Más Madrid ha registrado un paquete de enmiendas a los presupuestos autonómicos por un valor total de 5 millones de euros destinado a garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto dentro de la sanidad pública madrileña y sin depender de derivaciones al sector privado.
De esta forma, la izquierda madrileña propone una reorganización completa de la atención a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales y centros de salud, con el objetivo de que Madrid deje de ser una anomalía en el conjunto del país y sitúe este derecho en el lugar que le corresponde dentro del sistema público.
Las enmiendas de Más Madrid plantean una transformación estructural que pasa por incorporar el aborto farmacológico en Atención Primaria a través de nuevas Unidades de Salud Sexual y Reproductiva, lo que permitirá que los centros de salud puedan atender embarazos de pocas semanas con seguridad, cercanía y sin demoras. Esta reorganización libera presión sobre los hospitales y garantiza que las mujeres puedan acudir al mismo sistema público que las atiende en el resto de su salud reproductiva. A este refuerzo en Atención Primaria se suma la incorporación progresiva de la IVE instrumental en los hospitales públicos, de forma que cada centro pueda asumir las intervenciones de menor complejidad, avanzando hacia la plena integración del procedimiento en la red hospitalaria madrileña.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha subrayado que la situación actual es insostenible: “Menos del 1% de los abortos en Madrid se practican en la pública y las únicas razones son la falta de voluntad política y el sectarismo ideológico de Ayuso, que ahora mismo se sitúa fuera de la ley”.
En este sentido, Bergerot insiste en que revertir esta situación no requiere grandes inversiones: “Basta con dos medidas simples que cuestan muy poco dinero: reorganizar los servicios hospitalarios de ginecología con ayuda del registro de objetores de conciencia y establecer unidades de salud sexual y reproductiva en la atención primaria, de manera que los centros de salud puedan asistir en el aborto farmacéutico para embarazos poco avanzados”.
Para la portavoz, “el objetivo es el mismo: que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto sin salirse del sistema público que las atiende en su día a día, como establece la ley”.
Las enmiendas incluyen además la incorporación inmediata a la cartera de servicios públicos de las IVE por encima de la semana 23, es decir, los abortos terapéuticos que actualmente obligan a muchas mujeres a ser derivadas fuera de Madrid o a recurrir a centros privados. De esta forma, Más Madrid insiste en que la red pública madrileña tiene capacidad para asumir estos procedimientos si existe voluntad política, planificación y recursos suficientes, especialmente si se cuenta con un registro de objetores operativo que permita organizar los equipos sin vulnerar derechos individuales.
Esta medida llega cuando la Comunidad de Madrid ha consumado su negativa a entregar al Ministerio de Sanidad el listado obligatorio de profesionales objetores de conciencia, incumpliendo la Ley Orgánica 1/2023. Más Madrid denuncia que esta falta de responsabilidad institucional perjudica tanto a las mujeres, que ven limitado su derecho al aborto, como a los propios profesionales, que necesitan un registro claro para ejercer su objeción de conciencia sin verse expuestos ni instrumentalizados por la negativa del Gobierno de Ayuso a cumplir la ley.
Fuente: masmadrid.org
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