A su vez, un grupo encabezado por el líder de Desokupa, Daniel Esteve, y el ‘youtuber’ Alvise Pérez se ha dirigido hacia el Congreso
Continúan las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid. Unas 7.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han concentrado una noche más en la calle de Ferraz en contra de la ley de amnistía. Con gritos de «¡Que te vote Txapote!», «Pedro Sánchez a prisión» y «España no se vende, España se defiende», los manifestantes han intentado cruzar la valla que los separaba de la sede socialista, y la Policía ha intervenido nuevamente.
En la concentración, a la que ha asistido la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, se ha podido escuchar cómo se coreaba el Cara al sol y el Himno de la División Azul y algunos de los participantes hacían el saludo fascista. También han lanzado huevos a la Policía Nacional, a quienes han llamado «cobardes», y han tirado botellas de cristal contra los furgones, además de bengalas y otros objetos pirotécnicos.
Tras varios avisos a los manifestantes más violentos, la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) ha cargado contra ellos después de que estos rompiesen el vallado.
A su vez, un grupo encabezado por el líder de Desokupa, Daniel Esteve, y el youtuber Alvise Pérez se ha dirigido hacia el Congreso. Las protestas, que se han sucedido en otras ciudades como Barcelona y Valencia, han terminado con al menos tres personas heridas y otras tantas detenidas, aunque los servicios de emergencia no han facilitado todavía el número exacto.
VOX pide a la Policía que «no cumpla órdenes ilegales»
Este martes, el Gobierno ha pedido al PP que condene las protestas violentas que se están sucediendo frente a sus sedes en los últimos días. “Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia”, dijo la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez.
A las 11 de la noche, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que las protestas partan «del respeto y ejemplaridad», pero ha evitado condenar a los violentos y ha asegurado que «el malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez».
El PP, que ha convocado manifestaciones el próximo domingo, acusa a los agentes de tratar a los manifestantes como a los CDR, en referencia a los miembros de los Comités de Defensa de la República en Catalunya. Además, lejos de condenar los hechos, acusa al PSOE de haber alentado las protestas frente a la sede del PP en la calle de Génova en marzo de 2004, tras el 11-M.
Desde VOX, Santiago Abascal, que participó en la protesta del lunes, responsabiliza de los altercados al PSOE y ha llegado a pedir a la Policía que «no cumpla órdenes ilegales” del Gobierno, “órdenes políticas”, “en caso de que vuelvan a producirse”.
«No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE», ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que apura la negociación con Junts para poder ser investido o, de lo contrario, ir a elecciones.
«No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE», ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que apura la negociación con Junts para poder ser investido o, de lo contrario, ir a elecciones.
Fuente: lamarea.com
Fuente: Javier H. Rodríguez en elsaltodiario.com
La derecha agita las calles y los juzgados a la desesperada ante una investidura inminente
Un grupo de manifestantes ultras cortó la Gran Vía en un intento fallido de llegar al Congreso para acabar en enfrentados con la Policía en Ferraz. En el juzgado, García Castellón imputa por terrorismo a Puigdemont para torpedear el nuevo Gobierno
“El que pueda hacer, que haga”, dijo Aznar y sus discentes se pusieron a hacer. Varios miles de manifestantes a las puertas de la madrileña sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en la noche del lunes hicieron y lo han vuelto a hacer en la noche de este martes. Con la formación de una suerte de brigadas castizas con reminiscencias a esas otras que asaltaron el Capitolio estadounidense tras la derrota electoral de Donald Trump, consiguieron provocar unos disturbios inusuales con la Policía Nacional el lunes y este martes han tratado de repetir la maniobra. Pero con más zozobras. Incluso con salves al dictador, no han faltado morriones, cruces de Borgoña, representantes de las ramas de Falange, Desokupa, Hogar Social, coros con el Cara el Sol o el agitador Alvise Pérez. Aunque esta vez y tras las imágenes de los disturbios del lunes, los dirigentes de la ultraderecha española se han cuidado de repetir otro gran baño de masas en cargas policiales, delegando en sus juventudes las protestas de esta noche.
