Los ultras activan todas sus palancas para influir en la opinión pública

En la oposición, la derecha utiliza una amalgama de organizaciones políticas presentadas como “civiles” para agitar la calle

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La «batalla cultural» es uno de los conceptos más utilizados por Vox para referirse a la pugna por ganar el dominio ideológico; es decir, no vale solo con vencer en las elecciones, también hay que lograr que las ideas reaccionarias sean las hegemónicas y perduren más allá del descontento temporal.

La estrategia no es nueva y llevan años poniéndola en práctica. Y cuanto más tiempo pasa, más herramientas tienen. En los últimos meses, ante la nueva investidura de Pedro Sánchez y la negociación de la Ley de Amnistía, la derecha y la extrema derecha activaron sus diferentes resortes para influir en la opinión pública y agitar la calle, e ir situando así sus ideas como las más cercanas a un supuesto sentido común. Es una situación muy similar a lo ocurrido tras las elecciones de 2004 y 2019, cuando el bloque conservador accionó sus palancas con el objetivo de mover el pensamiento dominante hacia la derecha.

Asociaciones y fundaciones

Es una de sus especialidades: crear una amalgama de organizaciones políticas, lideradas por cargos actuales o pasados de los diferentes partidos, para dar un barniz social a sus inciativas políticas. Porque no es lo mismo que una manifestación esté convocada por un partido a que lo esté por la sociedad civil. Es decir, no tiene nada que ver que la penúltima concentración contra la amnistía la lidere el Partido Popular a que lo haga la asociación Neos, a pesar de que el líder de esta última sea el exministro de Interior con el PP Jaime Mayor Oreja.

Estas organizaciones, lejos de ser «civiles», como así son presentadas en multitud de medios de comunicación, son apéndices de los propios partidos fuera de las instituciones. Uno de los casos más claros en los últimos meses es Revuelta, una especie de grupo juvenil que ha liderado las protestas frente a la sede federal de PSOE, en Madrid, y ahora en el punto de mira después de que en la concentración de Nochevieja se ahorcara y apaleara a un muñeco con la cara del presidente del Gobierno. Bajo el amparo legal de la Asociación Plataforma 711 (cuya antigua web era batallacultural.online), este movimiento también fue el encargado de convocar una huelga estudiantil el pasado 24 de junio de la mano del sindicato Estudiantes por la Libertad, nacido en 2006 y reactivado de manera reciente para llevar a cabo este tipo de acciones.

Revuelta y este sindicato llegaron a enviar correos a centros de educación infantil (es decir, cuyos alumnos tienen entre 3 y 6 años) para alertar de la huelga. La carta dirigida a los equipos educativos estaba firmada por Raúl Robert Ruiz, concejal de Vox en la localidad valenciana de Silla, lo cual demuestra la relación directa entre este tipo de organizaciones y el partido de extrema derecha.

Tanto la huelga estudiantil como la laboral (convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox) cosecharon sendos fracasos, ya que las clases transcurrieron con total normalidad en los centros educativos, tanto públicos como privados, incluidas las principales universidades del país, al igual que sucedió en los centros de trabajo.

En momentos de descontento, la derecha y la ultraderecha son especialistas en desempolvar organizaciones latentes para acaparar la agenda política y mediática. En vísperas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, organizaciones durmientes como la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT), ULIS o Foro España iniciaron un periodo de hiperactividad social con la firma de manifiestos y la convocatoria de concentraciones contra las medidas del entonces Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Lobbies y pseudomedios financiados con dinero público

Por otra parte, Castilla y León es hoy para Vox lo que la Comunidad de Madrid fue para el ala dura del PP en tiempos de Esperanza Aguirre: el laboratorio en el que poner en práctica sus ideas gracias al dinero público. Así ha sido por dos cuestiones: por la tradición conservadora de la región (36 años con la Junta en manos de la derecha) y porque fue el primer Gobierno autonómico al que accedió la extrema derecha gracias a su pacto con Alfonso Fernández Mañueco en 2022, que entregó a los de Abascal las consejerías de Agricultura, Cultura e Industria y Empleo, además de la vicepresidencia de Ejecutivo regional.

Un año y medio después, Vox ha sabido utilizar los recursos públicos a su alcance para beneficiar a organizaciones y medios de comunicación afines. Así, tal y como adelantó lamarea.com, el partido verde, a través de la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, pagó 15.000 euros al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), la institución educativa fundada por la exdiputada francesa de extrema derecha Marion Maréchal Le Pen, sobrina de Marine Le Pen, para el patrocinio de un curso de verano celebrado en Segovia el pasado mes de septiembre.

El ISSEP es un lobby formativo íntimamente ligado a Vox a través de, entre otros, la figura de Kiko Méndez Monasterio, nombrado asesor de Santiago Abascal el mismo año de la apetura del ISSEP en España, y patrono del propio Instituto, según figura en el Registro de Fundaciones. Asimismo, el centro abrió su sede hace tres años en el mismo inmueble en el que VOX había tenido la suyaun local propiedad de una empresa ligada al exvicepresidente primero del partido, Víctor González Coello de Portugal.

Aunque el contrato de patrocinio del curso de verano no se firmó hasta el 11 de septiembre, los materiales del curso ya presentaban el logotipo de la Junta de Castilla y León desde junio, incluso antes de la firma del informe de necesidad por parte del organismo público. Estos hechos fueron definidos por el procurador de las Cortes de la comunidad y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como “uno de los casos de clientelismo más palmarios” que haya visto en su carrera.

A través de Agricultura, Vox se ha valido también del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACL) para otorgar publicidad institucional a dedo a medios de comunicación afines, piezas imprescindibles en la batalla cultural de la extrema derecha. A pesar de haber definido al ITACL como un «chiringuito» antes de entrar en el Gobierno, los de Abascal han utilizado el organismo público para firmar contratos con pseudomedios como EDA TV, propiedad de Javier Negre, Periodista Digital, de Alfonso Rojo, condenado por insultar a Pablo Iglesias, y OkDiario, de Eduardo Inda.

Fuente: Dani Domínguez en lamarea.com

Foto portada: captura video redes sociales

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