Consumo lleva años negándose a contestar a las denuncias de FACUA contra la OCU. Tampoco ha publicado en el BOE la instrucción que anunció en 2024 para establecer límites en las relaciones entre las organizaciones de usuarios y el sector empresarial
Consumidores en Acción ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que aclare si su departamento considera legal que una asociación de consumidores publicite productos y servicios de empresas y cobre comisiones por los clientes que consigue captarles.
La asociación lleva casi cuatro años sin conocer qué criterio jurídico mantiene Consumo sobre las prácticas denunciadas contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y ello pese a que el ministerio llegó a investigar 47 de sus convenios con empresas como consecuencia de las denuncias de FACUA. Investigación que inició a finales de 2022 y de la que nunca ha hecho públicas sus conclusiones.
En plena polémica por estas prácticas, la Dirección General de Consumo anunció en 2024 que publicaría en el BOE una instrucción para fijar pautas sobre los convenios entre asociaciones y empresas, pero dos años después sigue sin hacerlo. El anuncio lo realizó el director general de Consumo, Daniel Arribas, durante una comparecencia ante el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
A lo largo de 2025, FACUA presentó otras siete denuncias por nuevas actuaciones de la OCU relacionadas con la promoción de servicios y el cobro de comisiones de las empresas ADT, CCC, Securibath, Samara Energía, HomeServe, Vaughan Systems y Robinsun Energy. El director general de Consumo se ha negado reiteradamente a informar a FACUA sobre si ha adoptado alguna medida como consecuencia de sus denuncias.
Órganos consultivos y subvenciones
FACUA reclama que el ministerio aclare si considera ilegales la totalidad o una parte de prácticas denunciadas o si entiende que todas son conformes a derecho. La respuesta tendría consecuencias importantes. Determinados incumplimientos de las obligaciones que la legislación impone a las asociaciones de consumidores pueden provocar su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu).
La expulsión del Reacu implica tanto la pérdida del derecho a participar en determinados órganos consultivos del Gobierno y la Comisión Europea como el de recibir las subvenciones dirigidas a estas organizaciones. Este año, la OCU será la asociación que más subvenciones reciba del ministerio de Bustinduy, un 34% más que al finalizar la anterior legislatura: 561.919 euros, frente a los 420.621 que recibió en 2023.
Consumidores en Acción advierte de que si Consumo concluyó que alguna de las prácticas de la OCU era ilegal, debe aclarar públicamente qué medidas adoptó y por qué no se produjeron, en su caso, las consecuencias previstas en la ley. Y si el ministerio considera que se trata de actividades legales, reclama igualmente que lo aclare y explique cómo las considera compatibles con la prohibición de realizar publicidad comercial y la obligación de independencia frente a los operadores del mercado que impone la ley a las asociaciones de consumidores.
Denuncias desde 2022
FACUA presentó sus primeras denuncias contra la OCU en noviembre de 2022 por sus relaciones con iAhorro, Cáser, Repsol, Grupo MásMóvil, Yoigo y Proyectos y Seguros Correduría de Seguros. En ellas documentó un modelo de financiación basado en promocionar productos y servicios de empresas, a veces con publicidad engañosa y mientras en numerosos casos recibía a través de su sociedad instrumental, OCU Ediciones SA, contraprestaciones económicas vinculadas habitualmente al número de clientes captados. Pudo documentarlo porque el Consejo de Transparencia obligó al ministerio a facilitarle los convenios de la OCU con empresas de los que tenía constancia.
Entre las prácticas denunciadas hay comisiones de 18,60 euros por cada cliente captado por la OCU para Repsol, hasta 121 euros por cada instalación de placas de ducha de Securibath y el mismo importe por cada alarma instalada de la compañía ADT. También se incluyen, entre otros, pagos de un 20% de cantidades abonadas por clientes de la empresa de formación CCC, el 10% del importe de cursos de inglés de Vaughan y el 4% de determinadas compras a la empresa de kits fotovoltaicos Robinsun Energy.
FACUA considera que estas actuaciones no constituyen información desinteresada. Cuando la cantidad que cobra una organización depende del número de clientes que consigue para una empresa, existe un interés económico directo en que los consumidores contraten sus productos o servicios, con lo que queda mermada la independencia que debe tener con los operadores del mercado.
La asociación también ha denunciado prácticas que considera engañosas en campañas utilizadas por OCU para captar clientes para las empresas que le pagaban comisiones. Por ejemplo, presentaba como una ventaja para sus socios la gratuidad de determinados servicios del asesor hipotecario iAhorro que en realidad eran gratuitos para cualquier usuario, mientras cobraba el 0,2% de la cantidad hipotecada si el cliente captado formalizaba la operación.
También promocionó una oferta de gas de Repsol como la “mejor tarifa del mercado” y “la más competitiva” cuando la tarifa regulada por el Gobierno (la TUR) resultaba más económica, además de ocultar que los precios anunciados no incluían los impuestos. Y presentó un comparador de seguros mediante referencias a los análisis de «expertos de OCU» cuando la herramienta y el asesoramiento procedían realmente de una correduría.
Independencia frente a las empresas
Consumidores en Acción recuerda que las asociaciones de consumidores deben actuar como contrapoder frente a las empresas y mantener su independencia de los operadores del mercado. La asociación considera incompatible con esa función un modelo en el que los ingresos pueden aumentar en función de las ventas o clientes generados para las propias compañías que financian las promociones.
La controversia tampoco se limita a España. Las relaciones económicas de OCU y su matriz Euroconsumers con grandes empresas provocaron tensiones dentro de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) y críticas de su directora general, Monique Goyens. Varias asociaciones llegaron a plantear la expulsión de Euroconsumers, que finalmente quedó fuera de BEUC (al igual que la OCU) en diciembre de 2025 mediante una salida que se anunció como acordada entre las partes.
FACUA reclama ahora a Bustinduy que informe del resultado de la investigación de los 47 convenios, de las actuaciones desarrolladas tras sus denuncias de 2025 y de qué ha ocurrido con la instrucción que Consumo anunció que publicaría en el BOE. La asociación exige, en definitiva, que el ministerio aclare públicamente si una organización de consumidores puede cobrar de las empresas por captarles clientes sin vulnerar la prohibición de realizar comunicaciones comerciales y su obligación legal de independencia.
Fuente: facua.org
Tu Barrio