, que a su parecer facilitará “que nuestros edificios se conviertan en hoteles, no en hogares”, aseguraba antes de la protesta el Sindicato de Inquilinas, que había anunciado previamente su intervención en el Pleno.
Ante las protestas y la interrupción del Pleno, su presidente Borja Fanjul reclamaba su expulsión inmediata, que se ha demorado al superar en número los manifestantes -ocho personas- al de personal municipal disponible en ese momento.
La primera en reaccionar dentro del equipo de Gobierno de Almeida ha sido la concejala interrumpida, Paloma García Romero, que ha calificado de “una vergüenza, una falta de respeto no a nosotros, sino a los madrileños” la irrupción de la protesta. “Los madrileños nos van a seguir votando 30 años y más porque no les creen ya absolutamente nada”, siguió García Romero mientras pedía a la oposición que dejase de “manipular” y se preocupara por “los problemas reales de la gente”.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid había avisado de su decisión de intervenir en este espacio municipal para “denunciar la complicidad institucional con el acoso inmobiliario en la ciudad, especialmente mediante el uso de Declaraciones Responsables Urbanísticas, ECUs (Entidades Colaboradoras Urbanísticas) y el recién aprobado Plan Reside”.
En un comunicado de la organización, una de las más activas en los últimos meses en la lucha por la vivienda digna, recordaba casos como el del edificio de San Ildefonso 20, en Lavapiés, donde se están demoliendo 15 viviendas mientras nueve familias aún residen dentro, después de la validación de una declaración responsable firmada por una promotora y avalada por una ECU privada, sin inspección municipal previa. “El Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y nos deja sin defensa. No necesitan órdenes judiciales: nos expulsan con ruido, polvo y martillos neumáticos”, lamentan.
El Sindicato recuerda que el Plan Reside permite transformar edificios enteros en alojamientos turísticos si se hacen reformas estructurales, “lo que en la práctica incentiva la expulsión previa de residentes”, aseguran. “Pone alfombra roja para vaciar edificios residenciales enteros para convertirlos en Viviendas de Uso Turístico.
Por ello, exigen al Ayuntamiento de Madrid que se prohíba el uso de las declaraciones responsables en fincas de propiedad vertical, que se paralicen las obras iniciadas con esta figura y que se eliminen las empresas responsables como entidades validadoras. Además reclaman la evaluación social y suspensión inmediata del Plan Reside, así como un “urbanismo con control público y participación vecinal real”.
El Plan Reside se aprueba esta semana
Minutos antes de esta protesta, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, anunciaba que el Plan Reside quedará esta semana aprobado con el visto bueno final de la Comunidad de Madrid. A la vez, aseguraba que iba a lanzar “al cubo de la basura” el listado de Viviendas de Uso Turístico (VUT) irregulares remitidas por el Ministerio de Consumo “porque no sirve absolutamente para nada”.
Según ha detallado, de las 1.216 viviendas remitidas “11 no están en Madrid, 119 están duplicadas, 314 se han dado de baja y 10 tenían licencia”. Sin embargo, no ha contestado nada sobre los 16.000 pisos turísticos que, según datos del propio Ayuntamiento, operan a día de hoy sin licencia en Madrid, ni tampoco ha detallado por qué el equipo de Urbanismo no ha conseguido cerrarlos en los seis años de Gobierno de Almeida.
Carabante se ha defendido afirmando que el origen del estallido de las viviendas de uso turístico y la “desaparición del alquiler” es la “sectaria ley de vivienda Estatal”. El edil del PSOE Antonio Giraldo le ha respondido que las competencias radican en el Ayuntamiento y que “la ilegalidad” de las VUT es “únicamente” de la administración local que es “incapaz de controlar” su apertura. “En lugar de perseguir a los ilegales se ponen a escrutar los informes de los ministerios”, le ha echado en cara.
A la pregunta de los socialistas sobre pisos turísticos le ha seguido otra de Más Madrid. La concejala Lucía Lois ha alertado de que el Plan Reside es lo que “los propietarios llevan años esperando” al ser una medida hecha para “echar a los vecinos y legalizar miles de pisos turísticos”.
