Mal pagadas, sobrecargadas y medicadas: así trabajan las mujeres que cuidan a los mayores

  • Los sindicatos preparan nuevas movilizaciones en marzo tras desacuerdos con la patronal de las residencias por la firma de un convenio estatal
  • «Con nosotras no funciona el sistema, todo el mundo mira para otro lado», relata una trabajadora del servicio domiciliario

Sueldos ajustados, sobrecargas de trabajo y desgaste físico y mental. Así describen las fuentes sindicales el trabajo de las mujeres sobre las que los españoles cargan lo más importante: el bienestar de sus abuelos, padres o sus cónyuges cuando empiezan a ser ancianos. La última batalla que han librado las trabajadoras del sector de la Dependencia dan buena cuenta del contexto de precariedad. Amenazan con nuevas movilizaciones este marzo si la patronal no cede en la negociación del nuevo convenio colectivo estatal para el sector. «Tienen condiciones laborales muy complicadas», explica Antonio Cabrera, secretario de la Federación de Sanidad de CCOO.

La sindicalista dibuja un «sector históricamente feminizado» formado por unas 250.000 trabajadoras y con «un problema de baja remuneración», debido al poco reconocimiento del trabajo de los cuidados, que la sociedad valora en el ámbito privado pero no cuando hay que pagarlos. Según cifras facilitadas por CCOO Madrid, el sueldo base de una gerocultora suele estar en 997 euros, mientras las limpiadoras, los pinches de cocina y el personal no cualificado de las residencias se quedan en 903,87. Los titulados superiores alcanzan los 1.539 euros, mientras las escalas más altas (directores, administradores o gerentes) llegan a 1.807 euros según estas cifras.

El origen del conflicto está en la negociación del VIII Convenio Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Los sindicatos se quejan de que la patronal se niega a aplicar un salario mínimo para las trabajadoras del sector de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2020. Por eso, llevan meses movilizándose, como ya hicieron el 14 de diciembre frente al Ministerio de Sanidad. En marzo, vuelven a convocar acciones que tendrán lugar a las puertas de los centros de los principales grupos empresariales del sector. «Está paralizado.Tenemos abierto un conflicto», explica Gracia Álvarez, responsable de Dependencia de FeSP-UGT.

Pero no solo contra la patronal, también para presionar a un Estado que lleva años abandonando el sistema de Dependencia: «La financiación se reparte entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central: las comunidades aportan el 83% y el Gobierno central un 17%, explica Antonio Cabrera.

El nuevo ejecutivo de coalición levanta expectativas. En el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos prometen revertir los recortes que el PP asestó al sistema de Dependencia desde 2012, mejorando «las cuantías en el nivel medio» o para «reducir las listas de espera». Aun así, los sindicatos esperan poder tener interlocución con la nueva vicepresidencia social que capitanea Pablo Iglesias.

Desgaste y medicación en las trabajadoras

María (nombre ficticio) trabaja realizando terapias cognitivas en un centro de Asturias. Su sueldo es más alto que el de las gerocultoras (CCOO cifra a los terapeutas en unos 1.251 euros), pero describe un panorama en las residencias «bastante precario». La falta de recursos va mucho más allá del sueldo. La empleada pone el foco también en las ratios, que son dispares entre comunidades autónomas y, además, «no se ajustan a la realidad», lo que se traduce en prisas para atender a los enfermos.

Álvarez refuerza la percepción de María: «En vez de conmutar por número de trabajadores directos, como las propias gerocultoras, computan también los indirectos, donde entran los administrativos, pinches, etc., por lo que el número de personas de atención directa queda desvirtuado». Desde CCOO también se quejan de la asimetría entre comunidades autónomas. Según sus números, varían desde el 1,3 trabajadoras de atención directa por cada tres dependientes de Castilla y León hasta los 3,9 de Andalucía: «No todas ellas justificadas por los distintos niveles de financiación, lo que supone un desagravio comparativo en la atención a las personas dependientes, según su lugar de residencia. Asimismo, incluso la ratio más alta es insuficiente para atender de forma adecuada a los grandes dependientes (grado III)», valoran desde el sindicato.

La entrevistada lleva trabajando en residencias casi dos décadas. En la última, ha observado que los enfermos llegan con «un desgaste físico y psicológico mayor». Los precios de estos centros y las listas de espera hacen que «las familias cada vez esperen más» y decidan atender a los mayores en casa hasta que los cuidados profesionales se hacen inevitables. Esto hace que los pacientes lleguen más deteriorados y necesiten más atención del personal, una responsabilidad que las plantillas se echan a las espaldas. «No puedes dejar a una persona desatendida, cuentan mucho con la humanidad de las trabajadoras», explica María.

Esto se traduce en que muchas empleadas se automediquen para trabajar, ya sea con analgésicos para el dolor muscular o incluso, con ansiolíticos. Gracia Álvarez habla de dos grandes grupos de patologías, las musculoesqueléticas y las de salud mental. «Algunas no te las reconocen como enfermedad laboral», se queja María sobre enfermedades como la ansiedad.

¿Y las mujeres que atienden en casa?

«Hay un abismo entre las dos situaciones. El sueldo es el mismo, pero hay mucha precariedad», explica Lucía, nombre ficticio, que pertenece a la plataforma SAD Andalucía. Esta andaluza habla de trabajos por horas de una casa a otra: «No puedes buscarte otro empleo porque tienes cuatro horas de trabajo y están partidas».

El propio hecho de atender en casa tiene otras particularidades, como no tener máquinas para facilitar la tarea, como las grúas o las camas articuladas. «Tampoco tenemos una valoración de riesgos adecuada. Nos mandan a una casa porque tenemos un servicio y el paciente puede tener neumonía o hepatitis y nosotras no tener ni idea», explica esta trabajadora.

Al no compartir el espacio físico, es más difícil organizar a las trabajadoras. Las compañeras apenas tienen relación y Lucía denuncia que las empresas tampoco lo fomentan. En su caso, cree que la Inspección de Trabajo tampoco está prestando suficiente atención a lo que ocurre en este sector: «Con nosotras no funciona el sistema, todo el mundo mira para otro lado».
Fuente: Sara Montero en cuartopoder.es