La privatización de Bankia, un grave despropósito

La evolución de las instituciones bancarias en España desde los años 60 ha pasado por distintas fases, que tienen que ver con diversos estímulos sociales y económicos. En una primera fase fue necesario expandir el sistema financiero para avalar el desarrollo endógeno de nuestro país a través de su industrialización. Son los años del despegue desarrollista, momento en que la Dictadura nacionaliza los llamados Bancos Oficiales, que, junto a las Cajas de Ahorro y la importante banca privada, constituyen entonces nuestro sistema financiero. Estos años suponen un gran cambio sociológico, el crecimiento exponencial de las ciudades paralelo al éxodo de la España vaciada. El sistema financiero pasa a constituir el centro en el proceso de acumulación, ya que los bancos son los principales avaladores y accionistas de las empresas industriales, comercializadoras y constructoras.

Recién entrada la democracia se inicia en 1977 un periodo de desregulación y liberalización financiera, es en este año cuando el Gobierno de la UCD inicia un cambio normativo que supone el comienzo de la desterritorialización de las Cajas de Ahorro y diversos cambios en sus prácticas financieras. Por otra parte, un nuevo proceso se inicia en la banca privada a partir de los 80, responde a la necesidad de abrirse a la competencia a nivel internacional y aprovecha la corriente de fondo liberalizadora que llega a Europa procedente de las finanzas USA y que se extiende a la banca internacional bajo la presión de la OCDE, de los organismos financieros internacionales – BM y FMI – y de la Comunidad Económica Europea, de la que España forma parte a partir de 1986.

La presión constante ejercida por la banca privada sobre los sucesivos gobiernos populares y socialistas, para expandir su negocio acaparando el conjunto del ahorro y el crédito en España, supone lo que podríamos denominar un lento y sigiloso golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, marcado por la entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública, entre 1991 y 1998 y posteriormente por el operativo desplegado para malvender las cajas rescatadas y nacionalizadas, tras la crisis del ladrillo, a las finanzas privadas. Durante décadas los gobiernos han actuado bajo la premisa de que lo que era bueno para los accionistas de bancos como BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones; otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital (es curioso que en las sucesivas memorias corporativas del BSCH el monto de sus beneficios en nuestro país, no ha llegado nunca al 15% en los últimos años, un banco en que prácticamente la mitad de su valor accionarial pertenece a sociedades privadas extranjeras y que sigue considerándose un banco español, lo que sí está claro es que cada vez más “nuestros” grandes bancos son bancos sistémicos globalizados). Ha sido precisamente su condición de grandes bancos demasiado grandes para caer (“to big to fail”) la que ha prevalecido a la hora de implementar el rescate de las grandes entidades del sistema financiero, cajas, pero también bancos. Rescate que el erario público, o sea la ciudadanía, no ha recuperado a fecha de hoy. Y habría que hacer en este punto algunas consideraciones: La primera es que en ningún momento se ha planteado ante las crisis bancarias que sean los accionistas (nunca los depositantes) quienes asuman en primer término el impacto de la crisis, a ellos no habría de salvarles el Estado, cualquier juego entraña un riesgo. Otra es que cualquier cantidad empleada por el Estado en un rescate bancario es un dinero que la ciudadanía presta a su sistema financiero y que como préstamo ha de ser devuelta al erario común. Respecto a la forma de devolución cabrían diversas formas posibles: A través de la devolución del dinero prestado más intereses acumulados, mediante traspaso de acciones al Estado a cambio del débito, o bien podría ser en este momento muy pertinente que la Nueva Caixabank, que debería asumir la devolución de los 24.000 millones de euros del rescate de Bankia, utilizara su inmenso parque de vivienda para ponerlo a disposición del Estado con el fin saldar su deuda y que éste pudiera así ser destinado a alquiler social, tan necesario en este momento en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de la experiencia pasada de desregulación, descontrol y crisis bancarias, tanto la UE, como el BCE, siguen orientando al Gobierno de España a continuar aún con más fusiones bancarias, manifestando que aún hay margen para la competencia en el sistema bancario español, con un índice de concentración bancaria de los más elevados de Europa (un 28 puntos porcentuales por encima de la media ponderada de la eurozona según un reciente estudio del Banco de España), algo tendría que decir al respecto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. De 62 entidades financieras que había en 2007, antes del inicio de la crisis, quedan 10, de las cuales 4 están en proceso de fusión. En este momento 4 grandes entidades (Santander, BBVA, Caixabank-Bankia y Sabadell) controlan el 80% de nuestro sector financiero.

