Ingreso Mínimo Vital, los problemas que persisten bajo los anuncios de mejoras

Familias que ven suspendida su prestación al tener un bebé, beneficiarios que se encuentran sin aviso ante una deuda inasumible por pagos indebidos de la Seguridad Social: la gestión del IMV sigue generando desvelos a sus perceptores

Desde el pasado 17 de octubre, día internacional para la erradicación de la pobreza, un autobús recorre el Estado español. Sobre su carrocería, escrito sobre un fondo naranja, el lema: “Es lo mínimo”. La iniciativa pretende acercar a cada rincón del territorio información sobre quién puede pedir el Ingreso Mínimo Vital, medida social estrella que el gobierno de coalición aprobara hace casi dos años y medio. A principios de octubre, el gobierno de coalición anunciaba la mejora de las cuantías del IMV hasta alcanzar los 600€ a partir de enero de 2023. Poco antes, Jose Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había anunciado avances en la complementariedad con el trabajo: la introducción de un incentivo al empleo al permitir sumar al IMV ingresos salariales. 

Los anuncios se suman a toda una serie de novedades introducidas desde la aprobación de esta ayuda para ampliar la llegada de una iniciativa que aún no ha alcanzado el objetivo que se marcó en sus inicios. Las 1,4 millones de personas a las que estaría llegando el IMV, según datos del Ministerio, están muy lejos de las 2,3 millones de personas a las que esperaba llegar el gobierno.  En el bus que circula desde el pasado 17 de octubre se recupera la propuesta de “no dejar a nadie atrás”. “Cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano”, se puede leer concretamente.

“Es gracioso que una institución pública tenga que salir en autobús, ya no por la España vaciada, si no también por ciudades, a explicar una medida que aprobó hace dos años”

Para el experto en rentas mínimas y activista de la renta básica universal, Julen Bollain, la idea del autobús es paradigmática de los problemas de llegada de una ayuda condicionada y burocrática. “Es gracioso que una institución pública tenga que salir en autobús, ya no por la España vaciada, si no también por ciudades, a explicar una medida que aprobó hace dos años”. Para este economista es inevitable que, tal como se ha concebido, la ayuda no esté llegando a todas las personas que lo necesitan, “un derecho en el que tienes que cumplir un montón de papeleo deja a mucha gente atrás. Sabemos que el alcance del ingreso mínimo vital siempre va a ser menor al alcance potencial que podría tener”. Bollain apunta a que si la ayuda fuera universal, no sería necesario explicarla, así como no es necesario explicar a la gente que tiene derecho a ir al hospital cuando lo necesita. Estos límites en el alcance, —que Bollain recuerda, son consustanciales a las rentas mínimas— merman el entusiasmo por mejoras objetivas, como la subida de las cuantías. 

Desde la Asociación Apoyo, Roberto Borda recuerda que las cuantías tenían que subir por ley , “siempre que suben las pensiones, como suben las no contributivas, sube la prestación y sube con lo que suba el IPC”. Hontanares Arranz, compañera de Borda en la Plataforma RMI tu Derecho, e integrante del movimiento ATD Cuarto Mundo, analiza por su parte las mejoras en materia de compatibilidad laboral: explica que el Real Decreto que incorpora esta novedad es muy complejo, introduciendo nuevas condicionalidades que pueden generar confusión a las personas beneficiarias. “Si tienes un trabajo que supone un 30% de tus ingresos por el IMV no te lo van a contar. Pero a partir de ahí te lo pueden contar o no en función de determinadas circunstancias, entre las cuales se incluye que el año previo hayas ganado más o menos que este, que tengas hijos o no, que seas familia monoparental o no, que tu familia tenga miembros con discapacidad”, desarrolla. Con base a su experiencia, esta trabajadora de los servicios sociales teme que la letra pequeña pueda generar disfunciones.

