Nuevo intento de privatización sanitaria protagonizado por el dúo Lasquetty-Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsa un proyecto nuevo de ampliación del Hospital Niño Jesús mediante alguna forma de colaboración público-privada.

En el contexto de la pandemia, los hechos muestran nítidamente que la Comunidad de Madrid ha sido el territorio más afectado, asimismo los hechos acaecidos han mostrado un sistema sanitario público madrileño con enormes carencias tanto en recursos humanos como materiales, situación ésta únicamente imputable a quien tiene las plenas competencias en su planificación, provisión y gestión, es decir el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que las lleva ejerciendo desde el año 2002. Por tanto las carencias de la sanidad pública madrileña son, si se me permita la licencia, MADE in P.P.

La pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 y sus graves consecuencias de orden sanitario, económico y social, han puesto de manifiesto que sólo desde lo público pueden abordarse las acciones para conseguir pararla, así como las medidas que permitan minimizar lo más posible los daños causados al tejido productivo y al empleo; en este convencimiento se han situado incluso neoliberales acérrimos que reconvertidos exigen al Estado intervenga de manera activa y aporte todos los recursos necesarios para salir de la crisis que aquella provoca.

Parece también que hay un consenso generalizado en la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios públicos y los servicios de salud pública como la mejor garantía de una respuesta más rápida y eficiente ante posibles pandemias futuras. Pues bien, es en este contexto, con 67.932 casos confirmados en la Comunidad de Madrid contagiados por el virus, con 41.872 que han precisado hospitalización de los cuales 3.536 han pasado por Unidades de Cuidados Intensivos(UCI) y con 8.686 fallecidos con diagnóstico confirmado, con profesionales sanitarios de los centros públicos extenuados por la enorme cantidad de días en los que han soportado una carga de trabajo brutal con medios escasos cuando no inexistentes, con escasez clamorosa de personal en Atención Primaria y Salud Pública, todo ello tras casi dos décadas de privatizaciones sanitarias; es ahora cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid por boca de su Presidenta informa a los madrileños de un proyecto nuevo de ampliación del Hospital Niño Jesús mediante alguna forma de colaboración público-privada. Si no fuera por la enorme desgracia que estamos viviendo en todo el país y particularmente en la comunidad madrileña, ese anuncio merecería una viñeta del añorado Forges.

El Gobierno de la Sra. Díaz Ayuso, no es en absoluto responsable de la pandemia, pero sí lo es de la situación de los Centros de Salud, Hospitales Públicos y servicios de Salud Pública cuando aquella llegó, así como de la inexistencia de un Plan para actuar frente a la Covid-19; si nuestros hospitales públicos no hubieran sufrido desde hace casi dos décadas un proceso paulatino de desmantelamiento y nuestra Atención Primaria hubiese recibido la financiación suficiente para incrementar los recursos humanos y materiales que necesitan, es seguro que la capacidad de respuesta hubiera sido más alta y probablemente los resultados mejores. La ciudadanía sabe que han sido los Centros públicos quienes han soportado la gran mayoría de casos, saben también que algún gigante sanitario privado madrileño recomendaba a sus profesionales sanitarios tomasen vacaciones en los primeros días de la pandemia en un claro ejemplo de compromiso solidario con la ciudadanía. Es en este contexto cuando las manifestaciones de la Sra. Díaz-Ayuso apelando a la colaboración público–privada en sanidad se merecen algunas consideraciones.

Las intenciones de la presidenta madrileña de seguir privatizando la sanidad no me producen ninguna sorpresa, lo que no impide hacer un ejercicio de memoria y recordar lo que en la Comunidad de Madrid ha ocurrido con los procesos privatizadores sanitarios. Hoy gobierna la comunidad madrileña la fracción más neoliberal del partido Popular, el actual Consejero de Hacienda Sr. Fernández Lasquetty lo fue de Sanidad en 2013 e intentó mediante una licitación chapucera privatizar seis hospitales, la enorme movilización ciudadana aglutinada en torno a la marea blanca junto a la toma de conciencia de numerosos profesionales hicieron imposible se llevase a cabo semejante chapuza y ante los recursos planteados los Tribunales de Justicia paralizaron ese intento  de demolición prácticamente total de la sanidad pública madrileña y el Sr. Fernández Lasquetty fue cesado.