El proceso que se ha cerrado con la privatización de la mayoritariamente nacionalizada Bankia, y el traspaso de su patrimonio y acciones a Caixabank, ha sido una operación bien revestida, por la mayoría PSOE del Gobierno actual, de justificaciones y “motivaciones doradas” como de costumbre, es manifiesto que en ningún momento se ha sopesado la más remota posibilidad de convertir Bankia en una Banca Pública de depósitos, como reiteradamente ha estudiado, manifestado su viabilidad y pedido al Gobierno la Plataforma por una Banca Pública. A nivel operativo, esta fusión por absorción de Bancaixa sobre Bankia ha supuesto que una entidad con un 62% de participación mayoritaria del Estado, que por lo tanto mantenía el poder de decisión sobre ella, ha sido anexionada por otra de carácter privado en la que el Estado, a través del FROB, mantendrá una participación minoritaria del 16’1% de la nueva Caixabank, que se sitúa en el número uno del rànquing de las entidades financieras por número de activos en nuestro sistema bancario, con aproximadamente 650 mil millones de euros.

Hemos de analizar la decisión a la luz de la actual situación del sistema financiero internacional. Desde 1999, en que Clinton derogó la Glass Steagall Act por la que la banca de depósitos y préstamos se mantenía separada de la banca de inversión y sus prácticas especulativas, la llamada banca universal añade a sus prácticas de banca tradicional las de inversión especulativa. Es este uno de los motivos más importantes del gran descontrol financiero del sector bancario actual, junto al exceso de titulización y la creación de sofisticados productos derivados. Por otra parte, las normas reguladoras bancarias vigentes a nivel internacional, las de Basilea III, son insuficientes dada la existencia de una buena parte del sistema financiero internacional que permanece en la sombra, en sistemas jurídicos offshore y oculto a la mirada de los supervisores, lo que dificulta la supervisión consolidada de las entidades sistémicas, cada vez más globalizadas. Los observadores financieros hablan desde hace años de una nueva acumulación de riesgos en un sistema que paradógicamente sigue concentrándose, lo cual multiplica las posibles consecuencias devastadoras de las crisis bancarias para las economías en el futuro, especialmente dado el importante crecimiento de la deuda privada.

Otro problema de gran importancia es el actual precio del dinero, las tasas de intereses negativos de facto (si tomamos en cuenta la inflación anual) que viene estableciendo el BCE y que suponen que los bancos, ante las perspectivas de no beneficio, no tengan interés en promover el crédito a empresas y familias. Esto desplaza el negocio bancario en dos direcciones nocivas, económica y socialmente. Una busca un incremento de ingresos en base al aumento de toda clase de comisiones de apertura, mantenimiento y operatividad, que recaen sobre la ciudadanía y que son especialmente sufridas por las personas más vulnerables. La otra busca en el trading especulativo lo que no obtiene por vía del crédito, lo cual aumenta los riesgos sistémicos.

La fusión, por absorción de Caixabank sobre Bankia, significará la desaparición de 1400 oficinas y 8300 despidos solicitados por la entidad, que se suman a los miles de oficinas y a los 100.000 empleados despedidos en el sector desde 2008, lo que dejará en la exclusión financiera a un gran número de personas y a más de 4000 municipios sin oficinas bancarias. Mientras esto pasa, es indignante que la nueva entidad haya decidido asignar altos sueldos a sus máximos representantes (El Presidente Goirigolzarri ha triplicado su sueldo respecto al anterior en Bankia) y una política de bonus a sus ejecutivos que ya ha sido cuestionada por Nadia Calviño, si bien corresponde al Banco de España y en parte al BCE respaldar, o no, las medidas tomadas.

El actual oligopolio bancario es deudor de un considerable número de ayudas directas e indirectas, sin que se vislumbren perspectivas de recuperación y la ciudadanía sufre ahora las consecuencias de las fusiones. La privatización de Bankia significa un nuevo y grave despropósito político, económico y social, ya que aumenta el poder del oligopolio bancario sobre un Estado que se ha desprendido de las finanzas públicas, aumenta el riesgo sistémico en la economía al orientar su actividad al trading financiero y finalmente contribuye a minimizar el servicio tradicional de intermediación bancaria, con las negativas consecuencias previsibles sobre las empresas y la sociedad en su conjunto.

Fuente: Antonio Fuertes Esteban. Miembro de ATTAC y de la Plataforma por una Banca Pública en attac.es

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