Pero sobre todo, Arranz considera que los diversos anuncios constituyen una “cortina de humo para que no se vea realmente lo que está pasando con los cobros indebidos”. Desde RMI tu derecho han estado denunciando cómo a las personas beneficiaras les están llegando reclamaciones de miles de euros.  Deudas generadas en gran medida por los errores de la propia administración. Arranz recuerda que los propios funcionarios de la Seguridad Social anunciaron recientemente movilizaciones para denunciar, además de la sobrecarga de trabajo, el maltrato a las personas usuarias. A la problemática de los cobros indebidos, se suma otra, las consecuencias que está teniendo el cambio de la unidad de convivencia en las familias. Dicho de otro modo: El nacimiento de un nuevo hijo, o la emancipación de algún miembro de la familia, está suponiendo que las personas dejen de percibir la ayuda durante varios meses.

Tener un bebé y perder la prestación

El 24 de octubre, tres familias se acercaron a la Asociación Apoyo. Todas ellas habían tenido un bebé en abril. Comunicaron entonces, como obliga la ley, a la Seguridad Social el nacimiento de sus hijos. Seis meses después, se les suspendió la prestación. Roberto Borda explica que ante el cambio en la unidad de convivencia la administración cierra el expediente de la familia y abre otro nuevo. Entre ambos momentos pueden pasar varios meses durante los cuales la familia pierde sus ingresos. Es más, aquello que se ha cobrado tras la notificación del nacimiento puede ser reclamado por la adminstración como cobro indebido: “luego a lo mejor, si hay suerte, cuando les concedan el nuevo ingreso mínimo vital, les pueden compensar las deudas. O no”. Borda destaca la incertidumbre que rige en estos casos, derivada de la falta de información sobre cuándo se abre o cierra un expediente. “No notifican las cosas. La desconfianza que han creado en esta prestación es total. La gente no sabe por dónde le va a venir el siguiente golpe”.

Este cerrar y abrir expedientes pone a Borda en guardia ante los datos de personas beneficiarias que ofrece el Ministerio, que son acumulativos, y se pregunta cuántos de estos IMV corresponden a las mismas familias que han visto cerrarse y abrirse expedientes cuando su conformación cambiaba. Borda propone un sencillo mecanismo para no dejar a las familias sin prestación: que no se cierre el expediente antiguo hasta que se abra uno nuevo. “Otro mecanismo más sencillo aún sería añadir en el expediente a la persona a la unidad de convivencia y calcular la cuantía. Yo entiendo que eso informáticamente es posible hacerlo”.

“No notifican las cosas. La desconfianza que han creado en esta prestación es total. La gente no sabe por dónde le va a venir el siguiente golpe”

La poca prestancia de la administración a proponer fórmulas que liberen al ciudadano del laberinto tecno-burocrático está, considera también Bollain, en el centro de los problemas. “No entiendo que en un mundo tan tecnológicamente avanzado, tengamos una nación que está tan desfasada a este respecto. Por qué no hacemos de una vez el cruce de datos entre, por ejemplo, la Agencia Tributaria y los organismos que gestionan el IMV para que, aunque sea condicionado, el Estado de facto lo otorgue a todas las personas que cumplan los requisitos”, se pregunta el economista. La falta de adecuación en los procesos y la lentitud, no solo genera que familias se queden sin prestación durante unos meses, sino que provoca uno de los principales quebraderos de cabeza para los beneficiarios, el reclamo de cobros indebidos.

Pagos indebidos

Hace dos octubres, cuando arreciaban las críticas por el escaso alcance que estaba teniendo el IMV, el ministro Escrivá aceleró la concesión del IMV para adecentear las cifras. El ejercicio consistía en la concesión de oficio del subsidio a aquellas personas que cobraban la prestación por hijo a cargo en junio de 2020, y que sin embargo en aquel momento habían quedado fuera del cambio de un subsidio a otro, por tener la administración dudas sobre cómo proceder con sus casos.  Finalmente, tras darles el IMV de oficio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llegó a la conclusión de que se les habían concedido unas prestaciones que no les correspondían, pero lo hizo mucho tiempo después de que las personas hubieran empezado a percibirlas. Así, las familias se encontraron con que la seguridad social les reclamaba lo que les había abonado indebidamete.

Borda califica aquella decisión de 2020 como “lo peor que se ha hecho”. Y es que tiene consecuencias trágicas, reclamos que ascienden a 9.000 y 10.000 €. “Además los procedimientos son lentos. Hay familias que mientras tanto les han reconocido su IMV y entonces es absurdo que ahora mismo, a lo mejor por un lado el INSS te reconoce que eres una persona en situación de pobreza y que te dan una prestación al mes de 800 € , pero por otro te piden 9.000 € del tirón”, apunta.

