Madrid y Murcia son las comunidades con peores servicios sociales

El Índice DEC (derechos, economía y cobertura) vuelve a analizar el estado de los servicios sociales tras un año de parón obligado por la pandemia.

Cada año, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales evalúa mediante el Índice DEC (derechos, economía y cobertura) el estado general del gasto público en servicios sociales así como otros factores, la información disponible para posibles perceptores de ayudas, la duración de las listas de espera, etc. Tras un año de parón por la covid-19, el 24 de mayo se presentó el primer informe marcado por la pandemia.

Varias dimensiones del Índice se refieren a 2019, detallan los autores del informe de 2021, “como son los indicadores de relevancia económica y otros tan significativos como los servicios para las personas mayores (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, hogares y centros de convivencia y residencias)”. Aún así, el detallado resumen es lo más cercano a un estado general de los servicios sociales en nuestro país. Un informe que está marcado por la determinante disparidad entre las distintas comunidades autónomas.

Seis autonomías “suspenden” en la calificación general. Las que peor resultados presentan son, curiosamente, las dos que han marcado el curso político en España: Madrid y Murcia. Madrid sigue siendo la comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2020.

El gasto social per cápita plasma esas enormes diferencias territoriales. La Comunidad Foral de Navarra es, con un presupuesto social de 738 euros por persona, una de las que aparece con una calificación general excelente en el conjunto del informe. Murcia, en cambio, es la única en la que no se cubren los 300 euros por año y por persona destinados a gasto social. En comparación con el volumen del PIB regional, la que menos invierte es la Comunidad de Madrid. 

El limbo de la dependencia

En los apartados de cobertura, las diferencias entre territorios comienzan por el ratio de trabajadores técnicos destinados a las distintas ramas del trabajo social y de cuidados. Comunidades como Navarra son la excepción, mientras que en Extremadura se da la mayor ratio de personas por cada empleado, con más de 3.200 a cargo de cada asalariado.

En dependencia, las mejores cifras de cobertura respecto a la población potencialmente dependiente las presentan las dos Castillas, mientras que en Canarias, Galicia y Asturias el porcentaje de población que no tiene reconocido el derecho a la dependencia pese a poder optar a él es demasiado alto, por eso en el informe reciben las peores puntuaciones en este capítulo.

Otro apartado es el del “limbo” de las personas que, teniendo reconocido su derecho a una prestación por dependencia, no perciben estas ayudas o servicios. Casi una de cada cuatro personas en esta situación en Canarias no acceden a prestaciones, en Catalunya asciende al 31,9% y en La Rioja está al borde del 30% de la población.

El porcentaje de personas en situación de pobreza que cobra una renta de inserción va desde el 70% de Navarra hasta el 2,01% de Castilla La Mancha.

Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Podemos se aprecia un cambio a mejor que tiene las fechas previas al coronavirus su mejor época, así, durante “el intervalo entre la crisis de 2008 y la que ha provocado la pandemia del covid-19 en 2020, el Sistema se ha ido recuperando. Queda por ver, en próximos años, como decíamos, el impacto que va a tener esta nueva crisis”. Fuente: elsaltodiario.com

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