En esta ocasión, la Sra. Ayuso ha utilizado para ir deslizando su intento privatizador la misma técnica que su protectora, la aún imputada Sra. Aguirre; ésta utilizó la falsa acusación contra el Dr. Luis Montes y sus colaboradores del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de practicar 400 eutanasias y la consecuente alarma social que la noticia generaría acaparando todo el foco mediático, para que la construcción de los nuevos hospitales se iniciase sin ningún debate sobre la conveniencia o no de su ejecución toda vez no había estudio de planificación previo alguno. Utilizó el Caso Lamela como cortina de humo y aunque la acusación a los profesionales resulto no tenía fundamento alguno y fueron absueltos, la Sra. Aguirre faltó una vez más a su palabra y no pidió nunca perdón por ello a pesar de que públicamente lo había prometido.

La Sra. Díaz Ayuso, fiel discípula de la anterior lideresa del PP madrileño, ha utilizado la misma técnica. En plena pandemia, recién iniciada la desescalada en la comunidad, con denuncias de profesionales y trabajadores sanitarios por no contar con los medios humanos necesarios, con la Atención Primaria aún sin poder volver a su actividad más o menos normalizada con el detrimento que ello conlleva en la atención a la ciudadanía y con una población castigada por la enfermedad de familiares y amigos, así como por la pérdida de seres queridos, la Presidenta anuncia un nuevo proyecto privatizador entendiendo que la situación impide el necesario debate social y político.

Transcurridos 17 años desde el inicio de los más agresivos procesos privatizadores de la sanidad pública madrileña podemos afirmar que han significado primordialmente dos cosas, por un lado el desvío ingente de dinero público al sector privado lo que ha posibilitado la creación de auténticos gigantes privados sanitarios que hoy realizan directamente la asistencia de casi dos millones de madrileños, por otro lado los hospitales públicos no han recibido la financiación necesaria para poder incrementar sus plantillas allí donde se precisaba al igual que se quedaban obsoletos sus aparatos que no eran renovados cuando su vida útil estaba sobrepasada; la Atención Primaria elemento vital en la configuración de nuestro sistema sanitario era abandonada, con una infrafinanciación crónica y con carencias claramente perceptibles en personal. Las listas de espera tanto quirúrgicas como para pruebas diagnósticas con grandes demoras, el acceso a las consultas de especialistas también muy demorado en varias especialidades e incluso la consulta con el médico de familia con espera de 4-5 días en bastantes centros de salud. ESTE ES EL RESULTADO DE LA MARAVILLOSA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA . 

El proceso privatizador de la sanidad pública madrileña ha estado repleto de opacidad, irregularidades, arbitrariedad y actuaciones presuntamente delictivas

Conviene añadir que todo el proceso privatizador ha estado repleto de opacidad, irregularidades, arbitrariedad y actuaciones presuntamente delictivas. La imputación de la Sra. Aguirre, los exconsejeros Manuel Lamela Juan José Güemes, así como varios ex-altos cargos más de la Consejería de Sanidad por la presunta comisión de graves delitos (cohecho, malversación, falsedad en documento público) por parte del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional es otro de los grandes resultados del proceso privatizador sanitario madrileño. 

Para concluir una última reflexión, el país atraviesa una grave situación a consecuencia de la pandemia, la pérdida de muchos compatriotas y el enorme sufrimiento de sus familiares, las terribles consecuencias sobre la economía nos obliga a todos a afrontar con unidad la reconstrucción de nuestro país, más esta actitud de arrimar todos el hombro pasa salir de la crisis no impide plantar cara a quienes a pesar de lo ocurrido quieren seguir debilitando el sistema sanitario público pieza esencial de un estado de bienestar que en este futuro próximo se hace más necesario que nunca.

Frente al nuevo intento privatizador que quiere acometer la Sra. Díaz Ayuso con el más que seguro respaldo del Sr. Fernández Lasquetty, la oposición política en la Asamblea de Madrid, particularmente el grupo socialista, debe ganar visibilidad, salir de una posición que con pesar yo califico de irrelevante y oponerse frontalmente a cualquier medida privatizadora. Los profesionales y trabajadores sanitarios madrileños estoy seguro no se mantendrán pasivos ante esas intenciones del gobierno regional, tampoco lo estarán los madrileños, ni quienes desde hace casi dos décadas venimos denunciando repetidamente lo nocivo de esas políticas para la mayoría social tal y como se ha demostrado en esta terrible pandemia.

Fuente: Carlos Barra Galán en nuevatribuna.es