Los centros de salud de Madrid no tienen noticias de los refuerzos, clave para la desescalada: «Aquí no ha aparecido nadie»

La Consejería de Sanidad asegura que hay 600 profesionales más en Primaria y 172 en Salud Pública pero las incorporaciones parecen no haberse concretado todavía, mientras un servicio de Atención Primaria infradotado asume cada vez más tareas

La Consejería de Sanidad asegura que hay 600 profesionales más en Primaria y 172 en Salud Pública pero las incorporaciones parecen no haberse concretado todavía, mientras un servicio de Atención Primaria infradotado asume cada vez más tar

La Comunidad de Madrid necesita «consolidar» su plan para detectar nuevos casos COVID-19 y rastrear sus contactos. Fue la principal objeción que hizo el Ministerio de Sanidad a la solicitud de la región para pasar a la fase 1. Tres días después y en la víspera de que la Consejería presente por tercera vez una propuesta, en los centros de salud, la pieza clave durante la desescalada, no saben cuándo llegarán refuerzos y cómo deben coordinarse con los rastreadores. Decenas de ambulatorios, además, siguen cerrados mientras crece el número de pacientes ordinarios, que están volviendo a pedir cita telefónica tras dos meses de casi dedicación exclusiva al COVID-19.

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, anunció la semana pasada que se contratarían 400 técnicos de Salud Pública para hacer un seguimiento de los contactos, además de 650 profesionales extra en los centros de Atención Primaria. El Ministerio de Sanidad indicó en su informe de Madrid (el primero que es por escrito) que el «plan de recursos humanos» estaba «poco detallado».

La Consejería de Sanidad aseguró en una carta dirigida a Sanidad, en respuesta al informe, que ya hay contratadas 600 personas en Atención Primaria y 136 en Salud Pública (menos de la mitad de los 400 prometidos en un primer momento). Fuentes de la cartera que dirige Enrique Ruiz Escudero remiten a esa carta y añaden que las cifras serían «ampliables» con operadores de las centralitas de cita. Sin embargo, los sindicatos desmienten que las contrataciones se hayan incorporado a los centros después de firmar, el pasado miércoles, el acuerdo en la mesa sectorial para mantener a 10.000 sanitarios temporales hasta diciembre de 2020. Casi una semana después de la primera solicitud al Ministerio.

«Aquí no ha aparecido nadie. No sabemos qué pasará en las próximas 24, 48 o 72 horas», cuenta Carolina Pérez de la Campa, médica de familia en el centro Rosa de Luxemburgo (San Sebastián de los Reyes) y delegada de Amyts. «Ni están ni se les espera de momento», advierte Mar Noguerol, que trabaja como facultativa en un ambulatorio de Fuenlabrada y es vicepresidenta de AFEM.

Otra sanitaria de un ambulatorio en el sur de Madrid asegura que tampoco tiene noticias de los refuerzos y que hay dudas entre los compañeros sobre dónde acaba el seguimiento de Atención Primaria y dónde empieza el trabajo de los rastreadores. No saben si a sus positivos les están llamando los rastreadores y, como hacían hasta ahora, siguen prescribiendo aislamiento para los convivientes. Algunos médicos se preguntan incluso si los técnicos están funcionando ya, sin contacto con los centros de salud.

Este lunes los ambulatorios han recibido una versión actualizada el protocolo del pasado 11 de mayo, en el que se detalla de forma más específica que los facultativos tienen que volcar los contactos en el sistema tras recabarlos a través de una entrevista con el paciente. Después, corresponde a Salud Pública la «identificación nominal» de cada contacto. «Con la colaboración del Centro de Atención Personalizada (CAP) para llevar a cabo el seguimiento», dice el protocolo, al que ha tenido acceso eldiario.es. Esto es, las centralitas que sirven para citar a los pacientes.

Desde la semana pasada, los facultativos ya tienen PCR para realizar a los sospechosos en las siguientes 24 horas a la comunicación de los síntomas, como marca el protocolo de Sanidad. En dos días, la capacidad de hacer pruebas a los sospechosos aumentó del 30 al 50%, según el informe del Ministerio, que testó el sistema cuando solo llevaba dos días en marcha.

