El capitalismo neoliberal (dominante hoy) asegura que «la productividad, el dinamismo inversor y el crecimiento de las economías dependen crucialmente de la “austeridad salarial”». Es falso. Y culpar a los inmigrantes de esta degradación laboral es, además, «injusto e inmoral», escribe el economista Fernando Luengo
A menudo escuchamos y leemos un diagnóstico que proclama que la inmigración es un problema que hay que atajar levantando muros. Es la postura, por ejemplo, de la Unión Europea. En su versión más extrema, hay quien plantea directamente la reemigración: la expulsión de una parte importante de la población migrante, sobre todo la que procede de África y Latinoamérica. Se trata de una propuesta claramente fascista.
Quienes así se expresan tratan de presentar la entrada de inmigrantes procedentes de países pobres, especialmente del continente africano (claro, quedan excluidos los flujos transnacionales de personas de alta cualificación que promueven las corporaciones y las instituciones académicas), como la causa de la degradación salarial, en especial la que afecta a los trabajadores que se encuentran en las situaciones más precarias.
En el totum revolutum en el que demasiado a menudo se sitúa el debate económico, social y político, afirmaciones –gruesas y falsas– de este calibre tienen mucho recorrido. Con frecuencia se instalan en una parte sustancial de la opinión pública que, en este y otros asuntos, es permanentemente intoxicada con un sinfín de lugares comunes en una constante campaña de desinformación articulada –sobre todo, aunque no sólo– a través de las redes sociales.
Resulta evidente que son muchas las personas inmigrantes a las que, padeciendo una situación de extrema precariedad, no les queda otra opción que aceptar empleos precarios y muy mal pagados, así como unas condiciones de trabajo y de vida degradantes; en ese contexto –y esta es la otra cara de la moneda– se mueven a sus anchas los empresarios sin escrúpulos –los mismos que critican las subidas del salario mínimo–. En este punto, para tener una visión ajustada de la situación real, conviene precisar que, en paralelo, una proporción todavía minoritaria pero cada vez más amplia de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes está situada en tramos salariales más elevados.
En todo caso, seamos claros a la hora de formular un diagnóstico: los bajos salarios o la pérdida de capacidad adquisitiva de buena parte de los trabajadores no se explican por la inmigración ni por las bajas retribuciones que perciben estos trabajadores. Hacerlos responsables de la degradación general de las condiciones laborales es erróneo, injusto e inmoral.
Para entender la trayectoria seguida por los salarios de buena parte de los trabajadores, hay que señalar que, en el capitalismo neoliberal, claramente dominante en las últimas décadas, la contención o reducción de los salarios se ha convertido en una de las piedras angulares del «buen funcionamiento económico».
Se parte de un supuesto (falso): que las mejoras de la productividad, el dinamismo inversor y, en fin, el crecimiento de las economías dependen crucialmente de la «austeridad salarial» (otro de los términos frecuentemente utilizados, confusos y con una notable carga ideológica). Según ese enfoque, la «moderación» en las exigencias de los trabajadores beneficiaría al conjunto de la sociedad, incluida la población asalariada. Esa misma moderación se ha convertido, asimismo, en el pilar fundamental de las políticas destinadas a contener la inflación (aun cuando esta nada tiene que ver con el curso seguido por los salarios).
En este contexto, han pretendido encontrar su justificación las diferentes reformas en el mercado de trabajo, etiquetadas (siguiendo con los eufemismos) como «flexibilidad laboral». Estas reformas, en definitiva, han privado de derechos y de capacidad negociadora a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, favoreciendo los beneficios y las rentas del capital, algo que sí constituía un objetivo importante.
En consecuencia, el discurso de la moderación salarial se ha erigido en la clave para la creación de empleo y el funcionamiento de una economía saludable y sostenible.
Poner el acento de la degradación salarial en las inmigraciones entrega un diagnóstico equivocado y sesgado; ignora que una parte fundamental del crecimiento económico, en España y en otros países, se explica en buena medida por la aportación de las personas inmigrantes a la inversión, el consumo y el ahorro; y obvia, igualmente, que la renovación de la pirámide poblacional depende en buena medida de la entrada de población migrante, mucho más joven que la nacional. Más allá de esos razonamientos, encontramos algunas claves que, claramente, trascienden el ámbito de la economía.
La maniobra consiste en enfrentar a trabajadores (nativos) contra trabajadores (inmigrantes), enfrentar a los penúltimos contra los últimos, a los de dentro contra los de fuera, proclamar a los cuatro vientos la denominada «prioridad nacional»… todo ello en el contexto de una despolitización muy grande, de una gran desconfianza de buena parte de la población hacia las instituciones y de un evidente aumento y enquistamiento de la desigualdad. Ahí está el filón político que han encontrado las derechas fascistas y las que persiguen una hoja de ruta similar, convencidas de que con ese planteamiento pueden conquistar una mayoría electoral que les permita gobernar.
Y, en ausencia de una política decididamente de izquierdas, comprometida con las clases populares –si bien la movilización del Sindicato de Inquilinas y la huelga general del día 11 han abierto un horizonte esperanzador– están muy cerca de conseguirlo.
Fuente: Fernando Luengo en lamarea.com
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