Debido a la presencia policial tanto en la sede del PSOE como en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, la manifestación de la ultraderecha se ha fragmentado e ido desplazando entre un lugar y otro llegando a cortar la Gran Vía escoltados por los UIP de la Policía Nacional. Varios cientos de manifestantes se han sentado frente al cordón policial y han coreado desde cánticos fascistas y xenófobos hasta peticiones llamando a que los agentes antidisturbios se uniesen a su marcha. Pero la movilización se ha ido encendiendo a medida que entraba la noche hasta que la primera línea de la protesta ha intentado romper el cordón policial. En ese momento, ha comenzado la primera carga que ha desembocado en pequeños altercados por el centro de Madrid hasta algo más de las 23.00 horas.
Pero la estrategia de las derechas no se ha centrado solo en agitar a sus bases sociales, ha estado presente en los últimos días en los platós de televisión, en los estudios de radio, en las portadas de la prensa hegemónica y también en el Senado: “Han polarizado España y lo pretenden arreglar con Ley Mordaza y si hace falta hasta con gas mostaza”, le decía el expresidente extremeño ahora reconvertido a senador, José Antonio Monago, a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para concluir con una nueva llamada a la excitación de sus simpatizantes: “Ustedes no tienen las escrituras del pueblo español y lo van a comprobar en breve con la respuesta que le van a hacer, democráticamente, el conjunto del pueblo español”.
No sin contradicciones, líderes de opinión conservadores y altos cargos de la ultraderecha denunciaron el supuesto “apaleamiento” de los antidisturbios a “manifestantes pacíficos” que protestaban contra “el golpe de Sánchez” para, acto seguido y dando por sentado que las protestas continuarán, pedirles a los agentes de la Policía Nacional que “no cumplan órdenes ilegales” cuando se trate de disolver sus movilizaciones. De hecho, Monago no es una excepción. En las filas del Partido Popular han evitado condenar los ataques a las sedes del PSOE por todo el Estado y se han centrado en criticar la actuación policial argumentando que les han tratado “como si fueran CDR”. En esa equidistancia sobre los disturbios, Alberto Núñez Feijóo no ha querido participar, pero sí capitalizaros y ha anunciado 50 protestas más en las 50 capitales de provincia para tratar de frenar la amnistía política para los encausados del procès, cuya letra pequeña Junts y PSOE están ultimando.
García Castellón también se ha puesto a hacer
No cabe duda de que el que más ha hecho para tratar de torpedear el acuerdo de gobierno con Junts que, presumiblemente, anclará a Sánchez en Moncloa en los próximos días, es el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. “Cada uno, en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación en la que estamos”, seguía el expresidente Aznar el pasado jueves y García Castellón recogió el guante para seguir cocinando sus conocidos platos de lawfare. El lunes decidió citar como imputados al expresident catalán, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en la investigación sobre Tsunami Democràtic. Lo ha decidido con un oportunismo cartesiano sosteniéndose en un informe de la Guardia Civil sobre terrorismo con el que pretenden vincular a ambos con el fallecimiento, en El Prat, de un viajero por un infarto durante las protestas que bloquearon el aeropuerto tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès en octubre de 2019. Aunque parece poco probable que prospere, esto podría implicar que la potencial amnistía no tendría efecto sobre casos de “terrorismo”. Y eso podría explicar el nuevo tirón a la cuerda por parte de Puigdemont.
La estrategia entra dentro de lo esperable en el arco de personaje de García Castellón aunque se salga por mucho de lo esperable en un Estado de derecho. La carrera judicial de vinculación al Partido Popular de este magistrado, que llegó a ser tesorero de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es larga. A principios de siglo, fue elegido por el ejecutivo de Aznar para ser juez de enlace en Francia y, luego, Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia de Rajoy, lo envió a Italia. Casi dos décadas después de su salida y con un PP asfixiado por casos de corrupción como Lezo o Púnica, en 2016 vuelve a España y se le encomienda el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, donde comandará la macrocausa Tándem que engloba decenas de casos que orbitan alrededor del PP. Hoy se sabe, gracias a unos audios conseguidos en una investigación de la Guardia Civil, que Eduardo Zaplana e Ignacio González conspiraron para que García Castellón volviese a Madrid y mandaran “a tomar por culo a Onteniente” a Eloy Velasco, el juez que estaba dejando sin salida a los imputados del PP en causas como la Kitchen y que había mandado a prisión al hermano de González. Lo preferían a él para juzgarles.