“Es un hachazo detrás de otro”, lamenta Arranz, quien se refiere también a las actualizaciones anuales de la cuantía. “El año pasado ya fue una salvajada. Estamos en un deja vu, no ha habido ninguna mejora en ese sentido”. La trabajadora social alude a las actualizaciones de la cuantía en función de la declaración de la renta. Algo que al hacerse ya avanzado el año, lleva a muchas personas a encontrarse con reclamos de cobros indebidos de una cierta entidad.

Julen Bollain llama la atención sobre la expresión “cobro indebido”, invitando a usar en su luegar el término de pagos indebidos, “porque al final lo indebido es el pago”. Es, defiende el economista, la administración la que se equivoca, por lo que no debería responsabilizarse por estos errores a familias empobrecidas que no pueden hacer frente a las deudas.  

A este marco se le añade otro problema: el contraste entre lo bien que funciona la Tesorería de la Seguridad Social (encargada de reclamar las deudas), y lo lento que va el INSS, ironiza Borda. Mientras que el último se toma su tiempo para estudiar las reclamaciones de los beneficiarios, la Tesorería es “una máquina perfecta de cobrar. Te pide 9.000 € del tirón, si no pagas, que nadie paga —si cobras la vital no tienes 9.000€, porque si los tuvieses no la cobrarías— al mes y medio te mandan un procedimiento de apremio donde la deuda te sube. Acabo de ver un caso: una familia a la que la deuda de 9.600 le ha subido a más de 11.000. Si no pagas te embargan la cuenta”.

“A mi me duele muchísimo que la gente diga: ‘con la renta mínima estábamos mejor’. El ingreso mínimo vital, tal como está escrito en la ley tiene una potencialidad muy superior”

Fiscalización de la gente pobre

Entre las mejoras en los últimos tiempos, Arranz reconoce que al menos, desde que se implementaron los certificados de exclusión social para cubrir casos que quedaban fuera de los requisitos de la ayuda, se ha ampliado el alcance. Sin embargo, subraya que en estos mismos procesos se da arbitrariedad, y que dos mismos certificados sociales pueden tener efectos distintos, pero sobre todo lamenta que el recurso a servicios sociales, e incluso a ONG, contradice lo que debía de ser la principal ventaja del IMV: disponer de una ayuda accesible..

Desde el País Vasco Bollain critica el exceso de fiscalización y cuestiona que muchas veces se de visibilidad a los eventuales fraudes a la ayuda, que son testimoniales, mientras “nos olvidamos de los errores de cobertura o la mala praxis por parte de la administración”. Algo que se traduce en “el machaque” de las personas vulnerables. El economista apunta a cómo esta retórica que estigmatiza a la gente que “recibe”, frente a la gente que “da”, es reforzada por las ayudas condicionadas, que se tratan de “ayudas socialmente divisivas que nos lleva a una mayor polarización en la sociedad”.Una polarización de la sociedad que en otras latitudes, ha llevado por ejemplo al gobierno de Giorgia Meloni a acabar con el “Reddito de cittadinanza”, el ingreso mínimo italiano que fue sello del primer gobierno en el que participó Cinque Stelle. Borda considera que algo así podría suceder en el Estado español ante un cambio de gobierno, teniendo en cuenta la retórica de invisibilización de la pobreza y estigmatización de quienes reciben ayudas que emerge en los discursos de la derecha, con Isabel Díaz Ayuso hablando del IMV como una forma de comprar votos, o Vox calificando el subsidio como “paguita”. “A mi me duele muchísimo que la gente diga: ‘con la renta mínima estábamos mejor’. El ingreso mínimo vital, tal como está escrito en la ley tiene una potencialidad muy superior”. Sin embargo, con los desvelos que escucha cada jornada por parte de las personas beneficiarias, se pregunta si incluso ellos saldrían a defenderlo ante una ofensiva de la derecha.

Fuente: Sarah Babiker en elsaltodiario.com
Foto: David F. Sabadell

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