La nueva Ley Concursal facilita y prioriza que los trabajadores recuperen una empresa antes de su liquidación

El proyecto de ley se aprobó ayer en el Pleno del Congreso y enfila su tramitación en el Senado. El derecho a la información y consulta del estado financiero previsiblemente será abordado desde el nuevo Estatuto del Trabajo que redactará el ministerio que gestiona Yolanda Díaz

“Son dos pasos de gigante”, resume el parlamentario de Unidas Podemos Roberto Uriarte sobre las dos enmiendas introducidas por su formación en el proyecto de la nueva Ley Concursal, votada ayer en el Pleno del Congreso y que enfila su tramitación en el Senado. Facilitan que los trabajadores recuperen una empresa que entra en concurso de acreedores mediante la capitalización del paro —sin necesidad de llegar a estar desempleado— y prioriza la candidatura de los trabajadores en la subasta de liquidación para que la plantilla forme una sociedad cooperativa, laboral o participada.

La modificación de la Ley Concursal es un requerimiento europeo para trasponer una directiva comunitaria “que intenta hacer justicia: proponer mecanismos eficientes para salvar el máximo número posible de empresas que están pasando por una situación de insolvencia”, explica el diputado. La Unión Europea impulsó a España a reformar lo que se conoce como “ley de segunda oportunidad”, empresas en apuros económicos pero con viabilidad a largo plazo. 

La actualización de la Ley Concursal depende del Ministerio de Justicia, cartera que gestiona el partido socialista. El nudo de las negociaciones entre las formaciones parlamentarias se ha situado en el nivel de deuda pública que los organismos públicos —Seguridad Social y Hacienda— pueden condonar. El acuerdo final ha multiplicado por diez las cifras actuales: de 1.000 a 10.000 euros cada organismo. Además, Justicia ha añadido un relevante paquete de medidas que pretende agilizar los trámites para que la ley actúe de forma preventiva y las empresas con dificultades no lleguen a un punto de no retorno, con una elevada deuda e intereses imposibles de asumir para los trabajadores interesados en hacerse cargo de la empresa. 

Para facilitar que los trabajadores recuperen una empresa, la nueva normativa incluye la enmienda que prioriza la propuesta de los trabajadores frente a candidatos externos para hacerse con la gestión de la empresa. El mantenimiento de los empleos es el objetivo de esta enmienda de la coalición de izquierdas, así como favorecer la economía social. Para poder ejecutar el rescate de la empresa, los trabajadores podrán capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo, sin esperar a que un juez liquide la empresa, los trabajadores se den de alta en el paro y, finalmente, puedan capitalizar el desempleo. Acelerar este proceso evitará que las empresas sigan generando deuda.

El diputado, y jurista, Roberto Uriarte considera que estas dos enmiendas atienden el mandato del artículo 129.2 de la Constitución, “que encomienda a los poderes públicos promover las diversas formas de participación en la empresa y sociedades cooperativas, como el acceso de los trabajadores a la propiedad”. Pero para ello, resalta Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato vasco ELA, es necesario que se refuerce el derecho a la información y consulta de los trabajadores: “Nos hubiera gustado que se tomaran también medidas para facilitar una transparencia real para que las trabajadoras tengan elementos de juicio para abordar una negociación”, añade.

Uriarte resalta la labor de este sindicato, señalando que la última sentencia conseguida este mes en el conflicto que actualmente se considera la huelga más larga de Europa —los trabajadores en huelga indefinida de la empresa Novaltia cumplen hoy 1.073 días consecutivos sin acudir a sus puestos de trabajo— construye jurisprudencia. Y Uriarte alerta de que si bien la Ley Concursal depende de Justicia, la redacción del futuro Estatuto del Trabajo corresponde al ministerio de Yolanda Díaz, la cual lleva meses defendiendo públicamente la necesidad de desarrollar legalmente el fomento de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. Por ello, no es descabellado esperar que el próximo estatuto recoja sentencias como las de Novaltia, que exigen que las empresas compartan con los empleados la situación económica real cuando estos realizan una consulta.

Igeregi valora positivamente los avances del proyecto de la futura Ley Concursal, pero indica que su aplicación se limitará a empresas de servicios y, como mucho, a alguna industrial, “con poca maquinaria y de escaso valor”. Echa en falta una ley más atrevida que facilite la transformación ecológica y haga partícipe al Estado de la empresa a través de acciones o participaciones, en el caso de que los trabajadores no tengan músculo financiero suficiente con la capitalización del paro. 

El sindicato ELA llevaba meses a la espera del borrador de esta ley. A lo largo de los últimos 40 años han participado en decenas de recuperaciones, pero son autocríticos con los procesos llevados a cabo: “Hemos recuperado empresas sin conseguir que funcionen de una manera diferente a la lógica capitalista, por eso estamos valorando qué medidas adoptar con Talaios Kooperatiba, para ver qué somos capaces de hacer en un futuro próximo”. Talaios es una cooperativa que asesora desde la economía social a otros proyectos.

El diario Diagonal, precursor de El Salto, entrevistó en 2014 a trabajadores de la navarra Muebles Salcedo. Tras la crisis financiera de 2008, la empresa atravesó problemas económicos. Reduciendo el volumen de la plantilla, siguiendo las directrices de una auditoría externa, 50 trabajadores recuperaron la empresa en quiebra en 2012. Juan Antonio Pascual era uno de ellos, tenía entonces 58 años y pocas perspectivas de encontrar otro empleo antes de su jubilación, al igual que muchos de sus compañeros, volvió a explicar ayer a El Salto. Consiguieron capitalizar 1,1 millón de euros y cooperativizar la empresa. Hoy sigue fabricando muebles. Pascual se jubiló a los 61 años de edad. “Por cada salida de un compañero, sigue entrando otro”, añade. 

Fuente: Gessamí Forner en elsaltodiario.com
Foto: Las instalaciones de Agrícola Villena cerradas mientras se dilucidaba la continuidad del contrato con Mercadona | KÁNOVAS