Y les salió bien. El historial de García Castellón con todas las causas que tengan que ver con el Partido Popular podría resumirse en distensión: permitió a Ignacio González salir de la cárcel bajo fianza; redujo a una vigésima parte la fianza de su hermano; salvó a María Dolores de Cospedal y a su marido con una especie de imputación exprés que duró apenas un mes a pesar de todos los indicios que sugerían sus maniobras para eliminar pruebas que incriminasen al Partido Popular, como la “libretita” de Bárcenas; archivó la investigación sobre los negocios del Borbón Juan Carlos I; y libró también al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, contra el criterio de la Fiscalía de Anticorrupción.
En cambio, la estrategia seguida con todo lo que toque a Podemos y sus dirigentes es la contraria, llegando incluso a tejer una persecución judicial manifiesta contra ellos y ellas. La más mediática, la del caso Dina, cuando trató de transformar la difusión del contenido del teléfono Bousselham en un investigación contra el entonces secretario general de los morados, Pablo Iglesias, y contra su organización política.
Aunque de sus operaciones, de dudosa legitimidad, también han venido reprimendas. La última, hace apenas una semana. La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez instructor de la Kitchen que anulase la apertura de juicio oral que ordenó a mediados de octubre. La inclusión por parte García Castellón del cargo de secuestro en la lista de acusaciones contra los procesados ha llevado a una modificación en la naturaleza del caso. En este contexto, ya no es posible llevar a cabo un procedimiento abreviado, un tipo de proceso penal reservado para delitos castigados con penas de hasta nueve años de prisión. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PSOE como acusación popular advierten que si el juez no tomaba medidas, los acusados podrían alegar que se hayan producido “dilaciones indebidas” en el proceso, lo que podría resultar en una reducción de sus penas en caso de ser condenados.
Fuente: Javier H. Rodríguez en elsaltodiario.com
Fuente: Maldita.es
Qué sabemos sobre el uso de gas lacrimógeno en manifestación frente a la sede del PSOE en Madrid el 6 de noviembre
- Según el atestado policial, recogido por varios medios, sí se usó gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional en la manifestación del 6 de noviembre frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid
- Maldita.es consultó con una experta en criminología sobre este vídeo. Según explica, lo que se ve en las imágenes es humo, no gas lacrimógeno, y que “por eso los agentes se tapan con una simple braga de cuello” y no con protección especial
A raíz de las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid, se ha viralizado este vídeo en el que se afirma que la Policía Nacional aparece lanzado gas lacrimógeno contra los manifestantes. En el vídeo se puede ver cómo un agente antidisturbios lanza, supuestamente, un bote de gas lacrimógeno.
Según el atestado policial, que recogen varios medios de comunicación, la Policía Nacional sí empleó botes de humo inocuos y, más adelante, gases lacrimógenos. Pero, según los expertos consultados por Maldita.es, en este vídeo específico se trataría de un bote de humo disuasorio.
El atestado policial recoge que sí se empleó gas lacrimógeno aunque este vídeo sería de humo
Distintos medios recogen la información contenida en el atestado policial. Europa Press reporta que “los agentes usaron botes de humo (fumígenos inocuos) y, en las últimas cargas, también gas lacrimógeno” cuando los manifestantes intentaron superar la barrera policial. El País incluye la misma información. Por su parte, El Independiente publica que solo se “lanzó un único bote lacrimógeno y que el resto que se han podido ver en redes sociales eran de humo”.
¿Por qué este vídeo viral no sería gas lacrimógeno?
Maldita.es se puso en contacto con Paula Carriba, coordinadora académica del Grado en Criminología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, para analizar la escena. “El uso de botes de humo, que es lo que aparece en las imágenes, y por el cual hay algunos agentes que se tapan con una simple braga del cuello, se usa para disipar a los asistentes y dificultarles la visión. De ahí que no lleven ningún tipo de protección a mayores”, dice Carriba.
La académica, en cualquier caso, apunta que “nadie podrá corroborárselo con total seguridad si no estaba allí”.
Qué dice la ley sobre el uso de gases lacrimógenos
En España la regulación sobre el uso de gases lacrimógenos no está definida en la ley, pero la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, contempla pautas para su empleo. Preguntados por cómo se regula en nuestro país la utilización de este material, el Ministerio del Interior detalla a Maldita.es que “la Policía Nacional actúa siempre en parámetros de proporcionalidad para garantizar la seguridad de todos, y utiliza el material adecuado en cada circunstancia”. “Todas sus actuaciones se amparan en la legalidad”, matizan.
Maldita.es también le ha preguntado al Cuerpo Nacional de Policía por esta cuestión, pero en el momento de publicar esta información, aún no han respondido.
Fuente: Maldita.es
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