El caso de la mujer de 87 años, símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria, evidencia la ausencia de alternativas habitacionales garantizadas en Madrid

Maricarmen, de 87 años, ha recibido un alivio temporal al suspenderse su desahucio mientras se revisa su vulnerabilidad. Su caso, emblemático, revela la lucha más amplia por el derecho a la vivienda, acentuando la necesidad de proteger a inquilinos vulnerables ante aumentos de renta y especulación inmobiliaria. La movilización ciudadana sigue firme.
Maricarmen, 87 años, podrá quedarse en su casa. Al menos, de momento. La justicia ha decidido suspender el desahucio previsto para esta semana mientras se revisa de nuevo su situación de vulnerabilidad y se exige a las administraciones que garanticen una alternativa habitacional que, hasta ahora, no ha existido. La noticia ha sido recibida con alivio en su barrio, en el madrileño distrito de Retiro, donde vecinos y colectivos por el derecho a la vivienda se han movilizado durante días para impedir que esta vecina de toda la vida fuera expulsada.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran el aplazamiento, pero advierten: “La única solución pasa porque Maricarmen se quede en su casa. Esto no va solo de ella, sino de la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo y los fondos buitre. Por eso defendemos contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a quienes especulan con ellas”, señalan en un comunicado.
HEMOS CONSEGUIDO SUSPENDER EL DESAHUCIO DE MARICARMEN pic.twitter.com/hvV8GaAonI
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 28, 2025
Una vida entera en el mismo hogar
Maricarmen vive en la vivienda desde 1956, cuando se mudó allí con sus padres con un contrato de renta antigua. Tras el fallecimiento de su padre y más tarde de su madre, se subrogó legalmente el contrato, y durante décadas pagó una renta actualizada al IPC, además del IBI. La propiedad nunca cuestionó su derecho a permanecer allí… hasta que comenzaron los cambios de dueño a partir de 2018.
Fue entonces cuando se le planteó la compra del piso por 250.000 euros o un incremento del alquiler del 300%, opciones inasumibles para ella, pensionista con un 50% de discapacidad reconocida.
En una primera sentencia, el juzgado nº 90 de Madrid le dio la razón, considerando que su permanencia había sido aceptada de forma tácita por los distintos propietarios. Pero la empresa actual recurrió, y la Audiencia Provincial —y posteriormente el Tribunal Supremo— ordenaron el desahucio, argumentando que las prórrogas indefinidas solo pueden aplicarse una vez. Maricarmen señala que la norma es injusta y machista: “Cuando mi padre firmó, solo los hombres podían rubricar el contrato. Eso no puede estar condicionando mi vida 70 años después”.
Almeida, desinformación y silencio institucional
Este lunes, el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirmó que “no le constaba” que Maricarmen hubiera acudido a los servicios sociales. Pero ella sí lo hizo. La respuesta: una residencia pública con lista de espera o alternativas que implicaban pagos.
A sus 87 años, aún autónoma y vinculada a su vecindario, Maricarmen se negó a ser desalojada de la casa en la que ha vivido toda su vida adulta.
Mientras tanto, la movilización ciudadana ha parado lo que la administración no quiso frenar. Este lunes, el Sindicato de Inquilinas sacó a las calles del barrio de Ibiza una marcha en su defensa, respaldada por asociaciones vecinales y vecinas que se niegan a ver cómo se expulsa a la gente mayor de sus barrios para convertir viviendas en activos financieros.
Más que un desahucio: un síntoma
El caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo porque muestra una realidad extendida pero silenciada:
- El alquiler como negocio especulativo, no como derecho.
- La desprotección de inquilinos vulnerables, incluso con décadas de arraigo.
- La ausencia de un parque público de vivienda capaz de garantizar estabilidad.
No es solo la lucha de una mujer mayor contra quienes quieren expulsarla. Es la lucha por una ciudad habitable, por barrios que no expulsen a las personas que los construyeron y por poner límites a un mercado que ha convertido el hogar en mercancía.
Maricarmen se queda
Pero la batalla por el derecho a la vivienda sigue en las calles
Fuente: mundoobrero.es
Imagen portada: Montaje foto izda @amnistiaespana u foto dcha mundoobrero.es

Hoy hemos estado en la manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen. Esta vecina de 87 años, lleva 69 residiendo en su casa de la calle Sainz de Baranda, y ahora un fondo buitre la quiere echar.
— Sindicato de Estudiantes de Madrid (@SEMadrid_) October 27, 2025
El miércoles 29 pondremos el cuerpo para frenar esta injusticia. pic.twitter.com/RN9Jyoc0Gl
Todo el barrio de Retiro volcado con Maricarmen
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 27, 2025
Ella lo ha dicho alto y claro: no lucha solo por ella, lucha por todas nosotras, porque solo vamos a conquistar el derecho a la vivienda organizadas
Este miércoles, paramos su desahucio pic.twitter.com/xtJB4V01Cz
¡Maricarmen se queda! La presión ciudadana y el trabajazo de @InquilinatoMad han logrado paralizar su desalojo. A sus 87 años, iba a ser desalojada mañana de la casa en la que vive desde hace 70 años con un alquiler de renta antigua. Aquí un recordatorio. pic.twitter.com/StPWvsrClG
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 28, 2025
Maricarmen se queda gracias al enorme trabajo del Sindicato de Inquilinas y a la movilización social. Pero aún puede ser desahuciada si el Gobierno no aporta una solución estructural, como los alquileres indefinidos o la congelación de precios.
— Tesh Sidi (@teshsidi) October 28, 2025
Al igual que existe el contrato… pic.twitter.com/Buqeg7UuRn
