La “incongruencia” de Muface: propuestas para acabar con el transvase de dinero público a la sanidad privada

Sumar saca de nuevo a la palestra el debate sobre la contradicción de que funcionarios opten a servicios sanitarios privados con dinero público, mientras los trabajadores y trabajadoras de la administración cada vez eligen menos estos servicios

Iván Menudo tuvo una fractura en un dedo en julio de 2022. Profesor de profesión, tanteó una posible operación por la sanidad pública. Asegura que le daban años de espera para ella. Como funcionario tuvo la posibilidad de acceder a la sanidad privada a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Para ello tuvo que pasar del régimen público al de las mutuas privadas. Un “supuesto privilegio”, que asegura que se le acabó volviendo en contra. “Bendita la hora en la que lo hice”, se queja. Menudo, secretario general de CGT Enseñanza de Andalucía, vio la cara más dura de la atención privada. En Adeslas, asegura, ha tenido que costearse hasta la prótesis que necesita, de 160 euros. “Me pedían papeles y más papeles hasta que desistí”, explica. “Me pusieron unas agujas en la mano y en los hospitales privados me dijeron que me las retirarían en seis meses, cuando me las tenían que retirar en una semana”, añade.

“He vivido en mis carnes la realidad”, explica quien asegura que cada vez son más los funcionarias y funcionarias que se pasan a la pública. Según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 2019, más de 10.000 funcionarios se han pasado a la sanidad pública en los últimos años. En concreto, la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) frente a las clínicas privadas ha pasado del 14,1% al 20,4% en la última década.

Más de 10.000 funcionarios se han pasado a la sanidad pública en los últimos años. La elección de la pública frente a las clínicas privadas ha pasado del 14,1% al 20,4% en la última década

Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios, tal y como se recoge en la ley 29/1975. Una entidad que cumple 48 años de vida y que ofrece a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de permanecer en el régimen de la sanidad pública a través del INSS o de cambiarse al régimen privado y ser atendido por Asisa, Adeslas o DKV. Una “contradicción”, tal y como recoge la propuesta programática en materia sanitaria de Sumar que se conocía este jueves y que volvía a traer este debate a la palestra.

Así, la hoja de ruta de Yolanda Díaz, que se divide en 35 documentos técnicos elaborados por especialistas que pueden ser complementados con propuestas ciudadanas, se mojaba en este aspecto pidiendo la extinción de este modelo, elemento que también ha creado controversia en el seno del Gobierno de coalición. La nueva ley sanitaria que se debate en el Congreso mantiene esta dualidad que gestiona Muface y también la Mutualidad General Judicial (Mujeju) para los trabajadores de la justicia y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para los empleados de ese sector.

Riesgos para la salud

Los detractores del modelo Muface, además de hacer alusión a la incoherencia de sufragar clínicas privadas con dinero público, destacan una atención con riesgos para los pacientes que se decantan por la privada. Según recoge la propuesta en materia de sanidad de Sumar, coordinada por el Especialista en medicina comunitaria Rafael Cofiño Fernández, se trata de “una incoherencia con el propio modelo asistencial que, en vez de estar vertebrado por la atención primaria y comunitaria, supone un paso directo a especialistas no generalistas, con el consiguiente riesgo de salud para cada paciente al obviar un enfoque más integral”.

“Los beneficiarios de Muface con condiciones crónicas como tumores, problemas de riñón e hígado, han tenido un acceso mayoritario a los proveedores públicos”

Además, el estudio de la Universidad de Las Palmas habla de “selección de riesgos” por parte de los operadores privados. “La maximización de beneficios incita a las aseguradoras privadas a practicar la selección de riesgos, cuando la regulación de precios de reembolso establece precios uniformes para servicios heterogéneos”, explica Jaime Pinilla Domínguez, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y autor del informe. “En nuestro trabajo mostramos evidencias de una heterogeneidad de riesgos que implican altos costes, lo cual impone pérdidas importantes de bienestar a la sociedad. De acuerdo con nuestros resultados, los beneficiarios de Muface, usuarios de servicios hospitalarios intensivos o con condiciones crónicas como tumores, problemas de riñón e hígado, han tenido un acceso mayoritario a los proveedores públicos”, detalla.

Pinilla especifica que las aseguradoras dan un servicio diferente en función de cuánto se pague por este. Y como los funcionarios contribuyen con una tarifa estándar estipulada en convenios con la administración y no pagan directamente el importe de la consulta tienen menos probabilidades, por ejemplo, de conseguir una cita. Además, explica este investigador, las aseguradoras privadas tienen un objetivo: atraer a la máxima proporción de funcionarios sanos, así como esquivar a la máxima proporción de funcionarios poco sanos o demandantes de servicios costosos que al final son tratados por la sanidad pública.

Trabajadores desiguales

Encarna Encarna Salguero, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT, añade otro elemento a la ecuación: el establecimiento de diferencias de clase dentro del mismo ámbito laboral en función de si se es interino o si se tiene plaza en propiedad. “Se considera el acceso a las clínicas privadas como un privilegio que te quita de colas. Pero es un pez que se muerde la cola. Lo público está funcionando mal porque no tiene los recursos necesarios, mientras inyectas recursos públicos a la privada. Si algún trabajador o trabajadora quiere un servicio privado, que se lo costeé”, expresa Salguero.

“Como trabajadores públicos conscientes deberíamos escoger la sanidad pública y luchar para que sea digna y de calidad”

Cuenta la secretaria general de Enseñanza de CGT que en enero todos los funcionario y funcionarias tienen la opción de cambiar de régimen. Es entonces cuando desde su federación comienzan una campaña intensiva para “sensibilizar” sobre la importancia de formar parte de la sanidad pública. “Como trabajadores públicos conscientes deberíamos escoger la sanidad pública y luchar para que sea digna y de calidad”, añade.

Por otro lado, Iván Menudo avisa de que el “pseudo privilegio” ya no es tal. “En su momento, estas compañías eran un oasis de rapidez. Pero ahora, poco a poco, cada vez hay más gente. Estas mutuas están recortando los servicios. Estamos viendo una evolución donde cada vez son más los funcionarios que se pasan de las compañías privadas a la pública porque no están contentos por el servicio. Ya no solo cuando es algo grave, ahora para cualquier consulta menor, casi hay menos lista de espera en la pública que en la privada. Una vez hecho el negocio empiezan a desmejorar el servicio”, asegura Menudo, quien se cambió a la pública tras el trance de su rotura en la mano y recalca que de ahí ya no se va a mover nunca más.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto: Hospital Puerta del Sur del grupo HM Hospitales

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