La Ingobernable abre una Oficina de Derechos Sociales en el centro de Madrid

El colectivo que habitó el edificio de la calle Gobernador 39 ha anunciado esta misma mañana que han recuperado un edificio en la calle Cruz 5 para “resistir en común y conquistar nuevos derechos”

Con el lema “Derechos sociales para cambiarlo todo”, el colectivo de La Ingobernable ha arrancado este nuevo proyecto que han llamado Oficina de Derechos Sociales (ODS). En un comunicado explican que servirá para “resistir en común y conquistar nuevos derechos” porque no pueden “esperar más” y apuntan a que la actual crisis de la covid19 “nos golpea con otras pandemias: las colas del hambre, la desconfianza, el fascismo, la precariedad, el racismo, la especulación, la soledad, el pesimismo y el miedo”, lamentan.

El ODS tendrá siete ejes que responden a siete urgencias sociales: el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria. Es este contexto de emergencia social, lo que ha impulsado al colectivo a plantear ese lema de “Derechos sociales para cambiarlo todo”, con una apuesta por “resistir en común” y abrir este espacio donde “desarrollar, proteger y luchar por los derechos sociales”.

“De la misma forma que una vecina desahuciada se acerca al movimiento de vivienda queriendo parar su propio desalojo y termina coordinándose con otros para pararlos todos”, explica el comunicado, “liberamos un espacio donde politizar lo cotidiano, que sirva para apoyarnos y así ser más fuertes”. Además, que ante las medidas de seguridad por la covid, “la ODS Ingobernable es segura, ya que tenemos un protocolo covid consensuado y escrito con el asesoramiento de personal sanitario”.

Este tipo de herramienta no es nueva. Nacidas de los movimientos sociales autónomos y los centros sociales en 2000, las ODS fueron un dispositivo para agitar y acompañar procesos de autoorganización, principalmente contra la precariedad en el ámbito laboral, en el de extranjería y del acceso a la vivienda. Su herramienta central fue la asesoría colectiva: una asamblea para escuchar el malestar de cada persona y compartir los distintos saberes con los que hacerle frente en común. Hoy, la Ingobernable retoma este formato de saberes colectivos y le da un hogar en pleno centro de Madrid.

El edificio es el antiguo Hostal Cantábrico en la Calle Cruz 5, entre la Plaza Sol y el Congreso de los Diputados, cerrado desde hace más de 5 años y propiedad de los hermanos Fernández Luengo, más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany (acrónimo del nombre de los tres hermanos : Marcos, Alejandro y Daniel). La familia Fernández Luengo, además de la empresa de Marco Aldany y las más de 10 franquicias de peluquería, gimnasios y productos de belleza, es dueña de un amplio imperio inmobiliario con más de diez empresas y múltiples propiedades y negocios. La empresa mater de la familia, ZZ Inmobilari Próxima, donde se encuentran los tres hermanos y los padres de estos, tiene un patrimonio de 12 millones de euros en terrenos y otros 58 millones de euros en propiedades. Además, los hermanos también son dueños del Hostal Residencia Arti en Gran Vía, el Hotel Ciudad de Alcalá, en Alcalá de Henares, un conglomerado en el negocio de las residencias de estudiantes con ocho de estos centros, así como otra empresa inmobiliaria con al menos 19 apartamentos repartidos entre Atocha, Malasaña y Gran Vía.

Los hermanos Luengo y Desokupa

El fondo inmobiliario familiar, ZZ Inmobilari Próxima, también es el dueño del edificio en la calle Barbieri 5 de Madrid, recuperado en junio de 2018 y bautizado como el Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma. Pero la estancia en el edificio duró poco, ya que la mañana del lunes 25 de junio, al menos quince personas no identificadas participaron en una cuadrilla de desalojo extrajudicial que provocó la expulsión de las personas que habían pasado la noche en La Pluma. La intervención de esta cuadrilla de matones se saldó con tres personas con heridas y lesiones que denunciaron a la Policía Local las agresiones y los insultos homófobos que recibieron por parte de los agresores.

A falta de cerrarse el juicio, Daniel Fernández Luengo está siendo investigado por la justicia, acusado por delito de odio por ser quien diera la orden a la empresa de matones de expulsar a las personas que se encontraban en el edificio sin orden judicial. Fuente: elsaltodiario.com

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