El protocolo actualizado remitido este lunes a los centros advierte de que las pruebas diagnósticas se restringen a los pacientes que manifiestan síntomas a partir de ahora: «los nuevos casos de sospecha». No se pueden realizar a los que ya estaban en seguimiento domiciliario, según las órdenes de la Consejería de Sanidad. Estos quedan como posibles y nunca se podrán confirmar.

Cada centro de salud recibe un número limitado de pruebas. Entre 10 y 30 al día, según el testimonio de varios médicos consultados por este medio, que consideran que de momento son suficientes. UGT, sin embargo, ha recabado casos de ambulatorios que advierten escasez para el número de sospechosos que reciben. Los pacientes que comunican síntomas son citados para realizarse la PCR por teléfono y los centros ya están organizando salas exclusivas para este proceso.

Sanidad cifra en 1.313 las pruebas diagnósticas que se han hecho en la última semana en los centros de salud abiertos de la región, «cinco al día» en cada ambulatorio de media. Hay 70 centros, la mayoría consultorios, que permanecen cerrados, según los últimos datos oficiales.

Una montaña de tareas

Los sanitarios están preocupados por el aumento de la carga de trabajo que supone este nuevo procedimiento. Además de realizar las pruebas, deben rellenar exhaustivamente tres fichas por paciente donde se especifican los contactos, la clínica (síntomas) y la evolución; continuar con el seguimiento telefónico de los pacientes que tenían antes (entre 40 y 50 al día en algunos casos) y atender también por la vía telefónica preferentemente a las personas que piden cita ordinaria, que cada vez son más. De momento, la Consejería no permite solicitar una cita por internet, sino que hay que contactar telefónicamente con el centro.

Además, los sanitarios han recibido órdenes para volver a llamar a todos los pacientes que tenían citas con especialistas anuladas para preguntarles si quieren ser derivados de nuevo y, en algunos centros de salud, tienen que hacer visitas a las residencias de mayores para dar apoyo sanitario. En muchos ambulatorios la plantilla sigue reducida por las bajas.

«Hemos vivido estas semanas con una sensación de sorpresa constante porque hemos visto que se han hecho propuestas sin haber implementado las medidas. En estas circunstancias no estamos preparados», afirma Julián Ordóñez, de UGT. «Lo que ha pasado en la sanidad madrileña, este colapso, no se puede volver a repetir», añade. Los sanitarios están preocupados ante la posibilidad de que la realización de PCR les desborde y por que no lleguen las suficientes. La Comunidad de Madrid dice que tiene capacidad para hacer unas 20.000 diarias. También temen que los residentes, que acaban el 26 de mayo y están «muy rodados» en COVID-19 porque muchos estuvieron en Ifema, no sean contratados.

Todos los sindicatos coinciden en la «infradotación» que ya sufría la Atención Primaria antes de esta crisis. «Ya nos faltaban 400 médicos y 150 pediatras», señala Alicia Martín, responsable de Atención Primaria de Amyts. Madrid dedica a la Atención Primaria el 11,5% del gasto sanitario, por debajo de la media nacional del 14%. La legislatura pasada terminó en la Comunidad de Madrid con un plan, guardado finalmente en un cajón, para recortar el horario de citas previas en los ambulatorios por la falta de médicos, justificaron en Sanidad, que querían trabajar en Madrid en estas condiciones.

La situación se agravó durante el pico de contagios porque se clausuró una parte de los centros de salud para abrir con esos sanitarios el macrohospital de Ifema ante la avalancha de casos graves. Ese repliegue aún no ha concluido ahora que la Atención Primaria es la pieza clave para contener un rebrote. «Reclamamos más medios. No se puede gestionar la miseria. Esto no es un tema político, es un asunto sanitario, y es necesario para que seamos eficaces en la detección y el seguimiento», concluye Martín.

El informe oficial del Gobierno le pide a Madrid más capacidad de pruebas PCR y más control en las residencias

Fuente: Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es