La derecha del Congreso aplasta el ‘escudo social’ del Gobierno

La moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables del ‘escudo social‘, así como los descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico quedan suspendidos tras la derrota del Gobierno en el Congreso

La decisión del Gobierno de llevar la votación de decenas de medidas de diferente rango y contenido en una ley ómnibus y el voto contrario del PP y Junts ha acabado, al menos de momento, con lo que quedaba del ‘escudo social’, un conjunto de medidas lanzadas de forma temporal por el Ejecutivo de coalición durante la pandemia y la crisis originada por la guerra de Ucrania. Muchas de las 80 medidas incluidas en este megadecreto podrían ser recuperadas en el siguiente Consejo de Ministro o a través de otras leyes por separado. Algunas de ellas podrían contar con apoyos suficientes para salir adelante, según las declaraciones del PP y de Junts.

Mientras tanto, con la ley ómnibus derogada, decenas de miles de hogares vulnerables se ven expuestos a un posible desahucio y a potenciales cortes en el suministro de electricidad, agua o gas.

La moratoria de desahucios del ‘escudo social’ vencía el pasado 31 de diciembre y había sido ampliada por el Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como ley ómnibus. Al no ser validado por el Congreso este 22 de enero, decenas decenas de miles de familias han quedado expuestas a una “epidemia de desahucios”, tal como advertían desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio Desca. Según un informe presentado el pasado 10 de diciembre por este último organismo, la aplicación de esta moratoria de desahucios ha evitado que 24.659 familias perdieran sus hogares en desahucios entre 2021 y 2023, uno de cada cuatro.

Aunque este procedimiento está lejos de resultar útil para todas las familias vulnerables que lo necesitan por la libertad interpretativa que deja a los jueces y el exceso de burocracia, esta moratoria ha ayudado a decenas de miles de familias a seguir teniendo un techo. Al decaer la moratoria, advertían, “todos estos procedimientos pasan al sistema de intermediación prevista en la ley de vivienda”, un mecanismo que no está implementado en la mayoría de Comunidades Autónomas, dicen los autores del informe Impacto de la moratoria de los desahucios (2021-2023). 

“Las consecuencias de permitir que la derecha mande aunque no gobierne son desastrosas para la gente. Qué tristeza, qué rabia que caiga el escudo social, que incluye la suspensión de miles de desahucios y las ayudas al transporte, y que tanto nos costó conseguir”, decía en redes sociales poco después de la votación la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Con la derogación de la ley ómnibus también decae otro de los pilares del ‘escudo social’: la garantía de suministro de agua y energía a consumidores “en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”, una moratoria parcial de cortes de suministro que se había enfrentado con los mismos límites que la de desahucios pero que había servido para contener los efectos de la crisis en miles de hogares vulnerables.

El decreto ómnibus también prorrogaba un año más los valores extraordinarios de los descuentos del bono social —del 25% al 65% y del 40% al 80% en función de la categoría—, aprobados en el contexto de crisis energética. La suspensión de estas medidas de contención afectarán de una forma contundente en las más de diez millones de personas que sufren la pobreza energética en sus diferentes formas, según ya denunciaba una veintena de organizaciones sociales el pasado diciembre ante el temor de que estas medidas decayeran.

Las ayudas al transporte —que han beneficiado a 20 millones de personas— es otra de las medidas del ‘escudo social’ que quedan en el aire tras la votación en el Congreso, a la espera de que el Gobierno vuelva a negociar con sus aliados y otros partidos del hemiciclo o acepte, como le recomendaba el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que la legislatura ya se ha acabado.

Fuente: Martín Cúneo en elsaltodiario.com

Imagen portada: Montaje imagenes RRSS

Fuente: Alberto Órfão en eldiario.es

Medidas que decaen tras el voto en contra del Congreso

— El real decreto ley preveía una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC. Además, las pensiones mínimas iban a revalorizarse un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 9%. Todas estas subidas se percibirán en la nómina del mes de enero, pero en febrero volverán a las cantidades anteriores al decreto.

— La extensión hasta el mes de julio de las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico o la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. La caída del decreto pone fin a los descuentos en el transporte.

— La puesta en marcha de ayudas para los ayuntamientos que redujesen al menos a la mitad, durante todo el año 2025, los precios de servicios de alquiler de bicicletas urbanas.

— Cambios organizativos en los ayuntamientos, que iban a ver aumentada su autonomía fiscal y una mejora en la capacidad de gestión de los recursos municipales. También se planteaban medidas para simplificar distintos trámites burocráticos municipales.

— Ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre: Se contemplaban fondos específicos para la reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía afectadas por la DANA. Las ayudas incluían también subvenciones directas y préstamos con intereses inferiores a los del mercado.

— Extensión del “escudo social” hasta final de 2025. Los desahucios a las familias más vulnerables habían sido prohibidos durante todo el año, tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos, y se prorrogaba la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, gas y agua a los consumidores vulnerables.

— Actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico en su modalidad de vulnerables severos hasta el 80% en el precio de la luz.

— El decreto establecía incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos para impulsar la transición ecológica. Estas deducciones buscaban incentivar la compra de coches menos contaminantes a través de deducciones en el pago del IRPF que alcanzaban el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

— Asimismo, se impulsaba un programa de subvenciones para la modernización tecnológica de las pymes. Esta medida estaba enfocada a la adopción de distintas herramientas digitales como el comercio electrónico, la ciberseguridad o aplicaciones de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas.

— La norma introducía también modificaciones en la gestión de la función pública e incluía medidas para agilizar la contratación de los funcionarios, mejorar las evaluaciones de su desempeño o fomentar la modernización de la Administración General del Estado. También incluía modificaciones a la normativa que regula el teletrabajo en las administraciones públicas.

— Se establecían nuevos incentivos fiscales para impulsar el mecenazgo en actividades culturales, conciertos musicales, exposiciones artísticas o actividades de restauración del patrimonio histórico. El objetivo era el de fomentar la participación privada en la financiación de la Cultura.

— El decreto-ley impulsaba distintas medidas tributarias destinadas a mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda español. Entre ellas se incluían deducciones por la reducción del consumo energético, medidas para facilitar la instalación de paneles solares o promover el autoconsumo compartido e incluso ayudas económicas destinadas a comunidades de vecinos o pequeñas empresas para la instalación de paneles solares. La medida permitía a los contribuyentes alcanzar una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso del 60% de dichas obras.

— La industria también formaba parte del decreto-ley. En él se destinaban fondos a la modernización de la industria y para la adopción de procesos más sostenibles y eficientes. Para ello se incluían subvenciones para la digitalización de industrias o para la reducción de emisiones contaminantes.

— La norma permitía también la agilización de proyectos urbanísticos a través la simplificación de licencias y trámites administrativos, con el fin de reactivar la inversión en el sector de la construcción y facilitar la rehabilitación de viviendas.

— Además, se ampliaban las ayudas económicas a las familias en situación vulnerable. Entre estas ayudas se ofrecían descuentos en servicios públicos educativos, de transporte o en el acceso a la vivienda, además de incentivos fiscales.

Fuente: Alberto Órfão en eldiario.es