La Agrupación de Periodistas de UGT denuncia falsos informadores y agitadores ultras en el Congreso. Se negocia un régimen sancionador

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) defiende firmemente un periodismo de calidad y veraz como pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia. En un contexto donde los influencers, tiktokers, instagramers y youtubers se erigen como fuentes de información sin cumplir con los estándares profesionales, la AGP-UGT advierte del riesgo que esto supone para la sociedad. No rechazamos las nuevas formas de comunicación, pero subrayamos que no deben sustituir el trabajo de los verdaderos profesionales de la información ni de los medios de comunicación. El buen periodismo es plural, riguroso y esencial. No podemos dejarlo en manos de figuras como Elon Musk, cuyos intereses están lejos de garantizar una información veraz y responsable.

El auge de los influencers como amenaza informativa

En España, este fenómeno se agudiza. Según la última encuesta del Eurobarómetro sobre juventud, el 49% de los españoles entre 16 y 30 años se “informa” a través de redes sociales, principalmente Instagram. Esta cifra supera la media europea que es del 42%. La televisión ocupa el segundo lugar (44%), seguida de familiares y amigos (35%), mientras que solo un 20% recurre a la prensa o plataformas de noticias. Esta tendencia demuestra la necesidad urgente de reforzar el periodismo profesional y de calidad, ya que las redes sociales, a menudo, se convierten en terreno fértil para la desinformación.

Rechazo al intrusismo en las salas de prensa

Desde la AGP-UGT, manifiestan su rechazo a que se abran salas de prensa a cualquier persona que se autodenomine periodista o informador, pero que, en realidad, difunde mentiras u opiniones de dudosa veracidad. En este sentido, critican la reciente decisión de la Casa Blanca de permitir la entrada de influencers, podcasters y blogueros a sus ruedas de prensa, mientras se veta el acceso a medios de referencia como CNN, The New York Times y Político. Esta medida, anunciada por la nueva secretaria de prensa, Karoline Leavitt, bajo el argumento de “reflejar la diversidad de fuentes informativas que consultan millones de estadounidenses”, representa un grave peligro. La información rigurosa no puede ser reemplazada por narrativas sesgadas o desinformadas, especialmente cuando se trata de coberturas políticas de alto impacto. Este tipo de decisiones alimenta el desprestigio de los medios tradicionales, pilares fundamentales del control democrático.

El negocio del odio y la desinformación

No podemos ignorar el crecimiento de los mensajes de odio y la desinformación en redes sociales. Un estudio del proyecto Hatemedia, desarrollado por la Universidad Internacional de La Rioja, revela que más de la mitad de los mensajes analizados en redes contienen componentes de odio. Estos mensajes son diseñados para polarizar, desinformar y alimentar un clima hostil. El odio en redes no es casual. La mayoría de los mensajes se dirigen contra políticos, mujeres, inmigrantes y personas del colectivo LGTBI+. Según el Monitor del Odio, el 35% promueve odio político, otro 35% es xenófobo y el 30% corresponde a odio general. Estos discursos no son espontáneos: provienen de campañas organizadas, muchas veces amplificadas por influencers con claras intenciones políticas.

Medidas urgentes para proteger el periodismo

Desde la Agrupación de Periodistas de UGT proponen:

– Regulación estricta: Exigir a las plataformas digitales políticas más eficaces para eliminar contenidos de odio y desinformación.

– Formación en el uso responsable de redes sociales: Especialmente dirigida a jóvenes, para identificar y denunciar discursos de odio y noticias falsas.

– Apoyo al periodismo profesional: Con medidas que garanticen las sostenibilidad de medios de comunicación rigurosos.

– Acreditación rigurosa: Restringir el acceso a las salas de prensa a profesionales acreditados que cumplan con estándares éticos y de calidad.

La Agrupación de Periodistas de UGT reitera su compromiso con un periodismo de calidad, veraz y responsable. Defender la verdad, combatir la desinformación y frenar el discurso del odio son desafíos que no pueden dejarse en manos de quienes carecen de formación y ética profesional. La sociedad necesita medios sólidos, críticos y rigurosos para garantizar un debate democrático sano. Apostar por el buen periodismo es apostar por una democracia fuerte y sostenible. No podemos renunciar a ello.

Fuente: tercerainformacion.es
Imagen portada RRSS

Fuente: José Enrique Monrosi en eldiario.es

Los grupos parlamentarios negocian un régimen sancionador frente a la ofensiva de los agitadores ultras en el Congreso

PP y Vox se desmarcan de los planes de trabajo de una comisión impulsada por la Mesa, que contempla un comité de acreditaciones, una reforma del reglamento con normas de comportamiento y sanciones tras las quejas de los periodistas por el aumento de las amenazas y campañas de linchamiento

Los periodistas parlamentarios exigen al Congreso que impida el acoso de los agitadores ultras

La chispa prendió hace justo una semana, cuando uno de los agitadores ultras acreditados de manera habitual como prensa en el Congreso amenazó explícitamente a una periodista parlamentaria en los pasillos de la cámara. “Cuando lo comparta yo sí que te vas a cagar”, le dijo, en referencia a un vídeo que otro de sus correligionarios acababa de subir a redes sociales para acusarla falsamente de impedir su trabajo. La campaña de ataques machistas, insultos y acoso se convirtió en una espiral de odio inacabable. Y, horas después, el mismo agitador amenazó con difundir información personal de los domicilios de aquellos periodistas que le plantaron cara. Tras años de quejas por situaciones de este tipo cada vez más recurrentes, los trabajadores de los medios de comunicación dijeron basta y los grupos políticos, a excepción de PP y Vox, recogieron el guante y aceleraron las negociaciones sobre una reforma del reglamento que incluya un régimen sancionador y una comisión de acreditaciones.