También ha señalado que la familia que ganó en los juzgados su derecho a la intimidad y forzó el cierre de diez VUT en la calle Toledo fueron “abandonados” por el Ayuntamiento, ya que había habido “más de 100 intervenciones judiciales” y esos inmuebles “hoy siguen anunciados en Booking”.
Fuente: Diego Casado en eldiario.es
Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es
La burbuja inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso
La presidenta se parece poco a sus gobernados en la manera de vivir: un empresario le consiguió dos apartamentos en pandemia, pisazo en Chamberí comprado con dinero dudoso de su novio y ahora el uso de un chalet que financió su propio Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó en política como una chica humilde de Chamberí. Venía de abajo, tomaba cañas y surfeaba el tráfico de Madrid a las tres de la mañana, de recogida de cualquier noche joven. Aquel momento que quizás fue, desde luego ya no es, aunque se empeñe en poner señuelos como la palabra “táper” o supermercado “Covirán” cuando se destapa que ha usado una lujosa casa que compró su mismo gobierno. ¿Es lícito que el presidente de una comunidad autónoma tenga una residencia oficial de esparcimiento? No es habitual, pero se puede abrir ese debate.
Lo que es moralmente dudoso es que se compre en 2023 con la excusa de un bien común y se use con opacidad para el bien particular de quien dio el visto bueno a desembolsar 4,3 millones. Todavía no se ha aclarado por qué no se sabía nada de esa mansión hasta la semana pasada, cuando alertaron los vecinos y lo publicó El País. O qué gastos asociados conlleva para los madrileños –aunque se haya llevado el táper, se presupone que el mantenimiento y limpieza del chalet, el barrido de la piscina, el pago de la luz o el cambio de sábanas no lo habrán hecho Ayuso y su familia–, o si es la primera vez que lo utiliza. Tampoco se ha aclarado si ese va a ser el uso de la casa a futuro y podrán descansar allí los próximos presidentes o presidentas de Madrid. O si solo fue una ocurrencia puntual, con un táper como credencial de que no se va a interferir en el discurrir y el desgaste del patrimonio público. Muy al contrario, las residencias de los presidentes de Gobierno han estado al servicio de todos ellos, se conocen y están auditadas y controladas en sus gastos y sus usos.
Díaz Ayuso –empeñada en compararse con un presidente de Gobierno en lugar de compararse con Illa, Prohens o Barbón– se parece cada vez menos a sus gobernados en la manera de vivir, con especial asimetría en el tema de la vivienda, que recorre la espina dorsal de los puntos más oscuros de su biografía política.
Cuando empezó la pandemia, se trasladó de su piso que reivindicaba modesto a un céntrico apartamento doble en Plaza España, propiedad del empresario Kike Sarasola. Después de cuatro años de opacidad y de que la empresa dijera que no le constaba factura, Ayuso enseñó una factura: 5.680 euros por 69 días en dos apartamentos, uno para vivir y otro para trabajar, pese a que la Puerta del Sol, la sede de Gobierno y donde tiene despacho, es un enorme palacio oficial a 15 minutos andando.
Actualmente vive en un piso que compró con dinero bajo sospecha su novio, para quien la Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión. La pareja también disfruta de un ático en el piso de arriba, que no es suyo, sino que compró al contado una sociedad que luego recibió de un tercero 955.000 euros. González Amador aseguró ante la jueza de instrucción que paga por él un alquiler con opción a compra de 5.000 euros al mes. Los ingresos del novio de Ayuso provienen casi en su totalidad de la comisión millonaria por mascarillas que intentó ocultar al fisco y sus trabajos como consultor al grupo Quirón, como reveló el sumario judicial.
Mientras los madrileños sufren los efectos de una burbuja inmobiliaria que les deja fuera de poder vivir con comodidad, solos o tener familia (con subidas de alquiler del 12% en la región y del 40% en lugares como Boadilla o Pozuelo desde 2015), la presidenta de la Comunidad navega dentro de su propia burbuja de madrileña de clase media trabajadora, de la que solo sale para distraer la atención con palabras de uso ‘vulgar’ de quienes sí comen verdaderamente de táper.
Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es
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