- Ante el anuncio del Gobierno de un nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación, Ecologistas en Acción señala que la bajada o eliminación del IVA de algunos aceites y alimentos, por sí misma, no garantiza la reducción de precios al consumidor.
- De hecho, la medida puede contribuir a que quienes aumenten sus beneficios sean las grandes empresas.
- En su lugar, la organización ecologista propone complementar con medidas fiscales de forma redistributiva, para que beneficien realmente a la agricultura y la ganadería con mayor valor social y ambiental, así como a un consumo más sostenible.
El Gobierno ha hecho público un nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación, que está afectando a los precios de la energía y los alimentos, entre las que se encuentra la bajada del IVA de algunos productos como los aceites, o la eliminación en el caso de otros (frutas, hortalizas, o cereales). Para Ecologistas en Acción, estas medidas sin un control efectivo sobre los precios finales no garantizan la reducción de estos a la persona consumidora. Por contra, pueden llevar a aumentar aún más el margen de beneficio de las grandes empresas, tal y como ya ha sido denunciado por algunas entidades de consumidores en los primeros días de implementación de la medida.
Igualmente, sin un control efectivo de precios finales, las anunciadas ayudas de 200 euros pueden ser absorbidas rápidamente por las empresas de distribución sin que se traduzca en una subida del poder adquisitivo de consumidoras y consumidores. De hecho, las propuestas surgen en un momento en el que los grandes operadores de la distribución comercial y la agroindustria están aprovechando la crisis para un incremento de sus márgenes comerciales, con ingresos récord.
La organización ecologista defiende la recaudación por vía de impuestos directos frente a los indirectos, ya que estos últimos no atienden a las diferentes situaciones de renta de las personas consumidoras y, por tanto, no es redistributiva. Por lo tanto, una bajada del IVA —que podría beneficiar a las personas con menos recursos— se debería compensar con impuestos directos para que aquellas con más recursos no se eximan de contribuir.
La subida de los precios de los alimentos, al igual que la subida de precios de los fertilizantes de síntesis, se deben en gran medida a la subida de los precios de la energía. Rusia es, además, el principal productor mundial de nitratos, cuya producción es altamente dependiente de gas. Por ello, Ecologistas en Acción apunta que hay que dar pasos encaminados a reducir dependencia y la enorme huella energética de la producción agroalimentaria en todos los tramos: desde la producción (donde la subida de precios de los fertilizantes nitrogenados está siendo especialmente acusada), hasta el transporte o el procesamiento propios de un sistema alimentario fuertemente industrializado y globalizado.
En este sentido, los 300 millones de ayudas directas a agricultoras y agricultores —para compensar la subida de los fertilizantes o la bonificación al combustible profesional— no supone ningún avance en la transformación del modelo de dependencia hacia los combustibles fósiles sino que lo afianza, al financiar directamente su adquisición. Tampoco permite avanzar en la consecución de los objetivos europeos y estatales hacia un sistema alimentario más sostenible, justo y que produzca alimentos de calidad, ni refuerza el papel de la agricultura familiar en la cadena alimentaria, sino que lo debilita aún más.
Por todo ello, Ecologistas en Acción plantea sus propuestas para hacer frente a la inflación con medidas que contribuyan a la transición ecológica y la justicia social:
- Reorientar las ayudas al sector agrario a prácticas más sostenibles. Por ejemplo, hacia la agricultura ecológica porque no depende de fertilizantes de síntesis y, por tanto, reduce la contaminación de agua; se adapta mejor a la sequía; fija carbono en el suelo a través de la aplicación de estiércol; supone una alternativa de viabilidad económica para las pequeñas y medianas explotaciones agrarias; y se orienta a la producción de alimentos saludables, sostenibles y de calidad.
- Reforzar las ayudas a la introducción en las fincas convencionales de prácticas agroecológicas (rotaciones de cultivos, diversificación de cultivos, integración agroganadera, uso de cubiertas vegetales o introducción de biodiversidad a través de elementos seminaturales) que reducen el uso de insumos no sostenibles, ofreciendo productos sostenibles y de alto valor añadido.
- Condicionar las ayudas a cultivos orientados al mercado estatal y sostenibles.
- Diseñar las ayudas dentro de una perspectiva a medio plazo de transformación del sistema agroalimentario estatal, que fomente formas de cultivo más sostenibles y desincentive las formas de cultivo insostenibles (como los cultivos tradicionales de secano puestos en regadío) o que generan dietas insostenibles y poco saludables (como la ganadería industrial y los cultivos orientados a alimentar la ganadería industrial, tales como el maíz o determinados forrajes en regadío).
- Reforzar y apoyar el papel del pequeño comercio de proximidad en los barrios y pueblos más vulnerables económicamente, especialmente aquel que permite el acceso de los grupos sociales de rentas más bajas a alimentos vegetales frescos, de temporada y de producción local.
- En sentido general, utilizar las medidas fiscales de forma redistributiva, para que beneficien realmente a la agricultura y a la ganadería con mayor valor social y ambiental añadido así como a un consumo más sostenible.
Fuente: tercerainformacion.es
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