Este miércoles, decenas de profesionales de medios de comunicación de toda ideología o línea editorial se manifestaron a las puertas del Congreso para exigir la implementación de medidas que garanticen el desarrollo de su actividad profesional con plenas garantías, como ocurrió siempre hasta la concesión de las acreditaciones a los agitadores a sueldo de portales de internet ultras. “Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, denunciaron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios durante la lectura de un comunicado.

En ese mismo comunicado le pusieron deberes a los políticos al alertar de “la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado adopten las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”. 

En realidad, la Mesa del Congreso lleva meses de trabajo al respecto. Tras numerosas reuniones con distintas asociaciones de periodistas para conocer de primera mano sus demandas, (con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y con la FAPE, principalmente), el vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha coordinado por encargo de la presidenta, Francina Armengol, una comisión específica dentro del órgano de gobierno de la Cámara (en el que hay representantes del PSOE, de Sumar y del PP), que ha abordado la necesidad de impulsar una reforma del reglamento que incluya una regulación del ejercicio de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que hoy no existe.

“Proteger la integridad del espacio informativo”

Gómez de Celis trasladó un escrito motivado a los distintos representantes de la Mesa en el que defendió la “firme voluntad del Congreso de los Diputados de España de tomar medidas efectivas para proteger la integridad del espacio informativo”, comprometiéndose a “promover acciones encaminadas a identificar y diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que operan con fines propagandísticos, de manipulación o desestabilización”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese documento también se reconoce lo que admiten fuentes de Presidencia del Congreso: que la manera jurídica y política de abordar esa reforma no resulta sencilla por afectar de lleno a uno de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución, como es el de información. Sobre todo, a tenor de precedentes como la resolución del Tribunal Supremo que obligó en 2020 al Congreso a devolverle la acreditación a un periodista de OkDiario que entró a grabar sin premiso en dependencias privadas del grupo parlamentario de Podemos.

En esa resolución el Supremo señaló como principal argumento para la devolución de su acreditación “la falta de tipicidad”, es decir, de normas y de sanciones claras por su incumplimiento. Y, por eso, el vicepresidente de la Mesa enfocó en su escrito como objetivo prioritario la necesidad de “actualizar los criterios de acreditación de periodistas en el Congreso de los Diputados, debiendo estar en consonancia con el reglamento europeo de la libertad de medios de comunicación” para poder determinar “qué debe ser considerado un medio de comunicación”, así como una reforma del reglamento que actualmente “nada dice de cómo y por qué razón puede perderse dicha acreditación”.

De hecho, esa es la razón que esgrimen tanto desde la dirección de comunicación del Congreso de los Diputados como desde la propia Presidencia de la Cámara para que en su día agitadores ultras fueran acreditados como periodistas y para que ahora, tras años de incidentes con políticos y con trabajadores de medios de comunicación, no se tomen medidas disciplinarias de ningún tipo.

El caso es que, meses después de que la Vicepresidencia del Congreso tomara la iniciativa en el seno de la Mesa por encomienda de Francina Armengol, el PP no mostró voluntad alguna de secundar la iniciativa y la interlocución pasó entonces a centrarse en el conjunto de fuerzas políticas representadas en la Cámara, que hoy ya negocian un borrador de medidas muy concretas sugeridas por la propia vicepresidencia. La primera, la creación de un comité de acreditaciones del Congreso de los Diputados compuesto por los grupos de la cámara, periodistas y funcionariado del Congreso.

Además, esa propuesta incluye también una reforma muy específica del reglamento para incluir “normas éticas de comportamiento” y un régimen sancionador que tipifique faltas de diversa gravedad que lleven aparejadas sanciones en función de dicha gravedad y que incluirían, en última instancia, la retirada de la acreditación.

Consenso entre los socios de la investidura

Según todas las fuentes parlamentarias consultadas existe un consenso generalizado entre las fuerzas políticas que apoyaron en su día la investidura de Pedro Sánchez y que serían suficientes para sacar adelante la reforma. Sin embargo, esas mismas fuentes apuntan a la complejidad, una vez más, de la negociación con Junts, de quien se requiere el compromiso firme de que la tramitación parlamentaria de esa reforma del reglamento no sea usada para incluir otro tipo de demandas de otros grupos, como el caso, por ejemplo, de la periodicidad de los debates sobre el estado de la nación que reclama el PP.

A pesar de la renuencia inicial de los de Puigdemont, el último incidente ocurrido la semana pasada y el paso al frente dado por los medios de comunicación ha acelerado las conversaciones y la predisposición de todas las partes por llegar a un acuerdo, a excepción del PP y Vox. Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para crear un registro de medios controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), con el que se prevé crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos.

Óscar López explicó que se trata de una normativa europea que exige que los medios inscriban su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciben en concepto de publicidad. “El registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios”, manifestó el ministro. Fuentes de su departamento explican que la norma, que ahora se enfrenta a tramitación parlamentaria, contempla un régimen sancionador para los medios que incumplan la regulación.

Fuente: José Enrique Monrosi en eldiario.es