La Justicia obliga al Gobierno de Ayuso a readmitir a más de un centenar de rastreadores que despidió en junio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Consejería de Sanidad a abonarles los salarios desde que fueron despedidos, el pasado 30 de junio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de más de un centenar de rastreadores y rastreadoras, 119 según CCOO, de la Comunidad de Madrid y obliga a la Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso a readmitirlos en sus puestos de inmediato y con las mismas condiciones que regían antes del despido. Según ha podido saber elDiario.es, la sentencia, contra la que cabe recurso, señala que la administración deberá abonarles los salarios de tramitación devengados desde la fecha de efectos del despido, el pasado 30 de junio de 2022 y hasta que la readmisión sea efectiva.

La Comunidad de Madrid tiene ahora cinco días para recurrir la decisión del Tribunal, que se produce tras una demanda de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Madrid por despido colectivo de más de un centenar de rastreadores y rastreadoras contratados por la consejería para la detección precoz y seguimiento de casos COVID-19 y sus contactos. Fuentes de la Consejería señalan a esta redacción que el servicio jurídico estudiará la sentencia antes de tomar una decisión.

El sindicato consideraba que tras la reforma laboral de 2021 no estaba claro si las administraciones públicas podían realizar despidos colectivos, como consideraba el hecho de prescindir de 119 trabajadores de la consejería. Entre otros puntos, el Tribunal afirma que no se realizó el proceso pertinente para este tipo de despidos y que recoge el Estatuto de los Trabajadores, como una negociación con las organizaciones sindicales.

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Estos trabajadores se incorporaron a la Consejería de Sanidad madrileña en marzo de 2020. Eran, en total, 150 profesionales con estudios medios y superiores en materias relacionadas con las ciencias de la salud, la biología o el trabajo social, que se incluyeron en el ‘Plan de refuerzo para la detección precoz de casos de COVID-19’. Estos contratos fueron prorrogados en enero y julio de 2021 y en enero de 2022, hasta que 119 de ellos fueron extinguidos en junio de este año.

Sin embargo, el escrito considera que el plan sigue adelante, como demuestra que una parte de esos trabajadores continúe en su puesto y que los despidos se produjeron sin un estudio preciso de las tareas realizadas ni su volumen a día de hoy.

Desde CCOO inciden en la vigencia del plan “porque los datos epidemiológicos indican que la incidencia del coronavirus continúa” en la región. “En la semana 42 se observa un incremento del número de casos del 2,6% en la población mayor de 60 años, 468 nuevas hospitalizaciones y 37 nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos. Además, incide junto con otras enfermedades infecciosas estacionales como la gripe”, indican en un comunicado.

Fuente: David Noriega en eldiario.es
Foto: Archivo nuevatribuna.es

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