La sanidad privada continúa ganando terreno en el Estado Español al calor del deterioro progresivo del sistema público
Desde la pandemia, el número de personas con seguro sanitario privado ha aumentado en 1,8 millones, alcanzando ya los 12,8 millones de asegurados, lo que supone que más de una cuarta parte de la población depende parcial o totalmente de empresas privadas para recibir atención médica.
Los datos, difundidos por la Fundación IDIS —uno de los principales lobbies de la sanidad privada—, reflejan un cambio profundo en el modelo sanitario español: en apenas cinco años, la cobertura privada ha pasado del 23% al 26% de la población. Comunidades como la de Madrid, Catalunya o Illes Balears encabezan esta deriva privatizadora.
Detrás de este crecimiento no se encuentra una mejora de la libertad de elección, sino el progresivo debilitamiento de la sanidad pública, denuncian organizaciones en defensa del sistema sanitario. Las listas de espera récord, la falta de profesionales, el cierre de centros y la infrafinanciación están empujando a miles de personas a contratar seguros privados para poder recibir atención en plazos razonables.
“Quien quiere ser atendido con rapidez acaba pagando dos veces: vía impuestos y vía póliza”, advierte la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que acusa a distintas administraciones autonómicas de promover una “privatización encubierta” del sistema sanitario.
Mientras tanto, las empresas privadas continúan ampliando negocio gracias, en buena medida, a recursos públicos. El sector privado ya realiza el 42% de las intervenciones quirúrgicas y atiende más del 32% de las urgencias del país. Además, numerosos hospitales privados operan integrados dentro del propio Sistema Nacional de Salud mediante conciertos y derivaciones financiadas con dinero público.
Diversos informes alertan de que esta dependencia creciente del sector privado no mejora necesariamente la eficiencia ni la calidad asistencial. Por el contrario, sindicatos y expertos denuncian que las empresas sanitarias priorizan las actividades más rentables mientras la sanidad pública asume los tratamientos más complejos y costosos.
La situación resulta especialmente preocupante en territorios donde la gestión privada ya ocupa espacios estructurales del sistema público. En Andalucía, por ejemplo, el debate sobre la privatización sanitaria se ha convertido en uno de los principales ejes políticos, con críticas al aumento de conciertos con grandes grupos hospitalarios privados y al deterioro paralelo de la atención pública.
Los datos económicos muestran además el enorme volumen de negocio generado alrededor de la salud: el gasto sanitario privado ya supera los 37.000 millones de euros anuales, equivalentes al 26,8% del gasto sanitario total en el Estado Español, de forma que se está avanzando hacia un modelo dual donde la calidad de la atención dependa cada vez más de la capacidad económica de cada persona. Un sistema en el que quienes puedan pagar accederán antes a consultas y pruebas, mientras la mayoría verá deteriorarse progresivamente la sanidad pública que sostiene el conjunto de la población.
Fuente: kaosenlared.net
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